Cantabria confirma su rechazo a construir un centro de refugiados en Camargo

El Gobierno de Cantabria confirmó el pasado viernes su rechazo a abrir un centro de refugiados de 300 plazas en su territorio. En una carta remitida a la Secretaria de Estado de Migraciones, la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la comunidad se niega a continuar con el procedimiento de compraventa de una parcela donde se encuentra un antiguo hospital psiquiátrico, que iba a ser rehabilitado y convertido en centro de acogida. El proyecto, financiado con fondos europeos, iba a suponer una inversión de 18,5 millones de euros y la creación de 75 puestos de trabajo. La consejería justifica su decisión en la negativa del municipio de Camargo (unos 30.000 habitantes), donde se encuentra el edificio. El pasado miércoles el Pleno municipal decidió que el espacio debía destinarse a la atención de los más mayores y no a los refugiados. El proyecto se tumbó con los 12 votos a favor de PP, Vox y PRC y los cinco en contra del PSOE. “España es muy grande, los refugiados se pueden acoger en muchos lugares, pero a nuestros mayores hay que atenderlos en Cantabria”, ha dicho este lunes la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga.

El Gobierno autonómico también apuesta por construir allí “un centro de referencia nacional” de atención a la dependencia, la discapacidad, la salud mental o la soledad no deseada y pide al ministerio que reconsidere el uso que quiere hacer de los fondos y el espacio. “Solicitamos que se analice la posibilidad de destinar dicho inmueble al mencionado uso, por responder a una necesidad evidente puesta de manifiesto tanto por la administración municipal como por la autonómica. La petición ha chirriado en el ministerio, que ni tiene competencias en Sanidad, que está en manos de las comunidades, ni puede gastar los fondos en otra iniciativa que no sea la ya pactada con Bruselas.

“No hemos engañado a nadie”, ha afirmado Buruaga. “Desde el primer momento, tanto en Camargo como en Cantabria nos posicionamos en contra de esa cesión y nos comprometimos con los cántabros en nuestro programa electoral a revertir esa decisión”. Buruaga ha negado cualquier “trasfondo político o ideológico” en su decisión para afirmar a continuación: “[La decisión] responde a necesidades objetivas. En Cantabria ya no gobierna Pedro Sánchez, ya no se toman las decisiones políticas pensando en los intereses de Pedro Sánchez”.

La negativa de Cantabria confirma el temor del ministro José Luis Escrivá de que nuevos gobiernos asumidos por el PP tras las elecciones municipales y autonómicas bloqueen la construcción de centros de acogida que ya estaban pactados. Escrivá tiene comprometidos más de 231 millones de euros de fondos europeos para la apertura de 17 nuevos centros de refugiados estatales que permitan dar un respiro a la siempre saturada red de acogida. Tras muchas dificultades para identificar los espacios y negociar con comunidades y ayuntamientos su nuevo uso, el equipo de Escrivá se encontró con que Valladolid, Logroño y Cantabria, donde ya había proyectos en marcha, pasaron a ser territorios gobernados por el PP y se frenaron los avances. Temerosa de un bloqueo, la Secretaria de Estado de Migraciones les escribió una carta el pasado 14 de julio para solicitarles que informasen de los nuevos plazos en un máximo de 15 días, pero Cantabria ni siquiera respondió.

“Alguna información técnica útil”

Valladolid (299.000 habitantes), donde el PP gobierna con Vox, sí respondió a la carta. El concejal de Urbanismo no confirmó que seguiría adelante con la cesión de la parcela ya acordada con la anterior corporación, sino que pidió más información sobre el proyecto. ”Nos resultaría útil contar con alguna información técnica sobre el futuro edificio”, mantiene en la misiva. Esta información, dice la carta, serviría al Ayuntamiento para responder a las alegaciones “por diversas asociaciones vecinales y particulares” presentadas en el periodo de información pública.

La respuesta del Ayuntamiento no significa una negativa, según una portavoz municipal, aunque en el ministerio se preguntan por qué se solicita una información que ya fue aportada cuando se comenzó a trabajar en el proyecto. En cualquier caso, el plan de Escrivá cuenta en Valladolid con la más férrea oposición de uno de los socios de la corporación. Vox ha sido explícito sobre lo que piensa del centro pensado para albergar a 200 refugiados. “Desde Vox nos oponemos frontalmente a la construcción de este centro y de cualquier otro de esta índole. La solución no es degradar nuestros barrios y traer la inseguridad a sus calles”, tuiteó en mayo la cuenta del partido ultra en Valladolid. Además, tal y como menciona la carta, al menos una asociación de vecinos se movilizó en contra de ese espacio de acogida.

En Logroño, el alcalde del PP, que gobierna con mayoría absoluta, aguarda una conversación con la secretaria de Estado de Migraciones, que marque la posición final del municipio.

La colaboración de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, es fundamental para que Escrivá pueda continuar con su plan. En Valladolid, donde el anterior alcalde socialista Óscar Puente acordó la cesión gratuita de una parcela, necesita, antes de cualquier otro trámite, que el Pleno municipal la ratifique. En Logroño la tramitación del expediente está pendiente de un acuerdo de enajenación de otra parcela para que el ministerio pueda comprarla por 2,9 millones de euros. Finalmente, en Camargo, el Gobierno autonómico tenía aún que segregar la parcela del antiguo psiquiátrico, valorada en ocho millones de euros, para seguir con la rehabilitación del edificio. Cantabria ya ha dejado claro que seguirá adelante con su proyecto de convertir el antiguo hospital en un centro para mayores, independientemente de lo que responda el ministerio, mientras que Migraciones defiende que ambos planes son compatibles en la misma parcela.