Desalojados los funcionarios de Justicia encerrados en Madrid

Los alrededor de 200 funcionarios de justicia, que según cálculos de los sindicatos, se mantenían encerrados en los jugados de Plaza de Castilla de Madrid han sido desalojados este viernes por orden de la jueza decana, María Jesús del Barco. Tras salir de la sede judicial, los funcionarios se han concentrado a las puertas con pancartas y gritos contra la decana y contra el Gobierno, al que reprochan no querer sentarse a negociar la mejora de las condiciones laborales y salariales que reclaman los trabajadores. Tras el desalojo de Madrid y el que se produjo el miércoles en Barcelona, los funcionarios que permanecían encerrados en Murcia y Navarra han dado por finalizadas también sus “asambleas permanentes”, según fuentes sindicales.

Los encierros habían sido la última medida de presión puesta en marcha por los funcionarios judiciales, que mantienen protestas desde abril y están en huelga indefinida desde el 22 de mayo. Reclaman un incremento salarial de entre 350 y 450 euros al mes, en la línea con el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo central y los letrados de la Administración de justicia (los antiguos secretarios judiciales) que puso fin a dos meses de huelga indefinida por parte de ese cuerpo. Los paros de los funcionarios, alrededor de 45.000 en toda España, han provocado ya la suspensión de millones de actuaciones, desde declaraciones a notificaciones, citaciones, comparecencias, juicios, embargos, desahucios y diligencias del registro civil e institutos de medicina legal y de toxicología. Los sindicatos convocantes (CSIF, CC OO, UGT y STAJ) cifran en más del 80% el seguimiento diario del paro, mientras que el Ministerio de Justicia lo rebaja hasta algo más del 20% (22,3% según los datos de este jueves) sobre el total de los funcionarios de la Administración de Justicia pertenecientes a las provincias, ciudades autónomas y órganos gestionados directamente por el departamento que dirige Pilar Llop.

Los encierros de esta semana son los segundos que protagonizan los funcionarios de Justicia, después de que cinco miembros del comité de huelga permanecieran en el Ministerio de Justicia tres días, del 6 al 9 de junio, para intentar forzar una negociación después de que la reunió a la que le había convocado el departamento de Llop acabara sin acuerdo.

En el requerimiento firmado por la jueza decana de Madrid que ha puesto fin al encierro, Del Barco señala que el uso del salón de actos en el que se encontraban los trabajadores se autorizó a petición del sindicato STAJ para el miércoles entre las 13.30 y las 15.00, con el objetivo de celebrar una asamblea informativa. Como el plazo se ha superado “en exceso” y “sin autorización”, la decana ha ordenado el desalojo “inmediato”. Los trabajadores, según fuentes del CSIF y CC OO, se han marchado en cuanto han recibido la orden.

Antes de ordenar el desalojo, la jueza decana de Madrid ya había instado al cierre de los accesos al Salón de Actos de los Juzgados, donde continúaba la “asamblea permanente” de trabajadores y las personas que abandonaban la estancia estaban siendo advertidas de que no podrían volver a entrar. CC OO ha dirigido sus críticas tanto a la decana como a la ministra de Justicia, juez de carrera y a la que acusan de negarse a negociar. “Son dos de las personas beneficiarias del clasismo que ha dado lugar a este conflicto, al haber aumentado sus retribuciones, como integrantes de la carrera judicial, en 450 euros mensuales, mientras se discrimina al resto de cuerpos funcionariales de justicia, salvo al de LAJ [letrados de la Administración de Justicia] y fiscales”, lamenta el sindicato en una nota pública.

Tras el fin de los encierros de Barcelona y Madrid, los sindicatos tienen ya convocadas otras medidas de protesta, como manifestaciones en Madrid programadas para el 27 de junio y 13 julio; manifestaciones en todas las capitales de provincia el 29 de junio y contactos con los partidos políticos para que se pronuncien y asuman las reivindicaciones si llegan al Gobierno. Además, aseguran que están ciñendo su jornada laboral a la “ejecución estricta” de las funciones que la ley atribuye a cada cuerpo de funcionarios, exigiendo la presencia de jueces y LAJ en las actuaciones que determina la ley y que. hasta ahora, aseguran, asumían los funcionarios.