Los más de 100 millones de euros que se esfumaron en burdeles de España

En el club Flower’s, uno de los mayores prostíbulos de Madrid, el negocio parecía caer a un ritmo de infarto hace una década. Sus dueños (Antonio Herrero y José Lázaro) declaraban a Hacienda unos importes que, aparentemente, revelaban una crisis bestial: la facturación a clientes en 2014 se había desplomado hasta los tres millones de euros, frente a los más de ocho millones de 2009. A la policía le olía fatal este descenso en picado. Y, según el juez José Luis Calama, instructor de la Audiencia Nacional, detrás se escondía realmente un sistema para ocultar al fisco buena parte de sus beneficios. Una trama que se repetía en casi otra veintena de burdeles del país, según las conclusiones del sumario de la llamada Operación Pompeya. Por ello, este viernes, el magistrado ha decidido abrir juicio oral contra 30 personas, e imponerles unas fianzas que superan los 2.000 millones de euros en total.

“El descenso de los ingresos podría achacarse a la crisis económica sufrida en estos últimos años”, exponía el juez José Luis Calama ya en febrero de 2022, cuando procesó a los implicados, avanzando una de las posibles excusas que pueden poner las defensas sobre la mesa: “Pero, aceptando la incidencia de este factor, se advierte que es absolutamente insuficiente para dar razón de la evolución indicada en las facturaciones de los clubes, y dicha circunstancia podría haber sido utilizada como pretexto para registrar tamañas caídas en estas variables”.

La pista del dinero acorrala así, finalmente, a históricos propietarios de grandes prostíbulos de España. Pese a que esta investigación nació en 2014 a raíz de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentase una denuncia por delitos de trata de seres humanos, tráfico ilegal de personas, blanqueo de capitales, organización criminal y relativos a la prostitución; la causa ha prosperado por delitos fiscales. Según consta en el auto de procesamiento de los implicados, el juez destaca que urdieron un complejo entramado societario para ocultar a Hacienda los enormes beneficios obtenidos de la venta de copas y de los “pases del servicio de alterne” que se ofertaban en locales distribuidos por ocho provincias, lo que les permitió defraudar más de 111,6 millones de euros en concepto de cuota tributarias no ingresadas del IVA, Impuesto de Sociedades e IRPF.

Además del Flower’s, entre los establecimientos bajo sospecha se encuentran también el Riviera, en Castelldefels (Barcelona), ya derribado, pero que fue el mayor puticlub del país durante años; y el Paradise, en la provincia de Girona, “considerado uno de los locales de alterne de mayor dimensión de Europa”, según el juez.

La investigación de la Operación Pompeya desveló que la red de fraude se dividía presuntamente en seis subtramas: cinco de ellas se dedicaban a la explotación de los clubes que tenían bajo su control —estas las encabezaban los propietarios: Antonio Herrero; José Vera; Ángel Crispín Gilaranz; José Moreno Gómez; Santos Pérez Vargas; y José Arsenio Pérez Vieitez, alias El Presidente—; y la sexta, liderada por Jesús María Larrañaga, se ocupaba de la “operativa de ocultación de ingresos”. Larrañaga prestaba un servicio de “intermediación” a los dueños de los prostíbulos, a los que ofrecía unos datáfonos para cobrar. Así, los burdeles cargaban en las cuentas bancarias de una empresa de Larrañaga los pagos de los clientes, que ejercía como pantalla “para ocultar el verdadero destinatario” de los abonos.

Los clientes abonaban una comisión extra del 10% al pagar con tarjeta a través de estas terminales, pero se beneficiaban porque los “nombres o datos relacionados” con los burdeles no aparecían después en los extractos de sus cuentas, sino que constaba la empresa del “intermediario”. Por su parte, según el sumario, Larrañaga y los propietarios de los clubes se repartían ese sobreprecio: el 6,5% se lo quedaba el primero; y el 3,5%, los segundos

La Fiscalía ha presentado escrito de acusación contra solo seis de los procesados y ha pedido archivar la causa contra el resto “al no haber quedado debidamente acreditada su participación” en la trama. Sin embargo, el juez ha decidido sentar en el banquillo a otras 24 personas, ya que él sí considera que existen pruebas suficientes contra ellos, como les imputan la Abogacía del Estado, la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Hacienda Foral de Navarra, que también han presentado acusaciones contra ellos. Respecto a los principales acusados, el ministerio público solicita cárcel para Antonio Herrero (30 años); José Vera (30 años); Ángel Crispín Gilaranz (2 años y medio); José Moreno Gómez (10 años); y José Arsenio Pérez Vieitez (7 años y medio). La Diputación de Gipuzkoa plantea que se imponga a Larrañaga y Santos Pérez Vargas hasta 87 años y medio de cárcel —para Larrañaga, Navarra también pide una condena de prisión—.