La Audiencia Nacional ordena el ingreso en prisión del exjuez Fernando Presencia

El juez Joaquín Gadea, instructor de la Audiencia Nacional, ha decretado este jueves el ingreso en prisión provisional de Fernando Presencia, un exmagistrado expulsado de la carrera por prevaricador e investigado ahora por liderar una presunta “organización criminal” dedicada a presentar denuncias falsas para obtener un rédito económico. Gadea ha tomado esta decisión tras ordenar el miércoles la detención del imputado, que no compareció en el tribunal para ser interrogado.

A través de un auto dictado este jueves, Gadea subraya las diferentes razones para el ingreso en prisión provisional. En primer lugar, el riesgo de que la trama continúe su actividad criminal, ya que no ha cesado su “dinámica delictiva” durante el año que llevan las pesquisas en marcha. Además, el juez aprecia riesgo de fuga, ya que la “instrucción está próxima a finalizar” y “ante la gravedad de los delitos a los que se enfrenta”. La Fiscalía, que ha solicitado la prisión para el exjuez, también puso sobre la mesa el riesgo de que oculte o destruya pruebas. El ministerio público le atribuye delitos contra las altas instituciones del Estado; organización criminal; estafa agravada; falsedad; asociación ilícita; blanqueo de capitales; y alzamiento de bienes.

Gadea subraya que, después de escucharlo en su declaración de este jueves, Presencia “sigue creyendo que es magistrado en activo”. “Resulta llamativo contemplar el aplomo en el que se sostiene esta posición, pese a las dos sentencias condenatorias. Lo más llamativo es que une a esta condición de magistrado un halo de impunidad, que se presenta especialmente incoherente con quien se encuentra frente a una asociación que pretende luchar contra la corrupción”, incide el instructor en su auto, donde remacha: “El investigado se cobija en la condición de magistrado para buscar una inmunidad que no ostenta ni el jefe del Estado, y pretende eludir cualquier clase de responsabilidad”.

Durante este año de instrucción, la Policía Nacional y la Guardia Civil han recabado pruebas para demostrar que Presencia urdió una trama para ganar dinero mediante la presentación de denuncias falsas con pruebas fabricadas ad hoc contra altas instituciones del Estado y cargos públicos, a los que atribuyen cuentas en paraísos fiscales, que publicitan a través de internet y redes sociales. Los implicados recaudan después dinero entre sus seguidores, que les hacen aportaciones monetarias al “creer estar” ayudando a “luchar contra la corrupción”. Para ello, la red se vale de Acodap, una asociación presidida por Presencia y creada en 2018, tras su expulsión de la carrera judicial.

Así describe el juez Gadea la trama en una de sus resoluciones: “Es un grupo criminal, con roles definidos y vocación de permanencia, en cuyo vértice se encuentra Presencia”. Según el sumario, e Presencia le acompañan toda una batería de colaboradores: “Alberto Royuela y su hijo Santiago Royuela tendrían un papel esencial en la fabricación de las denuncias y documentos mendaces que las acompañan. Juan Martínez Grasa, Alejandro Diges y Álvaro Arteaga se encargarían de la interposición de las denuncias ante las diferentes autoridades receptoras. Lidia Reina tendría un papel clave en su distribución de la misma en internet y por diferentes canales y redes sociales”.

Los siete se encontraban citados este miércoles en la Audiencia Nacional para que, durante una vistilla, la Fiscalía y las acusaciones pudieran pedir medidas cautelares contra ellos. Solo se presentaron los Royuela y Grasa, para los que el juez decretó el ingreso en prisión. Por su parte, Gadea ordenó detener a Presencia y trasladarlo ante el tribunal. El ministerior público también pidió que se arrestase a Diges, Arteaga y Reina. “Acodap, organización aparentemente creada para luchar contra la corrupción, sería de facto el medio por el que, al parecer, se enriquecerían las personas aquí investigadas, empezando por Presencia, quien una vez separado de la carrera judicial carecía de ingreso alguno. La pretendida intención de actuar contra la corrupción no sería más que un falso reclamo para atraer aportaciones y donaciones anónimas”, expone la Fiscalía.

Presencia, que creó Acodap en 2018 tras su expulsión de la carrera, ya se encontraba al borde de entrar en la cárcel por otra causa, aún pendiente de ejecución: en noviembre de 2022, el Tribunal Supremo confirmó la pena de 34 meses de prisión que se le impuso en un juzgado de Talavera de la Reina (Toledo) —donde fue juez decano— por delitos de denuncia falsa y calumnias contra el fiscal jefe de la ciudad, Ángel Demetrio de la Cruz, al que durante años acusó de corrupción sin pruebas. Antes, el alto tribunal también lo había condenado dos veces en firme por prevaricación, por beneficiar a sus amigos con decisiones que tomaba en el juzgado que encabezaba en el municipio castellanomanchego.