Ignoradas, insultadas, infantilizadas: ‘Vulnerables’ pone en el punto de mira la violencia obstétrica

Ignoradas, infantilizadas, insultadas, agredidas, maltratadas. Es como dicen sentirse muchas mujeres durante el parto, aunque apenas ninguna lo denuncia, ni siquiera es habitual que lo cuenten a familiares y amigos. La fotógrafa y activista murciana Silvia Marte se ha propuesto dar visibilidad a la violencia obstétrica, aquella que se ejerce contra la mujer en el parto o durante el embarazo, a través de un proyecto artístico-reivindicativo, Vulnerables, en el que 33 mujeres se desnudan y retratan, literal y figuradamente, para contar sus experiencias con el objetivo de que este tipo de situaciones dejen de estar normalizadas.

El germen del proyecto surgió en 2016, cuando la fotógrafa se quedó embarazada. Llevaba una década retratando a futuras madres, recién nacidos y familias, y reconoció en ella misma los miedos y temores, las tristezas, las angustias, dice, que había visto tantas veces antes en su trabajo. En noviembre de 2021 decidió involucrarse más a fondo y lanzó una convocatoria en sus redes sociales en busca de mujeres que se sintieran víctimas de violencia obstétrica y quisieran ser fotografiadas. “En solo unas horas tenía cientos de peticiones. Historias tan duras a las que no podía ni siquiera contestar. Me sentí totalmente sobrepasada”, explica a EL PAÍS. Y decidió formarse.

Contactó con ginecólogas, matronas, psicólogas perinatales, profesionales del suelo pélvico. Llegó a la conclusión de que, el principal problema de la violencia obstétrica es que está completamente normalizada: “Ni quienes la practican ni quienes la sufren son capaces de identificarla. Para acabar con un problema, el primer paso es reconocer que existe”, subraya. En marzo de 2022 comenzó a retratar y entrevistar en un vídeo documental a esas “mujeres valientes” y ahora su objetivo es recoger testimonios por toda España, ya que el primer trabajo se limitó a la Región de Murcia y algunas provincias limítrofes. Presentó la exposición Vulnerables, actualiza y trabaja en su página web sobre la materia y prepara en una futura publicación.

Alicia fue una de las primeras que contactó con Silvia Marte cuando vio su anuncio en las redes sociales, “sorprendida”, cuenta por teléfono, de que alguien “por fin” quisiera escuchar una realidad que para todos parecía ser tabú y que ella quería contar para que otras mujeres “se puedan librar” de lo que ella “sufrió”. Dio a luz en diciembre de 2018 en un parto, asegura, en el que le practicaron “todo tipo de técnicas sin tener en cuenta la evidencia científica” y que desembocaron en una cesárea de urgencia que le practicaron sin tener anestesia en el vientre, solo con la epidural, hasta que acabaron aplicándole una anestesia general ante sus gritos desesperados.

Llevaba unas doce horas dilatando y el propio personal sanitario le reconoció que ni ella ni su hijo corrían peligro alguno: “Fue una cirugía mayor preventiva, como extirpar un pecho por si algún día tienes cáncer. Me hicieron una cesárea porque era la hora de la cena, y entre ellos comentaban que iba a cerrar la cafetería del hospital”, rememora. La experiencia para ella fue tan dura que ha sido diagnosticada de trastorno por estrés postraumático: no podía dormir y, cuando lo hacía, despertaba gritando, desorientada, reviviendo el episodio de la cesárea. “Me destrozó. Me imposibilitó. No quería a mi bebé, sentía que no era mío”, relata. Ha estado en terapia psicológica durante más de dos años y medio.

Un año después de nacer su hijo, decidió poner una queja en el hospital, pero no se la aceptaron por el tiempo transcurrido. “Mi salud mental no me lo había permitido antes”, resume. Además, en el parte médico que le entregaron no había ninguna información de lo ocurrido durante todo el transcurso del parto, más allá de que se le había practicado una cesárea.

Esa falta de información en los documentos oficiales unido a la vulnerabilidad del momento son los motivos principales por los que son muy pocas las mujeres que llegan a presentar reclamaciones formales, muchas menos las que llegan a los tribunales, explica la fotógrafa. Solo una de las Vulnerables, Leticia, ha acudido a la justicia, y lo ha hecho para denunciar, no la violencia ejercida contra ella, sino las secuelas sufridas por su hijo, que nació en el verano de 2018 de un parto vaginal que le provocó una lesión irreversible denominada “parálisis braquial obstétrica”, que supone la ruptura de los nervios del brazo. El bebé pesó 4,670 kilos y, entre la documentación que Leticia exigió al hospital, se coló un informe de realización de una cesárea de urgencia por “desproporción pélvico-fetal”. Todos los datos se correspondían con los suyos y estaba firmado una hora antes de la hora a la que nació su hijo, aunque la cesárea nunca llegó a hacerse. Leticia se aferra a ese documento para demostrar ante la justicia que hubo una negligencia porque los sanitarios que la atendieron conocían el tamaño del bebé, las dificultades que podía conllevar un parto vaginal y la indicación de practicar una cesárea que hubieran evitado las lesiones del menor.

”Se pone mucho el foco de la violencia obstétrica en las cesáreas que se practican sin ser necesarias, pero a mí me privaron del derecho a una intervención que sí lo era, me obligaron a parir de manera natural a pesar de que mi hijo va a sufrir las consecuencias de por vida”, advierte. Y subraya: “La violencia obstétrica es no tener respeto, no informar y no personalizar un parto. Es normalizar que en un parto pueda haber lesiones para la madre o para el bebé. Es tomar decisiones a costa de la mujer y de su hijo”.

Su caso aún no se ha resuelto en los tribunales, y reclamar por las secuelas a la madre parece misión imposible, incluso en los casos más graves, como el de Rebeca, que dio a luz en 2012. Explica que le hicieron la desaconsejada por la OMS maniobra de Kristeller, que le provocó una rotura de los ligamentos que unen el abdomen y el útero, y también una episiotomía que llegó hasta el ano. Como consecuencia, sufrió un grave prolapso de útero, vejiga y recto con el que ha lidiado desde entonces: “La vejiga estaba completamente fuera de mi cuerpo, no podía andar más de media hora, tenía dolor al sentarme, las relaciones sexuales eran horrorosas”. Tras años de terapia de suelo pélvico, le denegaron operarla “porque era muy joven (tenía 36 años) y podía aguantar”. Desesperada, recorrió innumerables consultas privadas durante tres años más hasta que le hablaron de un tratamiento quirúrgico para su caso. Fue operada el pasado mes de mayo, once años después de dar a luz. Para ella, la violencia obstétrica ha ido mucho más allá del parto: se ha prolongado durante todo este tiempo en que la han conminado a “aguantar”.

Para Silvia Marte, un capítulo aparte en la violencia obstétrica merecen las mujeres que han sufrido un aborto o una pérdida perinatal. En la sanidad pública murciana no se practica ninguna interrupción del embarazo, ni voluntaria ni por motivos médicos, sino que todas son derivadas a clínicas concertadas. Conchi, otra de las participantes en Vulnerables, supo que su hija tenía malformaciones incompatibles con la vida en la semana 10 de embarazo, pero no pudo interrumpirlo hasta la semana 18, “con el daño psicológico que ello supone”. Considera que el Servicio Murciano de Salud dilató indebidamente la situación. Cuando por fin interrumpió el embarazo, la ingresaron “en la planta de maternidad, oyendo llorar a los recién nacidos”.

La fotógrafa cree que la violencia obstétrica debería considerarse violencia machista, tal y como se planteó en un primer borrador de la reforma de la ley del Aborto, que finalmente se aprobó el pasado mes de febrero sin hacer alusión a esa expresión. La propuesta había sido muy criticada por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, que rechazaron de plano y consideraron “muy desafortunado” ese concepto, entendiendo que no se ajustaba a la realidad y generaba una “alarma social innecesaria”.

Para la ginecóloga Francisca Guirao, la controversia generada parte de un “abuso” del uso de ese concepto desde ámbitos políticos. “La violencia obstétrica existe como tal, pero no todo lo que se denuncia lo es”, defiende. En su opinión, lo que sí hay es “un exceso de concebir la medicina desde un punto de vista paternalista” en la que los facultativos actúan sin preguntar a la paciente, “sin presentarse siquiera”.

Emilio Bastida es matrón en la sanidad pública murciana y trabaja además en la única empresa que en la comunidad autónoma asiste partos a domicilio, y tiene claro que “la violencia obstétrica existe” y es un tema que “divide muchísimo al personal sanitario”: quienes tratan de cambiar esa situación, asegura, son ninguneados o incluso castigados. “Verbalizar que un compañero está ejerciendo violencia contra una mujer en un parto puede costar muchos conflictos laborales y también psicológicos. Muchos prefieren ponerse una venda o simplemente no se pueden permitir perder un empleo o enfrentarse a sus superiores”, lamenta.