Exteriores protesta ante el Reino Unido por varios “graves incidentes” en aguas próximas a Gibraltar

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha presentado ante la Embajada de Reino Unido en Madrid una protesta diplomática por lo que califica como “tres graves incidentes” acaecidos a lo largo del mes de agosto en aguas próximas al peñón de Gibraltar que España considera bajo su soberanía. En una nota verbal fechada el pasado lunes, día 28, y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el departamento que dirige en funciones José Manuel Albares eleva el tono al describir cada uno de estos incidentes, expresa su “más enérgica protesta” por la actuación de embarcaciones de Estado del Reino Unido en aguas bajo jurisdicción española y recuerda que la posición de la diplomacia española respecto a las aguas de Gibraltar sigue siendo la fijada en el Tratado de Utrecht de 1713; es decir, que no se reconoce a la colonia británica más aguas que las interiores del puerto. A preguntas de este diario, la Embajada británica en Madrid no ha querido hacer ningún comentario sobre la protesta de Exteriores.

El primer incidente citado en la nota se produjo el pasado 1 de agosto, cuando el metanero Gas Venus, de bandera panameña, procedente del puerto turco de Mersin, sufrió un vertido de combustible en aguas adyacentes del Peñón. El vertido, que la Capitanía gibraltareña cifró entre 1.500 y 2.000 litros de fuel, se produjo mientras el gasero repostaba combustible de otro buque en alta mar, una maniobra conocida como bunkering. El incidente, en el interior de la bahía de Algeciras, obligó a cerrar el puerto de la colonia británica durante un día y medio y provocó manchas de chapapote que llegaron hasta la costa.

El Ministerio de Exteriores recuerda que la zona donde se produjo el vertido está reconocida por la Unión Europea como LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) Estrecho Oriental y se encuadra en la Red Natura 2000, por lo que requiere especial conservación. El real decreto de 2012 que regula las medidas de protección del LIC Estrecho Oriental prohíbe expresamente el bunkering por su potencial peligrosidad ecológica, pero las autoridades gibraltareñas lo autorizan en las aguas que consideran suyas.

El segundo incidente al que se refiere la nota se produjo el 14 de agosto. En esa fecha, la embarcación Colimbo II, del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), “se vio entorpecida en el desarrollo de su labor” por tres embarcaciones de Estado del Reino Unido —en concreto, del servicio aduanero británico y de la Royal Navy—, lo que “creó una situación de riesgo y dificultó las funciones propias de las autoridades españolas”. El hecho se produjo cuando un buque auxiliar con base en el puerto de la colonia acudió a realizar un relevo de tripulación a un mercante en alta mar. Sin embargo, el buque gibraltareño navegaba sin luces de navegación y sin que el Sistema de Navegación Automática indicara su posición, lo que levantó las sospechas de la patrullera española, que inició su persecución y lo interceptó, provocando la protesta de las autoridades del Peñón. Mientras estas últimas denunciaron la entrada de la patrullera española en sus aguas, Exteriores considera una “intromisión injustificable” la intervención de los buques británicos que intentaron evitar que el Servicio de Vigilancia Aduanera hiciera su trabajo de luchar contra el contrabando.

El último y más reciente de los incidentes tuvo lugar el 21 de agosto, cuando el pesquero Mi Daniela y su patrón “fueron hostigados por embarcaciones de Estado británicas de nuevo en aguas españolas próximas al Peñón, en clara violación de la soberanía española y actuando fuera de su jurisdicción”. El patrón del pesquero, con base en La Línea de la Concepción (Cádiz), Jonathan Sánchez, denunció que había sido hostigado por tres barcos de la Policía y el servicio de Aduanas de Gibraltar y se le habían imputado nueve cargos por faenar frente a la cara este del Peñón. La Junta de Andalucía, en manos del PP, reclamó la intervención de la diplomacia española.

La nota verbal del Ministerio de Exteriores no solo es una recopilación de los incidentes acaecidos en las últimas semanas en aguas próximas al Peñón, sino sobre todo, como subraya al final, un recordatorio de que España no está dispuesta a aceptar la doctrina de los hechos consumados y de que su posición sobre los espacios cedidos al Reino Unido en Gibraltar “permanece inalterada”. “El Reino de España no reconoce al Reino Unido otros derechos y situaciones respecto a los espacios marítimos de Gibraltar que no estén comprendidos en el artículo X del Tratado de Utrecht de 1713″, concluye la misiva. Y agrega: “España seguirá ejerciendo su soberanía en aguas españolas del mismo modo que lo ha hecho desde tiempo inmemorial”. El artículo X enumeraba las propiedades cedidas a la Corona Británica (“la ciudad y el castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensa y fortalezas”), entre las que no se incluyen aguas territoriales.

La disputa sobre la soberanía de las aguas que rodean el Peñón —el Reino Unido reclama tres millas de aguas jurisdiccionales— ha sido motivo de continuos incidentes entre los dos países. Uno de los más graves tuvo lugar en febrero pasado, cuando agentes de vigilancia aduanera españoles llegaron a desembarcar en una playa de Gibraltar persiguiendo a una banda de contrabandistas de tabaco, que les lanzaron piedras, a lo que los primeros contestaron con disparos al aire.

En los últimos años, sin embargo, Londres y Madrid han intentado poner en sordina estos roces mientras negociaban un acuerdo que fije las nuevas relaciones entre Gibraltar y la UE, una vez consumado el Brexit, mediante un arreglo que supondría la demolición de la Verja. Aunque las negociaciones estaban muy avanzadas, el anticipo de las elecciones generales en España al pasado 23 de julio y la apertura de un periodo de interinidad política han obligado a aparcarlas. También Gibraltar está pendiente de las elecciones que deben celebrarse este otoño en el Peñón, lo que descarta un rápido acuerdo.