Un juez imputa al alcalde del PSOE en Granada en un caso de cursos de formación

Un juez ha imputado al alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), y otros cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucía por la contratación de particulares para inspeccionar cursos de formación en Economía Social, una función reservada por ley a los funcionarios del Ejecutivo. Cuenca, que accedió al cargo la pasada primavera tras la detención de su predecesor, José Torres Hurtado (PP), está imputado por malversación, prevaricación y usurpación de funciones públicas, y puede afrontar las consecuencias del pacto para la investidura de Susana Díaz como presidenta andaluza firmado entre el PSOE y Ciudadanos, formación que un año más tarde aupó a Cuenca como alcalde.

En su punto 16, el acuerdo establece: "Separar de inmediato a cualquier cargo público, electo o designado, que resulte imputado por corrupción política".  Cuenca, exdelegado en Granada, y los exdelegados de Economía de la Junta en Jaén, Málaga, Cádiz y Granada, junto a los jefes de servicio de Huelva, Almería y Córdoba y otros dos cargos en 2010 y 2011, comparecerán como investigados entre noviembre y diciembre ante el juez José Ignacio Vilaplana. En total son 10 los cargos de la Junta investigados en esta causa, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Cuenca ha mostrado su tranquilidad “más absoluta” tras conocer su imputación, informa Jesús Albarracín.

El mismo 12 de diciembre el juez ha citado también a Ana María Barbeito Carrasco, anterior directora general de Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Economía, que ya prestó declaración como investigada.

La causa se inició tras una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios, que solicitó al juez investigar unos hechos en los que se podría haber incurrido en los posibles delitos de usurpación de funciones publicas, prevaricación y malversación. El sindicato denunció las contrataciones a particulares realizadas desde la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía para realizar trabajos atribuyendo funciones y potestades que solo pueden realizar funcionarios públicos.

Además, el juez indaga las razones que han llevado a acudir a procedimientos de contratación excepcionales (como es el contrato menor que puede ser de adjudicación directa) por el que se alteró el procedimiento ordinario de publicidad y libre concurrencia.

En su nuevo auto, el juez amplía el número de investigados, solicita nuevas diligencias y archiva provisionalmente la investigación que afecta a un contratista y una funcionaria.

El auto destaca: "La atribución ilegítima de funciones públicas habría venido acompañada de la entrega de documentación administrativa consistente en modelos de Actas e Informes, posteriormente utilizados por cada contratista en el ejercicio de las funciones encomendadas y potestades atribuidas; documentos que cuentan con membrete o encabezamiento oficial de la Junta de Andalucía y del Fondo Social Europeo y que aparecen firmados por los propios contratistas bajo la rúbrica Por la Administración (El inspector)". El magistrado destaca que de ese modo figuran "indebidamente los contratistas en el correspondiente expediente administrativo".