El Consejo de Europa insta a España y otros países a investigar los abusos con ‘software’ espía como Pegasus

El escándalo del espionaje con software Pegasus no cesa. Después del Parlamento Europeo, ahora es el Consejo de Europa la institución que quiere tener explicaciones más exhaustivas de los principales gobiernos implicados, entre ellos el español. La comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria de la institución con sede en Estrasburgo ha condenado este viernes el “uso de software espía por autoridades estatales con fines políticos” y ha instado a los gobiernos de España, Polonia, Hungría, Grecia y Azerbaiyán a investigar exhaustivamente los casos e informar al Consejo en un plazo máximo de tres meses.

La comisión parlamentaria de Derechos Humanos ha aprobado este viernes un borrador de resolución —que todavía debe ser aprobada por el pleno, previsiblemente en octubre— sobre “Pegasus y software espía similar y la vigilancia secreta estatal”. En el texto propuesto, se manifiesta la “profunda preocupación” de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ante las “crecientes pruebas” de que programas informáticos como Pegasus y otros similares “han sido usados ilegalmente o con fines ilegítimos por varios Estados miembros contra periodistas, opositores políticos, defensores de derechos humanos y abogados”.

En el caso español, cita la presunta infección de los móviles de cuatro miembros del Gobierno, incluido el presidente del Ejecutivo ahora en funciones, Pedro Sánchez, y tres de sus ministros. También señala los hasta 65 independentistas catalanes presuntamente espiados mediante Pegasus o el también programa espía Candiru, de los que, recuerda la resolución, “18 han sido confirmados como objetivos legales por las autoridades españolas”.

Además de emitir su informe a Estrasburgo en el plazo de tres meses que deberá empezar a correr una vez sea aprobada la propuesta de resolución, los cinco países señalados deberán también aplicar “sanciones adecuadas”, ya sean criminales o administrativas, en cualquier caso de abuso que confirmen y “compensar de manera suficiente a las víctimas”. Asimismo deberán “abstenerse de usar normas de secreto generalizadas para denegar el acceso a la información sobre el uso de software espía para vigilar mecanismos y personas concretas”.

“La vigilancia secreta de opositores políticos, funcionarios, periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil con otros fines distintos a los señalados en la Convención Europea de Derechos Humanos, como prevenir el crimen o proteger la seguridad nacional, sería una violación clara de la convención”, subraya el texto propuesto.

De hecho, en la resolución a aprobar aún por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, compuesto por 46 Estados, se subraya que, en vista de su “intrusismo sin precedentes”, el uso de este tipo de software espía “debería ser limitado a situaciones excepcionales y como medida de último recurso” en casos muy concretos y contra personas muy señaladas, no un amplio grupo de sospechosos. También deberían “evitar exportar” este tipo de programas a países donde exista un “riesgo considerable” de que pueda ser empleado para ejercer la represión o cometer abusos de derechos humanos.

La asamblea parlamentaria también ha pedido información a Israel, un Estado observador en el Consejo de Europa y donde está basada la empresa que creó Pegasus, NSO. Concretamente, explica, se quiere saber “cómo Israel garantiza que Pegasus no es exportado a países donde podría ser utilizado para violar derechos humanos”. De igual modo, la comisión de Estrasburgo también ha pedido información a Marruecos, país que una misión del Parlamento europeo consideró como plausible que estuviera detrás del espionaje a miembros del Gobierno español, y le ha conminado a que “investigue el uso” de ese software.

En junio, fue el Parlamento Europeo el que reclamó una investigación “a fondo” de todos los casos de espionaje con software espía a España, Grecia, Hungría, Polonia y Chipre, país excluido sin embargo ahora de la propuesta de resolución del Consejo de Europa, que sí pide a otros Estados de los que se cree que han adquirido el programa Pegasus, como Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, a que “aclaren su uso y los mecanismos creados para vigilarnos”, en un plazo que también es de tres meses.