La Fiscalía pide que se investigue un caso de torturas por la policía franquista en Barcelona
El sindicalista Carlos Vallejo, detenido a principios de los años setenta, se ha querellado contra seis mandos por crímenes de lesa humanidad
La Fiscalía ha pedido que se investigue un caso de supuestas torturas cometidas por la policía durante el franquismo. El sindicalista Carlos Vallejo presentó una querella en los juzgados de Barcelona denunciando que, tras ser detenido a principios de los años setenta, fue víctima de torturas en los calabozos de la jefatura de Via Laietana, en el centro de la capital catalana. La jueza preguntó a la Fiscalía si veía pertinente admitir a trámite la querella por crímenes contra la humanidad y torturas, a lo que el ministerio público ha respondido que sí.
La posición de la Fiscalía está vinculada a la aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática, que entre otras cosas impone al Estado “el deber de investigar las violaciones del derecho internacional” durante la Guerra Civil y la dictadura, recuerda el ministerio público en una nota. Tras analizar el nuevo marco legal, la jurisprudencia y los tratados y convenios internacionales firmados por España, la Fiscalía ha llegado a la conclusión de que debe admitirse la querella para investigar a fondo “los hechos y su contexto” antes de decidir qué curso se da a las pesquisas.
La Fiscalía recuerda la obligación de garantizar no solo el derecho a la justicia, sino “el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas”, como Vallejo, que fue detenido en dos ocasiones por su actividad política y sindical y sometido a trato vejatorio y denigrante en comisaría. A través del grupo proderechos humanos Irídia, el hombre presentó una querella contra seis miembros de la policía franquista que recayó en el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona.
La querella se dirige contra Vicente Juan Creix, que fue comisario jefe de la Policía en Via Laietana durante el franquismo; contra Genuino Navales, comisario de ese mismo centro; y contra otros cuatro inspectores. A todos ellos, Vallejo los acusa de crímenes de lesa humanidad por torturas. La entidad Irídia subrayó en su día que el Estado “tiene el deber de investigar los crímenes” e “identificar y reparar a sus víctimas”, y lamentó que entonces no se hubiera llevado a cabo “una sola investigación efectiva de los crímenes del franquismo”.
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