La agonía de la Eco Reserva de Ojén

A Antonio Calvo la voz se le nota quebrada. Está casi al límite de sus fuerzas. Cada día se desvive para conseguir los 350 kilos de comida necesarios para alimentar al centenar de ciervos, muflones y cabras montesas, además de jabalíes, que residen en la Eco Reserva de Ojén. Es un área de 82 hectáreas nacida en 2015 a raíz de una concesión pública para su desarrollo como espacio de conservación, recuperación, educación e investigación sobre la biodiversidad de la zona. Recibía numerosas visitas, que se adentraban en un pequeño safari por el monte mediterráneo con la posibilidad de ver, e incluso acariciar, a los animales en su propio entorno. Los ingresos servían para financiar la actividad y el mantenimiento del terreno, pero en 2022 la Junta de Andalucía ordenó el cierre al encontrar varias deficiencias en las instalaciones y en la gestión cinegética. Año y medio después, con una orden de desalojo y un procedimiento para concluir la concesión, Calvo está cansado de luchar contra la Administración mientras mantiene a la fauna con el apoyo de voluntariado y mantiene vivo el caso en los tribunales.

La Eco Reserva de Ojén, ubicada a las afueras de este pueblo malagueño a poco más de diez minutos de Marbella, nació de una desgracia. Fue el inmenso incendio forestal que arrasó 8.500 hectáreas en el año 2012 a lo largo de varios municipios de la Costa del Sol y en el que murieron dos personas. El bosque perdió buena parte de su vitalidad y la Asociación Ecologista Pinsapo, liderada por Antonio Calvo, propuso crear en esta finca, entonces abandonada, un refugio para los animales que habían perdido su hábitat y para aquellos autóctonos que necesitasen recuperación tras sufrir algún accidente. Lo consiguió.

La Junta de Andalucía les adjudicó una concesión de 10 años renovable a 50 a cambio de un canon anual de 400 euros y la obligación de realizar el mantenimiento de la zona —del desbroce al cuidado de los animales— y la puesta en marcha de actividades de voluntariado, educacionales y de investigación. “Cuando llegamos había una plaga de garrapatas, hambruna en la fauna y estaba todo abandonado. Conseguimos ponerlo en perfectas condiciones con muchísimo trabajo”, recuerda Calvo. “Ahora nos hacen la vida imposible para que nos vayamos de aquí”, denuncia el ecologista desde el terreno, ahora desaliñado por la falta de mano de obra, pero donde ver a los animales en libertad es toda una atractiva sorpresa.

Desde la apertura del recinto, el alumnado de decenas de colegios ha acudido a disfrutar de la reserva, pero también numerosas familias y turistas de la Costa del Sol. Hoteles, empresas de aventura y guías turísticos tenían al recinto como uno de los favoritos para sorprender a sus clientes. El equipo de profesionales que gestionaba las visitas —biólogos, ingenieros de montes, ambientólogos o veterinarios, entre otros— ofrecía una ruta de alrededor de hora y media mientras enormes ciervos, muflones, cabras montesas o un singular jabalí acompañaban parte del paseo.

Todo comenzó a truncarse en 2020, en plena pandemia, cuando los agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía realizaron una serie de inspecciones en las que detectaron las que consideraron faltas graves. Entre ellas, carecer de personal especializado, falta de licencia de apertura, la ausencia de programas biosanitarios, tenencia de jabalíes y zorros sin la documentación legal, la instalación de depósitos portátiles de agua sin permiso municipal o no tener licencia para mercancías peligrosas, incumpliendo con todo ello la Autorización Ambiental Unificada. Como explicó ya en 2022 José Antonio Víquez, delegado en Málaga de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, todo acabó en una propuesta de sanción de 131.000 euros —que más tarde se redujo a la mitad— y el inicio del procedimiento para extinguir la concesión.

“Faltas leves y subsanables”

Para los responsables de este lugar la realidad es diferente. “Algunas de las supuestas infracciones son inexistentes y otras, como mucho, faltas leves y subsanables”, asegura Alejandro Criado, abogado que ejerce la defensa de la Asociación Ecologista Pinsapo. Antonio Calvo explica, por ejemplo, que sí existía personal especializado —hasta nueve personas contratadas— y que ha habido zorros y jabalíes que la ciudadanía los ha llevado hasta allí tras ser atropellados para que se recuperen. “Los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) no los admiten, pero nosotros sí. Y, claro, obviamente esos animales no tienen documentación”, añade Antonio Calvo. Tras presentar un recurso contra la decisión de acabar con la concesión, este fue denegado por la administración. Así que hace unos días Criado ha interpuesto un recurso en el juzgado de lo contencioso de Málaga porque cree que tiene “argumentos legales de sobra” para ganar el procedimiento.

Desde la Junta de Andalucía, por su parte, afirman que respeta la defensa jurídica de la Eco Reserva de Ojén y subraya que, hasta el momento, no ha adoptado ninguna “ejecución material de las resoluciones que se han ido dictando conforme al procedimiento establecido, precisamente ante la posibilidad de que el interesado pudiera interponer cualquier tipo de acción válida en derecho, en tiempo y forma”. Fuentes de la Consejería también insisten en que las infracciones e incumplimientos “son de gravedad” según la legislación ambiental vigente. La administración autonómica asegura que, en caso de solventarse la concesión, se encargaría del “correcto cuidado” y la atención de los animales, que tampoco serán trasladados de un recinto, hasta la llegada de otro gestor que pueda mantener la actividad.

La sentencia judicial puede tardar entre uno y dos años, así que la Asociación Ecologista Pinsapo —que ha acudido también al Defensor del Pueblo Andaluz en busca de ayuda y que tiene el apoyo de más de 81.000 personas en la plataforma change.org— ha solicitado al juez que lleva el caso que, mientras transcurre el proceso, permita la apertura al público de la reserva. El objetivo es que la actividad permita seguir al proyecto autofinanciándose para mantener en buenas condiciones al centenar largo de animales que residen en ella. Desde que cerró, ha sido Calvo quien —con asistencia de voluntariado y colaboradores puntuales entre veterinarios y otros especialistas— realiza el cuidado sanitario y alimentario de la fauna, para lo que también recibe ayuda de diferentes empresas como El Corte Inglés de Puerto Banús, que cede un palé diario de frutas dentro de su proyecto Residuos Cero.

“Esto es una agonía, una angustia, una ruina. Y si me voy, los animales estarán en peores condiciones. ¿De verdad es esto un problema cuando hay chiringuitos ocupando playas públicas o vertidos a arroyos sin depurar sin que pase nada?”, concluye Calvo, desolado, al que solo le sale la sonrisa cuando se acerca a unos animales ajenos a la disputa.