Aragonès se enfrentará solo, el primero y en catalán, contra los 11 presidentes autonómicos del PP
El Gobierno y el lehendakari no acudirán a un debate forzado por el equipo de Feijóo para retratar la situación con el proyecto de amnistía
Con el debate sobre la hipotética amnistía candente y sin conocerse aún la propuesta al respecto que está pergeñando el candidato del PSOE a la investidura, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha decidido encarar este crítico momento y acudir en persona este jueves a defender ese proyecto ante todo el creciente poder territorial del PP en el Senado. El mandatario autonómico de ERC lo hará en solitario, será el primero en hablar, tendrá apenas 10 minutos frente a los 110 que emplearán todos los barones autonómicos populares, podrá utilizar a su conveniencia el catalán y no será secundado por ningún miembro del Gobierno ni de los tres presidentes regionales del PSOE. El lehendakari, Iñigo Urkullu, que habría sido el primero en intervenir, tampoco acudirá. El PP usará esa sesión de la Comisión Generales de las Comunidades Autónomas para estrenar su estrategia de confrontación en la Cámara alta, donde dispone de mayoría absoluta, contra el Gobierno de Pedro Sánchez y para frenar al menos algunos de sus planes para Cataluña.
Esta nueva sesión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas empezará este jueves a las 11.00 horas y durará toda la jornada. Su extensión no es fácil de calcular en teoría porque el Gobierno, su presidente y cualquiera de sus ministros, disfruta de la potestad de intervenir en cualquier momento que se considere y sin límite de tiempo. El Ejecutivo de Pedro Sánchez volvió a ratificar este martes, tras conocer las intenciones de Aragonès, que no piensa presentarse esa jornada en el Senado porque entiende que el PP ha preparado allí simplemente una encerrona política para abordar el asunto de la amnistía a los líderes del proceso independentista en Cataluña sin que ese proyecto se conozca todavía en casi ninguno de sus extremos y cuando está en una fase clave de su negociación. El Gobierno no está obligado a acudir.
El PP no oculta su intención de discutir sobre la futurible amnistía. Incluso avanza que volverá a utilizar el Senado, donde disfruta de mayoría absoluta con 143 parlamentarios, para convocar más debates en esa línea, retrasar en lo que pueda esos planes del Ejecutivo y hasta recurrir llegado el caso alguno de esos procedimientos ante el Tribunal Constitucional.
El debate de este jueves en el Senado, por tanto, no lo iniciaría como debería el representante del Gobierno sino el propio Aragonès, como mandatario de la autonomía presente con mayor antigüedad en la aprobación de su estatuto. Los dos primeros estatutos de autonomía fueron sancionados el mismo día, el 18 de diciembre de 1979, pero se considera primero el vasco que el catalán. El lehendakari, Iñigo Urkullu, estos días de viaje oficial en Japón, regresará a Euskadi justo para estar el jueves en un pleno en el Parlamento vasco. No tiene previsto desplazarse esa jornada a Madrid. Aragonès será el primero en intervenir, lo hará como todos los demás presidentes autonómicos por espacio de 10 minutos, y podrá utilizar el castellano o el catalán, según determina el artículo 56 bis9 del Reglamento del Senado.
El gabinete de la Presidencia de la Generalitat se puso en contacto el lunes con el Senado para indagar sobre el funcionamiento de esa comisión, el tiempo que tendría Aragonès para hablar y si debía permanecer en la sala todo el debate. Este martes, su portavoz, Patrícia Plaja, confirmó su asistencia: “Lo que hagan el resto de presidentes, que lo expliquen ellos, pero en el Senado se va a hablar de un tema que afecta directamente a Cataluña y su máximo representante irá a defender como corresponde la necesidad de esta amnistía”. El anterior presidente catalán que participó en el Senado en una sesión de este tipo fue el socialista José Montilla en 2010.
Tras el discurso de Aragonès le tocará el primer turno de réplica al presidente de Galicia, el popular Alfonso Rueda, y a continuación irán desfilando los demás barones del PP por ese orden de aprobación de sus respectivos estatutos: Andalucía (Juan Manuel Moreno), Cantabria (María José Sáenz de Buruaga), La Rioja (Gonzalo Capellán), Murcia (Fernando López Miras), Comunidad Valenciana (Carlos Mazón), Aragón (Jorge Azcón), Extremadura (María Guardiola), Baleares (Marga Prohens), Madrid (Isabel Díaz Ayuso), Castilla y León (Alfonso Fernández Mañueco) y Ceuta (Juan Jesús Vivas). Los presidentes del PSOE en Castilla-La Mancha, (Emiliano García-Page), Asturias (Adrián Barbón) y Navarra (María Chivite), ya han anticipado que no se prestarán a esa estrategia del PP. Tampoco irá el presidente canario, Fernando Clavijo, de Coalición Canarias.
Tras los presidentes autonómicos les tocará el turno a los portavoces en la comisión de los distintos partidos, que en el caso del PSOE será el andaluz Juan Espadas. A esa comisión, formada por 60 senadores, están invitados si así lo piden hasta media hora antes de su inicio los 57 senadores por designación autonómica. Uno de esos senadores socialistas, expresidente en su comunidad, tenía planeado hablar, pero al final ha abandonado esa idea ante lo que considera “una instrumentalización por parte del PP de la Cámara”. En el orden del día no están programadas las réplicas, pero la presidenta de la comisión, la popular Luisa Fernanda Rudi, tiene pensado ser flexible si alguno de los oradores las demanda.
Asuntos concretos
En los pocos debates de la Comisión General de las Comunidades Autónomas celebrados hasta ahora, el objetivo era exigir u obtener explicaciones de algún miembro del Ejecutivo sobre asuntos concretos. El último lo reclamó el propio Gobierno para que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, explicara en abril de 2022 el contenido y sentido de los fondos europeos. Durante la covid-19 también fue convocada a esa sesión la entonces ministra de Sanidad, Carolina Darias. En esos casos la alocución inicial y final correspondió a las ministras. En esta ocasión el PP no ha demandado la presencia de ningún ministro concreto y el asunto del orden del día es debatir “sobre la aplicación efectiva de los principios de igualdad ante la ley de todos los españoles, y de solidaridad entre las comunidades autónomas”.
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