Un puñado de quijotes vencen a la injusticia que condenó a dos inocentes

El albañil Ahmed Tommouhi (Nador, 1951) no ha vuelto a ver a su mujer, a la que dejó en Marruecos con 28 años, tres niños y sin trabajo, para emigrar a Cataluña en busca de una vida mejor. Su mujer tiene hoy 60 años y vive sola en la casa que su marido no llegó a terminar en Nador. De estos 32 años, Tommouhi estuvo 15 injustamente preso y lleva 17 esperando “la verdad”. Hoy él también vive solo, en una “barraca” en Martorell. El tiempo acerca la verdad y Celia Carbonell, la abogada que ha conseguido esta semana que el Tribunal Supremo reconozca, por segunda vez, su inocencia, se acercó el viernes a Martorell a conocerlo en persona. Cuando escuchó que no piensa volver a Marruecos, sino que quiere que su mujer venga a España, la abogada le preguntó si no está enfadado “con este país”:

—No. Yo nunca he metido a todos en el mismo saco. ¿Por qué me voy a enfadar con la gente? Yo estoy enfadado con la justicia— dijo Tommouhi con el castellano que aprendió en la cárcel.

La historia de este albañil y su compatriota Abderrazak Mounib es una historia increíble, pero verdadera, que sigo hace 18 años. Los condenaron como una pareja de violadores en serie, a pesar de que no se conocieron hasta la primera noche que durmieron en la cárcel Modelo de Barcelona, el 14 de noviembre de 1991. Cuando apareció uno de los violadores, físicamente idéntico a Tommouhi, y el Supremo reconoció la inocencia de los marroquíes gracias a una prueba de ADN en 1997, ellos salieron en los periódicos y en los telediarios, pero no en libertad. Mounib murió de un infarto en su celda de Can Brians tres años después; y Tommouhi siguió preso nueve años más, hasta el 26 de septiembre de 2006. “Estoy en la calle, pero no soy todavía un hombre libre”, dijo entonces a EL PAÍS.

Según él, sigue sin serlo todavía hoy. Para él la libertad es una cuestión de limpieza. Y aún le queda una tercera condena por violación pendiente. “¿Quiere que lo intentemos con esa tercera?”, le preguntó su abogada el viernes en el restaurante Tánger de Martorell. “Yo quiero que me dejen como estaba cuando vine, limpio y blanco como este mantel”, dijo. Y añadió: “Depende de ustedes”, como si su nueva abogada, Celia Carbonell (Elda, Alicante, 1978), encarnara a ese puñado de ciudadanos ejemplares que a lo largo de 30 años han luchado por mantener vivo su caso contra el Estado.

El más ejemplar de todos, Manuel Borraz, no pudo acercarse a Martorell. Borraz es un ingeniero de Barcelona que montó una web con lo esencial del caso y que durante dos décadas la fue actualizando con recortes de prensa y con la correspondencia, técnicamente impecable, que él mismo dirigió a todas las instituciones del Estado. “No estoy orgulloso de nada. Para mí es un dolor de muelas, pero lo tengo que seguir haciendo”, dijo en una terraza junto a la Estación de Sants en Barcelona, al final de la tarde. ¿Por qué es una obligación? “Bueno, porque tampoco es que en ningún momento haya aparecido la Fiscalía y haya dicho: ‘A partir de ahora, nos ocupamos nosotros”, añadió.

Las víctimas como coartada

Tres décadas de desidia y sin respuesta en nombre de unas víctimas cuyos nombres no conocían. La innombrable coartada no solo ha añadido dos inocentes a la tragedia, sino que lejos de la alarma social que en los noventa justificó todos los atajos, hoy quedan 16 violaciones en busca de autor: se detuvo a uno de los verdaderos violadores, Antonio García Carbonell, pero su cómplice nunca apareció —el ADN de 1995 arroja una pista familiar—.

Ahora ya no tienen ni eso, la coartada de las víctimas. Nuria, la joven de 14 años a la que violaron en Cornellá aquel otoño de 1991, y que señaló erróneamente a Tommouhi en una rueda de reconocimiento, se retractó en una entrevista en este diario 30 años después. “Dile que me alegro de corazón de que finalmente hayan aceptado las pruebas y reconocido su inocencia”, dice en una conversación con este periódico, disculpándose por no poder ir a Martorell a decírselo en persona. “Un gran abrazo para ella también”, responde Tommouhi, que espera conocerla.

El análisis del semen recogido en la ropa de Nuria, que un tribunal presidido por la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, no entendió en 1992, es la prueba que esta semana ha servido para anular la condena. En aquel juicio, los peritos no acudieron a testificar y, en lugar de volverlos a citar, el tribunal privilegió el convencimiento de las víctimas frente a las pruebas materiales: ni siquiera entendieron que los informes incluían muestras de semen, y no solo de sangre.

El señalamiento por parte de las víctimas fue, de hecho, la única prueba de cargo en todos los casos de 1991. A pesar de que todas las violaciones y asaltos tuvieron idéntico modus operandi —dos hombres asaltaban a parejas y mujeres jóvenes en lugares apartados de Tarragona, Barcelona y Girona—, los casos fueron juzgados por separado, en función de a quién “señalaban” las víctimas: a veces Tommouhi, a veces Mounib, y en dos ocasiones, a los dos conjuntamente.

Es la segunda vez que el Supremo reconoce la inocencia de Tommouhi. En 1997, gracias a una investigación del primer quijote de esta historia, el guardia civil Reyes Benítez, el alto tribunal ya admitió que Tommouhi y Mounib habían sido condenados erróneamente por la violación cometida en Olesa de Montserrat en 1991. En aquel caso, la prueba de ADN sí permitió identificar al menos a uno de los verdaderos violadores: Antonio García Carbonell.

Detenido en 1995, tras varias violaciones idénticas a las de 1991, y aun cuando sus nuevas víctimas volvían a señalar a los marroquíes, el ADN de esa segunda serie reveló que su cómplice, al menos el de 1995, era un familiar muy cercano. Un familiar cuya identidad Carbonell, casado, gitano y padre de 11 hijos, nunca reveló. Las víctimas confundieron también la lengua que los violadores usaban entre ellos: era caló, no árabe. Para entonces, los marroquíes llevaban cuatro años presos. Como los habían juzgado en varias causas por separado, la ley impidió que aquella prueba tuviera consecuencias sobre las demás condenas. Mounib murió en prisión el 26 de abril de 2000.

El violador y los fuenteovejunos

Un puñado de quijotes, pero este caso también ha tenido sus fuenteovejunos. Cuando lo detuvieron en junio de 1995, García Carbonell se ofreció enseguida a identificar “al moro” que según él acababa de salir huyendo. A sus 60 años, Carbonell era “una especie de predicador”, “un patriarca”, un ciudadano de Sabadell a quien decenas de vecinos —muchos de ellos evangélicos, como él— apoyaron con firmas y cartas al juez que lo encarceló. Todos a una, como en Fuenteovejuna, pero esta vez para salvar al culpable. La violación está “taxativamente” prohibida entre los gitanos y por tanto su comisión por Carbonell, “de raza gitana”, era “psicológicamente inverosímil”, alegó su abogado.

Además, al contrario que a Tommouhi, a Carbonell ninguna víctima lo señaló. En 1995, algunas señalaron a otros sospechosos (también magrebíes), incluido a uno que tenía, como el violador, una verruga. Al guardia civil que fotografió a Carbonell para la ficha policial, más que el eco de la verruga, le impresionó la cara. A Reyes Benítez, la cara de Carbonell le recordó otra: la del albañil marroquí condenado cuatro años antes. “Tommouhi y Carbonell eran idénticos”, dijo muchos años después. Tras la anulación de la sentencia de los marroquíes por la violación de Olesa de 1991, Carbonell fue condenado también por ese caso.

“El señor Antonio el día de los santos lleva flores a casi todos los gitanos difuntos y en las bodas tira peladillas y da la enhorabuena a los padres de la novia”, había escrito uno de los fuentovejunos en una carta dirigida al juez de instrucción, pidiendo su excarcelación.

¿Por qué ahora?

¿Por qué entonces, si ya en 1997 una prueba de ADN demostró la inocencia de los dos marroquíes, Tommouhi, el superviviente y el único condenado en el caso de Cornellá, no ha visto reconocida su inocencia en ese segundo caso hasta esta semana? Porque, citando al periodista Robert Alla Caro, aunque el tiempo acerque la verdad, la verdad no se propaga en el vacío. La web de Borraz, que había montado con la ayuda de una ciudadana argentina, Eva Bobrow, y que el periodista Arcadi Espada citó a menudo en su blog y sus columnas de la primera década de los años 2000, sirvió sin duda de correa de transmisión.

Una funcionaria, Tote Henares, tomó el relevo de Borraz en Madrid y tocó muchas puertas de la Administración y asociaciones, como Amnistía Internacional; la también periodista Soledad Gomis, a título personal, impulsó un pequeño movimiento ciudadano de apoyo y con la ayuda de algún político, logró importantes reparaciones institucionales, como cuando en junio de 2008 el ex fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, explicó en el Parlamento catalán que nunca había oído que un preso renunciara, no ya a los beneficios penitenciarios, sino al indulto que él mismo, como fiscal, había solicitado. “El indulto es para los culpables”, repitió él esta semana. “No quiero ni oír esa palabra”.

Pero la justicia tiene unos protocolos y solo había dos vías para llevar la verdad a su molino. Que la Fiscalía asumiera su papel o que un abogado asumiera la defensa de los condenados sin pruebas. La Fiscalía intervino con eficacia en el primer caso del ADN, cuando la Guardia Civil le sirvió en bandeja la cara de Carbonell. Pero desde entonces, el ministerio público siempre alegó que no era competente para lo que, sobre todo Borraz, proponía investigar. ¿Y los abogados?

Los (otros) abogados

“Usted no confía mucho en los abogados, ¿verdad?”, tanteó la abogada Celia Carbonell a Tommouhi el viernes. “No, me engañaron mucho. Yo confiaba mucho en ellos, pero al final…”, respondió. Al final, el viernes Tommouhi volvió a sacar su talento para reírse de la pompa y se puso a imitar a Jorge Claret, aquel primer abogado de pago que tuvo, tan bien apersonado.

Mounib tuvo un buen abogado de oficio, Xavier Castellvell. Cuando salió absuelto de Olesa, el preso no quiso pedir la indemnización. Y Castellvell no la pidió. En cambio, los abogados de Tommouhi, Claret y Pedro José Pardo, que luego se hizo juez, lo engañaron. Engañaron a un preso analfabeto, en un país extranjero. Le hicieron firmar un papel en blanco y con la firma solicitaron la indemnización: 18 millones de pesetas (108.000 euros). Cuando llegó el pago, se llevaron al hermano de Tommouhi a la ventanilla de cobro, le metieron 12 millones en una mochila —”¡en una mochila!”, exclamó la nieta mayor de Tommouhi el viernes—, se la dieron y ellos se quedaron con el resto. Fabricaron una minuta, a la que ha tenido acceso este periódico, para justificar los seis millones que cobraron y en ella incluyeron recursos que no habían presentado. Incluido el que había presentado la Fiscalía pidiendo que le subieran la condena por Cornellà.

Justicia no solo poética

Esa condena de Cornellà es la que el Supremo anuló el jueves. Hace años, preguntado uno de los jueces del tribunal que lo condenó cómo era posible que el preso siguiera en la cárcel nueve años después de la primera absolución, el magistrado Gerard Thomàs respondió: “Usted lo ve desde un punto de vista periodístico y yo desde un punto de vista jurídico”. La visión del mundo de Tommouhi es la opuesta: “No hay más que una verdad: no dos, ni tres. Una”.

Entre la visión del agricultor que emigró del pueblo a la ciudad, y de Marruecos a Europa, donde no le dejaron ser albañil, y la de Thomàs, ese magistrado que citaba a Kafka cuando escribía algún artículo en este periódico, el Supremo ha dado la razón al albañil. Para eso ha hecho falta que yo me convenciera de la intuición que tuve cuando escribía Justicia poética (Seix barral, 2010). Leyendo la sentencia de Margarita Robles comprendí que no habían entendido el informe de los peritos. Ni ella, ni los otros dos jueces, el citado Thomàs y Felipe Soler Ferrer, entendieron que los peritos habían analizado una muestra de semen, y no solo de “sangre” de las ropas de Nuria.

Aquella falta de valoración convierte un viejo informe de 1992 en un “hecho nuevo” que demuestra la inocencia, tal y como exige la ley. Así me lo confirmó el mayor experto en recurso de revisión, el juez y profesor de Derecho Procesal Tomás Vicente Ballesteros. Y así lo ha ratificado el Supremo.

Entre el descubrimiento de ese hecho, que publiqué en el libro, y el convencimiento de que tenía recorrido jurídico, pasaron más de 10 años. “Los lectores tienen derecho a mi mente, pero no a mi corazón”, escribió Paul Valéry. Si han llegado al último párrafo de esta historia, tienen derecho incluso al corazón. Llamé a mi amiga Celia Carbonell y me prometió que iba a estudiarlo. Este sábado, después de haber perdido el tren de vuelta a Elda —también se pagó el segundo billete de su bolsillo—, me mandó un audio: “Lo hice por justicia y por amistad”. Dos buenas razones para intentarlo con la condena de Tarragona, esa en la que Tommouhi y Mounib siguen condenados. “Depende de ustedes”.

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