La Cumbre, una cesión envenenada a San Sebastián
El traspaso del palacio, alojamiento ministerial en la época franquista y residencia de altas personalidades, genera división en el Ayuntamiento donostiarra
El Gobierno de la nación es el propietario del palacio de La Cumbre, en pleno centro de San Sebastián, y hace un año asumió el compromiso de cederlo al Ayuntamiento. La Cumbre es una finca desconocida para la gran mayoría de los donostiarras. Permanece oculta tras unos gruesos muros y un portón de madera que impiden el paso. Ahí se alojaba el ministro de Jornada cuando Franco veraneaba en San Sebastián, después acogió a las autoridades que visitaban Gipuzkoa y ha sido utilizada más recientemente como residencia del gobernador civil de la provincia. Tiene un pasado negro y siniestro: en esta mansión fueron encerrados y torturados los etarras Lasa y Zabala por agentes de la Guardia Civil en 1983, antes de ser ejecutados y enterrados en cal viva en Busot (Alicante). El futuro de este edificio es una incógnita. El Gobierno está dispuesto a traspasarlo para “actividades acordes con la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática”, pero aún no se ha firmado el convenio y la entrega no se ha hecho efectiva. La polémica ya está servida entre EH Bildu y el alcalde de la ciudad, Eneko Goia (PNV).
La cesión de La Cumbre a San Sebastián fue una de las exigencias que EH Bildu puso sobre la mesa para dar su apoyo en junio de 2022 a la Ley de Memoria Democrática. También logró que el Gobierno de Sánchez traspase la titularidad del fuerte de San Cristóbal (Pamplona) al Gobierno foral para declararlo lugar de memoria. La coalición abertzale critica que ha pasado un año sin que el Ayuntamiento donostiarra haya “hecho nada” para recibir el palacete. San Sebastián tiene hasta octubre de este año para acordar los términos del traspaso. Goia ha expresado públicamente su enfado con esta cuestión. Está furioso porque Bildu “ha actuado con este tema a espaldas del Ayuntamiento”. No obstante, ya ha dado el primer paso para pedir formalmente la cesión.
Goia envió el siguiente mensaje al delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso: “Sirva la presente para solicitar oficialmente al Gobierno de España el cumplimiento del acuerdo en virtud del cual debe producirse la cesión del Palacio de la Cumbre a la ciudad de San Sebastián. Rogaría se nos indicara por parte de esa Administración los pasos que corresponde dar a este Ayuntamiento al objeto de que se produzca dicha cesión”. Este diario también ha tenido acceso a la contestación que recibió: “Doy traslado de la solicitud que me formula a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, de cara a trabajar tras el periodo vacacional en la confección del convenio”.
La Cumbre tiene el máximo grado de protección, el mismo que la catedral del Buen Pastor, la Casa Consistorial, el palacio y parque de Miramar, el Real Club Náutico o el Peine del Viento de Chillida, entre un total de 26 “edificaciones y elementos” recogidos en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido en San Sebastián. Es una finca de 17.600 metros cuadrados que cuenta con varios edificios: una casa principal con sótano, dos plantas y desván, un pabellón contiguo con bodega, planta baja y azotea, una casa para el jardinero con cuadra y cochera, una quesería... además de dos fuentes naturales y jardines.
Según el inventario urbanístico municipal, los primeros datos de la casa datan de 1892 y fue propiedad del duque de Tovar. En 1994 fue adquirido por el Estado y su última rehabilitación se realizó en 1987 para destinarla a “residencia temporal de altas personalidades”. Unos años antes, en 1981, los reyes Juan Carlos I y Sofía hicieron noche ahí tras amueblar varias estancias con muebles traídos del palacio de Miramar (fue colegio internado cuando el hoy rey emérito era príncipe). La parcela se desafectó en 1999 del Ministerio del Interior y pasó al de Administraciones Públicas. En 2003, el Gobierno de Aznar lo declaró bien de interés cultural con la categoría de monumento.
EH Bildu quiere transformar La Cumbre en un centro para la recuperación de la memoria histórica y dedicarla a las víctimas de la violencia del Estado. Su portavoz municipal, el exregidor Juan Karlos Izagirre, ha reprochado a su sucesor que no haya reclamado aún la cesión de los terrenos. En el último pleno, acusó a Goia de no mover un dedo en este asunto “porque la cesión [del palacio] la había conseguido EH Bildu y no el PNV”. En la réplica, Goia anunció que ya había pedido formalmente la entrega de las dependencias, y aprovechó para expresar sus dudas sobre los beneficios de la operación: “No sabemos cómo está el edificio, si necesita reformas. Está catalogado. ¿De verdad cree EH Bildu que será beneficioso para la ciudad?”. Y recordó que a 200 metros de La Cumbre, en el mismo barrio de Aiete, se encuentra la Casa de la Paz y los Derechos Humanos. “¿Por qué no acordaron el traspaso a favor del Gobierno vasco, como hicieron con el fuerte de San Cristóbal?”, le espetó el alcalde.
Este fuerte situado en el monte Ezkaba de Pamplona, propiedad del Ministerio de Defensa, fue uno de los principales penales de la dictadura por el que pasaron más de 7.000 presos políticos republicanos, de los que 795 protagonizaron en mayo de 1938 la mayor fuga carcelaria de Europa hasta la fecha. La consejera navarra de Relaciones Ciudadanas e Institucionales en funciones, Ana Ollo, asegura a este diario que en febrero pasado se formó un grupo de trabajo interinstitucional para proceder a la declaración del fuerte como lugar de memoria. Su departamento y el Ministerio de Memoria Democrática ya han intercambiado documentos para acordar el convenio y concretar la financiación del proyecto memorialístico.
En el caso de La Cumbre, los trámites están en una fase incipiente. En el Consistorio no hay consenso. La portavoz socialista, Marisol Garmendia, lamenta el “nulo interés de EH Bildu por hace cumplir el acuerdo de la cesión”. El popular Jorge Mota critica la “demagogia” de los soberanistas por “querer disfrazar el objetivo real” de una operación que, a su juicio, “es un intento de eliminar cualquier símbolo de lo que significa la presencia de España en San Sebastián”.
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