Familias expulsadas de sus tierras en Jaén exigen que se las devuelvan: “Nos echaron para que Franco cazara”

Ha pasado ya medio siglo, pero a María José Asensio, de 58 años, no deja de perseguirle el recuerdo amargo que vivió en primera persona cuando apenas tenía nueve años y que acabaría marcando su vida y condenando a miles de personas al desarraigo y a la emigración: las máquinas de la potente administración forestal franquista empezaron a derribar las casas de la aldea de Las Canalejas, en la Sierra de Segura de Jaén, en la Andalucía profunda.

Las expropiaciones se justificaron inicialmente para plantar pinos y evitar la erosión en la cuenca del pantano del Tranco, construido unos años antes, y más tarde por la declaración del Coto Nacional de Caza de Cazorla y Segura, antecesor de lo que hoy es el parque natural más grande de España, declarado como tal en 1986.

“Echaron a las personas de sus casas para plantar pinos y meter allí a animales para la caza”, señala, con dolor, María José Asensio. Su familia fue la última en salir de manera forzosa de Las Canalejas, y todo porque su padre, que era el cartero, ya no tenía a quien entregar las cartas.

Desde el año 1951 y hasta 1979, al amparo de las leyes del franquismo, en torno a 5.000 serranos nativos se vieron obligados a un destierro forzoso por las políticas expropiatorias del régimen franquista. Eran familias que, durante generaciones, habían mantenido un modo ancestral de vida en armonía con la naturaleza y alumbrando un patrimonio etnográfico que en poco tiempo se convirtió en un valle de ruinas.

Unos 200 serranos que sufrieron en sus carnes ese expolio se reencontraron el 16 de septiembre en Coto Ríos (el poblado de colonización al que trasladaron a algunos de ellos) para reclamar dignidad y para festejar la recuperación de las imágenes de sus patrones, la Inmaculada y el Niño Jesús, salvadas por los vecinos de las ruinas de la iglesia de Las Canalejas.

Como Atilano Rescalvo, hijo de Fidela y Sinforiano, que se marchó con 16 años de Los Centenares y ahora vive en Zaragoza; o Jacinto Jiménez, de 73 años, que ha llegado al reencuentro desde Gerona; o los hermanos septuagenarios Fructuoso y Antonio García, de La Pobla de Farnals (Valencia), que lamentaban con sus paisanos “la manera tan dolorosa” en la que fueron obligados a irse.

“Esto fue un atropello cometido por el franquismo, que nos echó de nuestras casas para crear un Coto de Caza para que Franco viniera a cazar; ahora lo que tienen que hacer es pedir perdón públicamente”, expone Antonio Ojeda que, tras emigrar a Cataluña, vive en Espeluy (Jaén), otro de los poblados de colonización construidos para albergar a estas familias desahuciadas.

El pasado 31 de marzo la Diputación de Jaén aprobó, por unanimidad, una moción instando a las administraciones públicas a “reconocer la memoria, la lucha y la dignidad de las familias expulsadas de las aldeas perdidas de la Sierra de Segura, como forma de reparación del daño moral causado”. Para Ildefonso Ruiz, exdiputado provincial de Ciudadanos e impulsor de esta declaración, “la expropiación fue una historia de lenta asfixia de la administración, que comenzó negando a los serranos servicios básicos como la sanidad o las comunicaciones y continuó con una persecución a los vecinos a los que se multaba por hacer sus labores ancestrales como pastorear o recoger leña”.

Inicialmente, en la moción se pedía también que las administraciones “exploren las fórmulas legales que permitan abordar una reversión de las propiedades arrebatadas de manera forzosa, de manera que se contribuya al mantenimiento de una parte del patrimonio tradicional jiennense”. Sin embargo, este punto desapareció finalmente en aras a buscar el consenso y ante la negativa del PP, partido que gobierna en Andalucía y que rechaza la devolución de lo expropiado el siglo pasado.

En cualquier caso, son muchos los serranos que entienden que la dignidad plena solo podrán recuperarla si el Estado les devuelve lo que se les quitó. “La lucha no ha terminado. El ayuntamiento va a ser beligerante para que se revierta el despropósito que supuso la expropiación y la exclusión de estas familias”, subraya Antonio Rodríguez, alcalde de Santiago-Pontones (municipio al que pertenecen estas aldeas), que en junio logró el primer gobierno municipal para la formación Jaén Merece Más. Rodríguez insiste en que, de no haber reversión, “debe haber un acto de desagravio público hacia los vecinos”. Un desagravio, apunta, que debería pasar al menos por frenar la desaparición total de estas aldeas.

Solo la casa de la familia Guijarro ha evitado por el momento la demolición de su vivienda gracias a que en 1979 se negaron a firmar el acta de expropiación. Algo que no ha podido evitar el calvario que vive esta familia desde que en 2018 la Consejería andaluza de Medio Ambiente les notificó un expediente sancionador por ocupación ilegal, resolución que en mayo de 2022 se resolvió por parte de un Juzgado de Jaén que ordenó el desahucio forzoso de la casa y una multa de 2.200 euros.

“Vamos a seguir luchando mientras nos quede un hilo de sangre en nuestras venas”, indica Enrique Guijarro, de 67 años, convertido ahora en símbolo de la resistencia vecinal en las llamadas aldeas perdidas. “¿Es que es incompatible un parque natural con la convivencia de las personas en su interior?”, se pregunta Guijarro, que esgrime contar con escrituras de sus propiedades y anuncia un próximo recurso judicial para frenar un desahucio que ahora impide a los 40 miembros de su familia acceder a su vivienda que lleva tres siglos en pie.

La delegada de Medio Ambiente en Jaén, María José Lara, con la que se reunieron recientemente, señaló que la administración autonómica acata esa sentencia de desahucio y no puede atender la petición de amparo de los Guijarro. En cambio, la familia sí recibió el aliento de sus paisanos retornados el último fin de semana a Coto Ríos, que posaron con una pancarta donde podía leerse: “Todos somos familia Guijarro”.

Para el investigador Javier Morote, que está realizando un trabajo documental sobre las aldeas perdidas y la diáspora segureña, “es preciso que se recupere la memoria de las injusticias que se cometieron con los serranos, que fueron tratados como ciudadanos de tercera”.

A su juicio, el expediente que amenaza la vivienda de la familia Guijarro es un atentado contra el patrimonio histórico andaluz al ser una vivienda del siglo XVIII y un “valiosísimo ejemplo de arquitectura tradicional serrana, en peligro de extinción” que, según dice, debería ser catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC).