La Audiencia encaja la primera pieza del puzle sobre el presunto grupo criminal de Villarejo

La primera sentencia de la Audiencia Nacional contra José Manuel Villarejo, que lo condena a 19 años de prisión, marca un punto de inflexión en esta macrocausa. Aunque el fallo puede recurrirse, el tribunal sienta las bases para interpretar los miles de páginas de un sumario abierto por la presunta “organización criminal” liderada por el comisario jubilado, que ha salpicado también a varios estamentos del Estado: como mandos policiales, exministros y empresas del Ibex. Una compleja trama que sigue muy enredada: con este dictamen, los magistrados solo resuelven tres de las casi medio centenar de líneas de investigación del proceso. Quedan muchas otras piezas del puzle por juzgar —como el caso Kitchen, la operación para espiar a Luis Bárcenas, extesorero del PP, con el presunto objetivo de robarle documentación que pudiera guardar sobre altos cargos del partido—; y muchas resoluciones judiciales por escribir.

Esta es la cronología de cómo se ha ido desvelando una de las mayores tramas de corrupción de la historia reciente de España, que ha hecho tambalear los cimientos del Estado. Pero es la historia, igualmente, de cómo Villarejo ha tratado de esquivar cualquier responsabilidad:

Marzo de 2015: EL PAÍS revela los negocios de Villarejo. El comisario era por entonces un auténtico desconocido para la mayoría de españoles. Hacía muchos años que había ejercido como portavoz de un sindicato policial y, aunque su nombre comenzaba a reaparecer en informaciones sobre las guerras intestinas de la Policía, su imagen pública seguía limitándose a unas pocas fotografías antiguas. Sin embargo, Javier Ayuso, periodista de EL PAÍS, colocó el foco sobre Villarejo el 9 de marzo de 2015. Con un titular que lo cambiaría todo: “El comisario Villarejo participa en 12 sociedades con 16 millones de capital”. El 9 de abril de ese mismo año, ampliaba los datos: “El comisario Villarejo manejó 46 sociedades en los últimos 30 años”. Este periódico revelaba así el entramado empresarial que el agente había construido a su alrededor durante lustros.

Febrero de 2016: primera investigación fallida. El inspector 111.470, destinado en la Unidad de Asuntos Internos de la Policía y principal investigador del caso Villarejo, contó en el juicio que en febrero de 2016 ya se topó con los sucios negocios del comisario. El agente detalló que, tras analizar información procedente de registros mercantiles, detectaron una estructura sospechosa que revelaba “indicadores de blanqueo de capitales”. “Había un capital social muy potente de más de 20 millones de euros”, subrayó. Sin embargo, añadió, desconocían de dónde procedía ese dinero y si su origen era delictivo. En octubre, la Fiscalía de Madrid ordenó archivar esas pesquisas. El inspector 111.470 explicó al tribunal que Villarejó “se enteró” en esa época de que le mantenían en la diana, pese a que la investigación era secreta: “Él conocía los detalles que se suponen que eran reservados”.

Junio de 2017: Villarejo da la cara. Con gorra y tras unas gafas de sol, el comisario reaparece en televisión el 25 de junio de 2017, en el programa Salvados. Tras años fuera de los focos, da la cara, cercado ya por otras investigaciones distintas al futuro caso Villarejo (como el apuñalamiento a la doctora Elisa Pinto, aún pendiente de juicio): “Todo el mundo habla de mí, pero no me conocen. No se ha oído mi versión”, dice en esa cita, donde remacha: “A mí me apasiona la manipulación de la opinión y de los criterios de la gente, y por eso estudio sobre eso”.

Noviembre de 2017: detención y entrada en prisión del comisario. El caso Villarejo, bautizado oficialmente como Operación Tándem, estalló el 3 de noviembre de 2017. Tras varios meses de investigación, la Policía arrestó ese día a los entonces principales sospechosos: además de a Villarejo, detuvo a su mujer Gemma Alcalá; a su socio Rafael Redondo; y a Carlos Salamanca, otro comisario. La Fiscalía Anticorrupción encabezó dicha operación, que contó con el aval de la Audiencia Nacional. Durante el registro de la casa de Villarejo, se encontró una caja fuerte oculta en su salón: “Allí había tal cantidad de material informático, microcassettes y cosas, que te dices: ‘Es verdad, no es una leyenda, es verdad que lo graba todo desde hace 40 años”, contó el fiscal Ignacio Stampa años después. El 5 de noviembre, la juez Carmen Lamela ordenó el ingreso en prisión de Villarejo.

Julio de 2018: la causa salpica al rey emérito. Las primeras líneas de investigación se centraron en encargos de espionaje de particulares a Villarejo (como las tres piezas juzgadas en el primer juicio sobre el que trata la sentencia ahora dictada), pero las pesquisas experimentan una revolución en julio de 2018. El día 16 de ese mes, la Policía envía un informe al juez titulado: “Hechos relativos a instituciones básicas del Estado”. En casa de Villarejo, los agentes habían encontrado unos audios de conversaciones entre el propio Villarejo, el empresario Juan Villalonga y Corinna Larsen, examante de Juan Carlos I. En esas grabaciones, Larsen relataba tejemanejes financieros del exjefe del Estado e identificaba a supuestos testaferros. La Audiencia Nacional archivó esta línea de investigación a los pocos meses, pero envió la información al ministerio público.

Septiembre de 2018: audios filtrados contra una ministra. El Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) se vería también inmerso en la polémica. Las conversaciones que Villarejo grabó durante años comenzaron a filtrarse de forma paulatina a los medios de comunicación. Muchos de los que habían compartido mantel con él temían que, antes o después, sus palabras salieran a la luz. Así le pasó a Dolores Delgado, ministra de Justicia en septiembre de 2018, cuando se publicaron los audios de un encuentro que mantuvo con el comisario cuando ella era fiscal de la Audiencia Nacional. Antes, Delgado había asegurado en público que no había mantenido relación de “ningún tipo” con Villarejo.

Octubre de 2018: la operación de espionaje del Gobierno de Rajoy. El 29 de octubre de 2018, Asuntos Internos pone en la mesa del juez un nuevo informe demoledor. Entre otras pruebas, los agentes presentan en la Audiencia Nacional toda una batería de audios y recibís que demuestran que el antiguo chófer de Luis Bárcenas, extesorero del PP, había sido captado como confidente para espiar a su jefe. La investigación sacó a la luz una operación “parapolicial” para robar documentación que Bárcenas pudiera guardar sobre altos cargos del PP y boicotear así la causa judicial sobre la trama Gürtel, que cercaba entonces a los populares por corrupción. Ese despliegue se puso en marcha en el Ministerio del Interior y, entre otros, se encuentran acusados el exministro Jorge Fernández Díaz; su antigua mano derecha y ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; y el jefe de la Policía Nacional con el Gobierno de Mariano Rajoy, Eugenio Pino.

Diciembre de 2018: brotan empresas del Ibex. Pocos sectores esquivan el caso Villarejo y, desde luego, el empresarial no es uno de ellos. A final de 2018, el sumario apuntará por primera vez a una compañía del Ibex 35 y abrirá la veda. La Fiscalía solicita al juez que se indague si el BBVA contrató los servicios de Villarejo durante años (como así se ha demostrado en una causa que mantiene imputado a Francisco González, expresidente de la entidad). La red de corrupción implicaría después a otras grandes compañías del país: Iberdrola, Caixabank, Repsol, Grupo Planeta, Mutua Madrileña…

Marzo de 2019: maniobras contra Podemos. A medida que Asuntos Internos escarbaba en los archivos de Villarejo, se desvelaron nuevas tramas. La Policía envió un nuevo informe a la Audiencia Nacional fechado el 19 de marzo de 2019, tras encontrar en casa del comisario una copia de la tarjeta del teléfono de Dina Bousselham, una asesora de Pablo Iglesias (Podemos), que había denunciado el robo de su móvil en 2015 y cuyo contenido acabó publicado en varios medios de comunicación. El juez Manuel García-Castellón abrió una línea de investigación para averiguar si el policía había cometido un delito de revelación de secretos al filtrar esa información a periodistas o, incluso, si se encontraba detrás una supuesta operación para sustraer el teléfono.

Octubre 2020: el fiscal Stampa, apartado del caso. La Fiscalía General del Estado, encabezada en ese momento por Dolores Delgado, aparta a uno de los dos fiscales del caso, Ignacio Stampa. El ministerio público decide no renovarlo en Anticorrupción después de que se impulsara contra él una campaña de la ultraderecha y de Villarejo.

Marzo de 2021: Villarejo sale de prisión. Casi tres años y medio después de ingresar en la cárcel, la Audiencia Nacional ordenó dejar en libertad a Villarejo ante la imposibilidad de juzgarlo antes de cumplir el plazo máximo previsto por ley para mantener a alguien en prisión preventiva (cuatro años). “¿Ellos han decidido hacer una catarsis de España? Vale, de acuerdo. Yo encantado de que eso ocurra”, dijo el comisario al dejar atrás el centro penitenciario de Estremera (Madrid).

Octubre de 2021: comienza el primer gran juicio. En esta vista oral se han enjuiciado tres líneas de investigación (los proyectos Iron, Land y Pintor). La primera se centra en la contratación del comisario por parte del bufete Herrero & Asociados para espiar a un despacho rival. Land aborda la guerra familiar de los herederos de Luis García-Cereceda, el promotor que levantó la urbanización de lujo La Finca en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Y Pintor trata de cómo el empresario Juan Muñoz Tamara, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, fichó presuntamente a Villarejo para que obtuviera de forma ilegal datos de un exsocio al que aquel reclamaba el pago de una deuda. Este juicio acabó en septiembre de 2022.

Julio de 2023: primera sentencia contra Villarejo. El tribunal, encabezado por la magistrada Ángela Murillo, emite el primer fallo contra el comisario, que lo condena a 19 años de cárcel.