Las desocupadas oficinas antiocupación de Castilla y León reciben menos de una llamada al día

Las oficinas anti ocupaciones en Castilla y León no tienen mucho éxito: reciben menos de una llamada al día. A este servicio de la Junta han telefoneado 27 veces y ha recibido siete visitas presenciales desde su apertura, el 18 de mayo, hasta finales de junio, según los datos facilitados a EL PAÍS. El consejero de Vivienda, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), presentó hace unas semanas este servicio contra un “fenómeno que preocupa y que provoca alerta social”, pero que en provincias como Salamanca, Ávila o Soria no ha registrado ningún contacto. Según el ministerio del Interior, en la comunidad se presentaron 285 denuncias de ocupaciones en 2022 por 321 en 2021. La Junta, una coalición formada por el PP y Vox, ha diseñado este sistema mediante un convenio con las Cámaras de la Propiedad Urbana provinciales para que su personal, sin inversión extra, gestione el apoyo.

El consejero aseguró al presentar el plan, y sin precisar la fuente de los datos, que entre 2016 y 2022 las ocupaciones pasaron de 125 a 205 anuales, mientras que Interior las eleva a 285 en 2022. En Castilla y León hay 1.829.954 domicilios, con el 30,4% como inmuebles “no principales”, según el último censo de Población y viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 2021. La autonomía supera notablemente a la media española en viviendas vacías o de uso esporádico, potencialmente más fáciles de allanar.

En España el año pasado hubo 16.726 denuncias de ocupaciones sobre los más de 26 millones de hogares. El secretario general de la asociación de Cámaras de propiedad urbana autonómicas, Miguel Ángel Sánchez, defiende el nuevo sistema para “dar asesoría y transmitir tranquilidad” con el personal propio de estas entidades. “No tenemos el problema que existe en otras comunidades, pero su creación es muy positiva”, sostiene Sánchez.

Un telefonista de una de las oficinas admite que “tampoco llama muchísima gente. Y no sería verdad decirlo, son dos o tres semanales”. El empleado pide “distinguir entre moradas y viviendas no habituales” y explica que “si te vas de vacaciones y a la vuelta hay alguien en tu casa, la Policía Nacional o la Guardia Civil desalojan inmediatamente”. Para ello, pide alertar rápido a las autoridades y demostrar la propiedad. Asimismo, remite a las recomendaciones de la Junta: instalar puertas de seguridad, rejas en las ventanas, alarmas o cámaras, “dar la impresión de que se encuentra permanentemente habitada” o no relatar las vacaciones en redes sociales.

La directora general autonómica de Vivienda, María Pardo, cree que “es pronto” para evaluar las oficinas y las define para “informar y asesorar a los propietarios tanto si han sufrido un episodio de este tipo como si no”. “El mercado del alquiler sufre un evidente retroceso debido a la alarma que genera la ocupación”, asegura, e incide en esta medida “para disuadir de esta práctica y generar seguridad en el tráfico jurídico”.

EL PAÍS ha solicitado el detalle de las consultas y de esas 27 llamadas y siete visitas presenciales se especifica que la mayoría consiste en pedir información general. Las conclusiones de la Junta inciden en el interés por la “prevención”, admiten “apenas casos donde haya que avisar a las Fuerzas de Seguridad” y reconocen un “problema con la Sareb y su inacción, con molestias para los vecinos”. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) es conocida como el “banco malo” y cuenta con miles de inmuebles vacíos procedentes de activos tóxicos de los bancos y cajas rescatadas en 2012. A finales de 2022 contaba con unas 67.000 viviendas vacías. El Gobierno aprobó en abril movilizar miles de esas casas para alquiler social.

En Valladolid, la provincia más poblada de Castilla y León, de las “aproximadamente 10 consultas de temática variada” no hay avisos de ocupación a estas oficinas. El alcalde, Jesús Julio Carnero (PP), prometió en campaña una “oficina de apoyo y asesoramiento a las personas que sufren okupaciones”, aparte de la autonómica. Su predecesor, Óscar Puente (PSOE), informó de que esa labor la ejercía la Sociedad municipal de suelo y vivienda de Valladolid, con una consulta en dos años.

En Zamora, las siete llamadas implicaban “preguntas no específicas, más bien generales y realizadas por gente que no tenía problemas, pero que estaba preocupada ante la posibilidad de sufrir el problema”. De los tres casos físicos, “una estaba en vías de solución” y otra “entró como ocupación, pero era una inquiokupación, es decir, una estafa de pago de primera mensualidad”.

En Burgos, un hombre denunció cuatro viviendas ocupadas, propiedad de una empresa cuya “inacción” causaba “inseguridad” al vecindario. Este fenómeno de entidades dueñas, pero desinteresadas, es frecuente en los allanamientos, como ocurre en Segovia, donde un edificio vacío fue legado en herencia, y que ha sido rehabilitado ilegalmente debido a la inacción de los herederos“.

Una segoviana alertó de que un inquilino llevaba un año sin pagarle las rentas, sin embargo, le indicaron que eso no es ocupación como tal. La mujer preguntó por la nueva ley nacional de Vivienda, consideró “que tiene que ser derogada en caso de haber cambio de Gobierno” y pidió que le comunicaran su petición al consejero. Un vecino de Palencia llamó a la oficina para denunciar un “impago de rentas de alquiler”. En Salamanca, Ávila y Soria, donde viven unas 567.000 personas, nadie se dirigió a las oficinas esas semanas.

La inactividad temporal de este servicio de la Junta refrenda las preocupaciones de los castellanos y leoneses recogidas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en su último estudio, de 2022. El sondeo plasmó que “la vivienda” era la 37ª inquietud social, con un 0,1%, frente a la principal para el 30,5%: “la despoblación”. La cifra de ocupaciones en Castilla y León se sitúa muy por debajo de los desahucios: en 2022 hubo un total de 1.596 lanzamientos, según el Consejo General del Poder Judicial; 38.266 en toda España.