España se juega su prestigio europeo en una presidencia del Consejo de la UE muy convulsa

Serán seis meses decisivos para la UE. Marcarán el inicio de una transformación política, geográfica y presupuestaria de la Unión con consecuencias para las próximas décadas. Y España, en la presidencia del Consejo de la UE, se juega su prestigio para hacer que asuntos tan cruciales como la flexibilización de la disciplina presupuestaria europea, el pacto migratorio o importantes regulaciones que consagran más derechos sociales, despeguen. Todo en un momento convulso: con la guerra de Rusia en Ucrania, debates sobre reformas para una ampliación comunitaria, Francia en ebullición, la llegada al poder de las ultraderechas y con una ciudadanía que, mientras se recuperaba de las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, pasó a sufrir las de la invasión lanzada por el Kremlin. España inicia además la presidencia marcada por las elecciones anticipadas, previstas para el día 23, que pueden dejar a la UE sin un timón firme al frente del Consejo.

Un hipotético cambio de Gobierno, con la posible entrada en el Ejecutivo de la ultraderecha de Vox, como ha sucedido en más de un centenar de administraciones locales y regionales españolas, inquieta además en varias capitales, según reconocen varias fuentes comunitarias. Otra ruptura del tradicional cordón sanitario hacia los ultras, que arrastran a posiciones cada vez más escoradas a la derecha tradicional, alteraría además los equilibrios en el Consejo y alumbraría una UE menos ambiciosa, cerrada sobre sí misma y con fuerzas que priman la política nacional.

Hay una “enorme expectación” en la presidencia española, remarca un experimentado diplomático europeo. Tendrá más de 200 temas sobre la mesa, algunos decisivos para el futuro de la UE y políticamente muy sensibles, como la reforma del pacto de estabilidad y el marco presupuestario plurianual, que plantea inyectar 66.000 millones de euros adicionales al presupuesto de la UE, con un importante capítulo financiero dedicado a Ucrania y otro a fondos para afrontar la inmigración. La revisión de ese marco será crucial para España porque está en juego el futuro de la política regional (fondos de cohesión), la Política Agrícola Común e incluso la prolongación o no del fondo de recuperación.

España llega a la presidencia —una suerte de mediador entre los socios y su representante ante las instituciones comunitarias para impulsar y aprobar regulaciones— en un momento de cambios decisivos para la UE, que debate ya el inicio de una cuenta atrás para una nueva ampliación para la que se necesitan reformas internas —como la de las mayorías cualificadas en las votaciones o la Política Agraria Común—. El debate ya no es si entrará o no Ucrania, sino cuándo, como ha remarcado el presidente francés, Emmanuel Macron. De hecho, Sánchez ha estrenado el sábado en la capital ucrania la presidencia del Consejo de la UE, una visita enormemente simbólica en la que ha trasladado al presidente Volodímir Zelenski que una de sus prioridades es, precisamente, la apertura de negociaciones de adhesión con el país víctima de la guerra imperialista de Rusia.

Sánchez, un político con perfil internacional

Sánchez, con un marcado perfil internacional, se ha propuesto impulsar las relaciones comunitarias con América Latina y el Caribe como socio estratégico y quiere avanzar en el acuerdo con el Mercosur (la quinta mayor área económica del mundo fuera de la UE, compuesta por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay). España ha diseñado además al principio de su presidencia una cumbre con América Latina. En la agenda española y como prioridad está también finalizar los últimos componentes del pacto verde —que deberían estar consagrados en la legislación para finales de año— y cerrar el pacto migratorio.

Quien ostenta la presidencia puede, por ejemplo, dar prioridad a algunos de los muchos dosieres que recibe. Sánchez, que ha diseñado una agenda para la presidencia europea ambiciosa en el fondo —una Europa más social, más verde, más unida y estratégica— y en la forma —reuniones informales con líderes y ministros en 21 ciudades españolas— ha puesto como prioridad finalizar directivas como la que lucha contra la violencia machista —el primer marco europeo—, rechazada por la ultraderecha. Y se puede encontrar con dosieres como la puesta en marcha de los nuevos impuestos, como el de transacciones financieras. Todo en un entorno nacional en el que la derecha rechaza todo tipo de nuevas tasas.

Cerrar un acuerdo en el Consejo de la UE sobre las reglas fiscales, la reforma del mercado eléctrico y avanzar mucho en el acuerdo con el Mercosur sería “un éxito”, apunta Judith Arnal, investigadora senior del Real Instituto Elcano, el mayor think tank español. Acelerar en la revisión presupuestaria plurianual (2021-2027) será complicado: Países Bajos, Alemania o Finlandia no están por la labor de poner más dinero, como reclama la Comisión Europea, y Hungría rechaza de plano crear un fondo 50.000 millones como el anunciado para auxiliar a Ucrania.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha puesto muchas esperanzas en la presidencia española, la última completa antes de dar paso a Bélgica, que solo tendrá vida útil hasta abril, ya que en junio se prevé celebrar elecciones al Parlamento Europeo, cuando ya se detiene prácticamente la maquinaria legislativa comunitaria. “Lo que ya no es posible este año tiene muchas posibilidades de acabar en el cajón”, admite el embajador de uno de los Estados miembros.

La agenda es extensa y avanzar es “crucial”, señala una fuente comunitaria. “Que actuemos de coche escoba ayuda. Hay motivación para llegar a acuerdos”, explica de forma gráfica Arnal, que confía en el éxito del semestre español pase lo que pase.

Es la tónica general en abierto. Los líderes y los diplomáticos aseguran que la solvencia de la Administración española va más allá de lo que suceda en política interna y que entre los dos partidos principales no hay diferencias de fondo, por ejemplo, en los temas económicos de este semestre, como las reglas fiscales. Además, España no es el único país que ha tenido elecciones durante su presidencia, en 2022 Francia también tuvo comicios (dos vueltas presidenciales y otras dos legislativas).

Pero una de las inquietudes es que no surja un Gobierno rápidamente tras los comicios. Si España entra en un periodo largo de negociación, incertidumbre y regateo, el Consejo estará muy debilitado y se le puede ver como un pato cojo. En Bruselas llama la atención el contraste de un Gobierno con buena imagen en los círculos comunitarios y su mala proyección en las encuestas, en un país con la inflación más baja de la UE y con buenos resultados económicos, que encabeza el Fondo de Recuperación y que, por tanto, más pagos ha recibido. Después de una década de travesía del desierto, tras el rescate bancario, el desafío independentista en Cataluña, y la caída del Gobierno de Mariano Rajoy, España está viviendo su mejor momento en la UE, donde ha recuperado el peso de ser el cuarto mayor país por población y economía, tras Alemania, Francia e Italia.

“He vivido muchas presidencias, y siempre confío en la capacidad de los Estados miembros de asumir esta gran responsabilidad durante seis meses”, aseveró esta semana la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. “Yo lo que desearía es que se cierren o se avancen todos los proyectos legislativos que sean posibles”, añadió la política maltesa, del Partido Popular Europeo (PPE), que no quiso entrar en el debate sobre el efecto electoral en el semestre español.

Sánchez está muy bien valorado en unas instituciones comunitarias, por otra parte, dominadas por los conservadores. Tiene muy buena sintonía con la presidenta Von der Leyen (del PPE) y con miembros del consejo de otros colores políticos, como el liberal holandés Mark Rutte. Se ha rodeado, además, de un equipo muy conocido y reputado en Bruselas, como la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, anteriormente alta funcionaria de la Comisión, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, incuso la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que al principio fue recibida con reticencias por su tendencia política, y se ha ganado el respeto de comisarios de peso.

El cambio de engranajes después de las elecciones preocupa en algunos círculos diplomáticos en Bruselas, admite un embajador. De ministros, que son los encargados de negociar con el Parlamento en nombre de los Estados miembros y presiden las diferentes Consejos (Economía, Medio Ambiente, Interior, Justicia, Trabajo, Igualdad). Pero también, de equipos diplomáticos y técnicos: es el embajador ante la UE, en el caso de España, Marcos Alonso, quien preside el órgano consultivo que debate las propuestas legislativas y las retoca antes de enviarlas a la mesa política de los ministros.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (que las encuestas sitúan como fuerza más votada), es consciente de esos recelos e inquietudes y en los últimos días ha tratado de tranquilizar en la burbuja de Bruselas al afirmar, por ejemplo, que “no es descabellado” que si gana las elecciones el embajador Alonso siga en su puesto.

Feijóo, que no ha cultivado perfil internacional y que no habla inglés, algo que podría dificultar la relación cercana con otros líderes, como le sucedió a Mariano Rajoy (a quien no le tocó encabezar la presidencia del Consejo de la UE) y a Zapatero (que presidió la última, en 2010), también ha creado una especie de equipo europeo, en el que están desde el excomisario de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, a los exiministros Ana Palacio y José Manuel García-Margallo o los antiguos embajadores ante la UE, Pablo García-Berdoy y Nicolás Pascual de la Parte. Su hipotética llegada al Gobierno convertiría a España en el único país grande de la UE gobernado por un partido de la familia de los populares europeos.

El semestre español supone el arranque de la batalla por el poder en Bruselas, que se librará tras las elecciones europeas de junio de 2024. El resultado electoral español marcará las posibilidades del PPE de mantener el poderío del que disfruta hasta ahora, que tiene la Presidencia de la Comisión, del Parlamento, el Banco Central Europeo y el Eurogrupo.