Interior enfada a la Guardia Civil por las competencias en el control de fronteras

Una orden interna publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado día 25 ha soliviantado tanto a los guardias civiles que llevan casi una semana en una cruzada contra el Ministerio del Interior. El instituto armado ha interpretado que el texto recorta algunas de sus competencias en puertos y aeropuertos y en la gestión operativa ante la inmigración irregular para dárselas a Policía Nacional. La Unión de Oficiales anunció rápidamente que impugnaría la orden ante la Audiencia Nacional, la Asociación Unificada de Guardias Civiles aseguró que acudiría a los tribunales y Jucil puso a sus servicios jurídicos “en estado de alerta” ante la “posible invasión de competencias”. Más allá de los comunicados de las asociaciones profesionales, en los escalafones más altos del cuerpo se llegaron a plantear “medidas drásticas e inéditas” en señal de protesta, según fuentes del cuerpo.

El Ministerio del Interior mantiene que las lecturas que se han hecho de la orden son “interpretaciones sin fundamento” y que no se ha producido ningún recorte de competencias de la Guardia Civil. Sí asume, sin embargo, que tendrá que corregir “lo antes posible” la orden por un “error de redacción” que, efectivamente, daba a la policía funciones que van en detrimento del interés de la Guardia Civil en lo que respecta a sus comunicaciones con Frontex, la agencia europea de fronteras.

De la orden interna se desprendieron dos cuestiones que avivaron la lucha interna entre Policía y Guardia Civil y el malestar de los guardias civiles contra Fernando Grande-Marlaska. La primera es que el texto, según las interpretaciones más críticas, abre la puerta a que la custodia de puertos y aeropuertos, su perímetro e infraestructura, deje de estar en manos de la Guardia Civil, que debería limitarse únicamente a su labor fiscal y aduanera. El enfado del instituto armado no lo provoca únicamente la interpretación de este texto, sino que el asunto de los puertos y aeropuertos, en los que hay desplegados unos 8.000 guardias civiles, llevaba semanas enfrentando a altos mandos de la Guardia Civil y de Policía Nacional. La orden, según los guardias civiles, vino a señalar al ganador en plenas vacaciones.

Interior ha restado importancia al origen de la polémica en este punto y asegura que la nueva orden no cambia nada. Según fuentes del departamento de Fernando Grande-Marlaska “no se ha producido ningún recorte ni alteración de competencias en las funciones de la Policía Nacional ni de la Guardia Civil”. Por encima de cualquier orden interna como esta rige la ley orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio del Interior. Y ambos textos dejan claro que la “custodia, control y vigilancia” de puertos y aeropuertos le corresponde a la Guardia Civil.

El segundo punto conflictivo es que, con esa orden, Interior atribuyó a la Policía la gestión del Punto Nacional de Contacto de Frontex, la unidad con la que las fuerzas de seguridad del Estado centralizan sus comunicaciones con la agencia europea de fronteras. Desde aquí se intercambia información y se gestiona la cooperación técnica y operativa en el ámbito de la inmigración irregular. En un día pueden recibirse más de 200 correos electrónicos. Este movimiento ha dejado a la Guardia Civil sin información de la agencia desde el pasado día 25 porque, según fuentes del cuerpo, la Policía Nacional no ha reenviado a sus colegas ni una sola comunicación. La situación es totalmente anómala cuando es, precisamente, un general de la Guardia Civil el que ostenta la autoridad coordinadora para todas las acciones vinculadas con la inmigración irregular. La persona que coordina la actividad de los barcos y aviones que interceptan pateras en el Mediterráneo y que están financiados por Frontex lleva tres días trabajando a ciegas.

Interior ha reconocido este viernes que este cambio ha sido un “error de redacción”. Y que se corregirá la orden “lo antes posible”. No ha explicado, sin embargo, cómo se ha llegado al “error” de entregar a policía esa competencia, cuando el ministerio ya había apostado por que ese punto de contacto con la agencia estuviese en un espacio neutral con representantes de ambos cuerpos. De hecho, tras un año de preparativos y selección de funcionarios, el pasado 11 de julio, la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería, órgano de la Secretaría de Estado de Seguridad, asumió las relaciones con Frontex. Lo que hizo aún más extraño el movimiento de revertir la decisión apenas dos semanas después de ponerla en marcha.

Tras el reconocimiento del error por parte del Ministerio, que llegó a dar la orden verbal de que el punto de contacto vuelva a su estatus anterior, ahora son las asociaciones de policías nacionales las que han puesto el grito en el cielo. Jupol, el sindicato mayoritario de Policía, ha denunciado que el “cambio de criterio” supone un agravio y un recorte de competencias. Y atribuye el cambio a la “falta de criterio y fuerza institucional” de la Dirección General de la Policía que ha “plegado los intereses de la Policía Nacional ante las presiones ejercidas por asociaciones de la Guardia Civil”.