El juez archiva una causa por prevaricación contra el exalcalde socialista de Granada

Siete años después de su imputación y pasada más de una década desde que ocurrieron los presuntos delitos, un juez de Sevilla ha archivado esta semana una causa pendiente contra el último alcalde socialista de Granada, Francisco Cuenca. El político, ahora en la oposición, estaba acusado de diversos delitos presuntamente cometidos durante su periodo como delegado provincial de Economía e Innovación de la Junta de Andalucía, en concreto relacionados con la contratación de particulares para realizar labores de control e inspección de los Cursos de Formación Ocupacional en Economía Social organizados por la Junta durante 2010, 2011 y 2012, tareas atribuidas por ley a funcionarios. El juzgado decreta ahora el libre sobreseimiento de Cuenca, que se enfrentaba a posibles delitos de prevaricación, falsedad documental o fraude en la contratación administrativa.

El archivo de la causa afecta también a otros nueve de los 19 investigados originalmente en la causa. El juez archiva el asunto para 10 de ellos para, a continuación, acordar la apertura de juicio oral contra los nueve acusados restantes, a los que imputa presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación, falsedad documental, y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos. A estos les solicita, además, el pago de fianzas que oscilan entre los 3.700 y 8.200 euros para asegurar las responsabilidades que pudieran imponerse en la sentencia tras el juicio oral. Los hechos investigados ocurrieron cuando la Junta de Andalucía estaba gobernada por el PSOE y la denuncia partió del Sindicato Andaluz de Funcionarios.

Ahora, cuando el caso es ya pasado para Cuenca, que ejerce como portavoz municipal de su partido y jefe de la oposición en el Ayuntamiento granadino, su partido ha pedido al PP que pida perdón y ha recordado la coincidencia de las fechas de imputación y archivo con momentos políticamente relevantes. Ana Muñoz Arquelladas, presidenta de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE, ha comentado: “Ahora toca pedir perdón, especialmente a quienes desde el PP se lanzaron a una persecución política sin respetar la presunción de inocencia. El PP lo reprobó en dos ocasiones en el pleno del ayuntamiento y se escucharon palabras muy gruesas y miserables. Francisco Cuenca fue imputado tres meses después de ser imputado alcalde y su causa ha sido archivada tres meses después de dejar de serlo. Las casualidades no existen. Saquen ustedes sus propias conclusiones”.

En el auto de archivo, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla indica que se dejaron en manos de particulares asuntos de contratación que solo podrían ejecutar funcionarios pero, a la vista de que el ministerio fiscal no pide la imputación de Cuenca y de las otras nueve personas, no procede imputarlos. “Los correspondientes responsables —investigados en la presente causa— de la Junta de Andalucía, vía contratación de servicios a prestar por particulares, se habrían valido de distintos contratistas, personas físicas y jurídicas, para llevar a cabo aquellas tareas pese a que la ejecución de las mismas formaría parte de las potestades que se encuentran reservadas por el ordenamiento jurídico a los funcionarios públicos”.

Así, según manifiesta el juez, se procedió “de forma injusta y arbitraria a atribuir a aquellos contratistas particulares la detentación de funciones públicas, es decir, funciones que la Ley atribuye —con carácter exclusivo y excluyente— a integrantes de la Función Pública”. Y agrega que “la atribución ilegítima de funciones públicas habría venido acompañada de la entrega de documentación administrativa consistente en modelos de actas e informes, posteriormente utilizados por cada contratista en el ejercicio de las funciones encomendadas y potestades atribuidas”.

En relación al exalcalde de Granada, el juez no entra ahora en valorar su actuación. Fueron diligencias anteriores las que precisaban que, en su calidad de delegado provincial de la Consejería de Economía e Innovación de la Junta, “habría efectuado la ilícita contratación de los servicios de seguimiento, control y verificación de la ejecución de los Cursos de Formación Profesional para la Economía Social en la provincia de Granada durante los ejercicios 2010 y 2011″, “por lo que no procede decretar la apertura de juicio oral frente a ellos”.