La expedición al ‘Villa de Pitanxo’ se prepara para embarcar a los peritos que ordene el juez: “Esperamos que la misión se pueda llevar a cabo”

La Ciaim (Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos), adscrita al Ministerio de Transportes, ya trabaja para que embarque en San Juan de Terranova (Canadá) el personal que la Audiencia Nacional ordene que forme parte de la expedición que tratará de llegar hasta los restos del pesquero gallego Villa de Pitanxo, que se hundió el 15 de febrero de 2022 a 450 kilómetros de las costas del país americano —un naufragio que dejó 21 víctimas: nueve marineros muertos y doce desaparecidos—. Estos preparativos se han puesto en marcha después de que la expedición a bordo del buque Artabro partiese el 17 de mayo del puerto de Vigo sin la autorización del juez Ismael Moreno y sin uno de los peritos que debe elaborar el informe para el magistrado instructor. “Esperamos que la misión se pueda llevar a cabo en los términos previstos”, explica el secretario de la Ciaim, Francisco Mata, este miércoles a EL PAÍS.

Según fuentes jurídicas, el Artabro prevé llegar a San Juan de Terranova este jueves. El magistrado ha autorizado que suba a bordo, además de los dos peritos designados por el juzgado, un tercero designado por algunas familias de las víctimas.

Los últimos días se han convertido en una auténtica pesadilla para las familias de las víctimas, que temen que las defensas “puedan cuestionar los resultados” de la expedición en un futuro. “Nosotros, más que nadie, queremos que salga ese barco, pero tiene que ser cumpliendo todas las garantías para que luego nadie ponga en cuestión la validez de esta prueba”, ha llegado a afirmar la portavoz del colectivo, María José de Pazo. El Artabro zarpó sin el visto bueno del juez Moreno, que investiga las causas del naufragio y que mantiene imputado al patrón del Villa de Pitanxo, Juan Padín, por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores.

La partida de la misión el 17 de mayo generó, por tanto, un gran malestar. No solo entre las familias de las víctimas. Sino también en el propio magistrado, que este lunes firmó un duro escrito donde exigía explicaciones a la Ciaim y a la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera, adscritas ambas al Ministerio de Transportes. El juez reprochaba que no se habían cumplido sus órdenes; ya que, una vez adjudicada la expedición a una compañía, le correspondía a él fijar las fechas de los trabajos, así como “la forma y peritos intervinientes”.

El martes, el subdirector general de Administración y Gestión Financiera, que depende directamente de Transportes, respondió al juez instructor que se habían “limitado” a labores administrativas para adjudicar el contrato a la empresa ACSM Ships —el Artabro forma parte de su flota— y que todas las decisiones sobra la misión las tomó la Ciaim, un órgano “independiente” que no funciona bajo las órdenes del ministerio, pese a estar adscrito a este. Según indicó en un escrito, la Comisión Permanente trabaja por su cuenta y, según la ley, no se le puede dar ningún tipo de indicación: “Es responsabilidad de la Ciaim la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas del contrato, la evaluación técnica de las ofertas recibidas, y especialmente, la ejecución del contrato”.

Por su parte, contactado por EL PAÍS, el secretario de la Ciaim, Francisco Mata, ha afirmado este miércoles que este órgano ha “atendido puntualmente todos los requerimientos que el juzgado nos ha dirigido”. “El buque [Artabro] salió de Vigo atendiendo a los términos del contrato firmado entre el armador y el ministerio. Por nuestra parte, ahora mismo estamos coordinando el embarque en San Juan de Terranova del personal que indique el juzgado y esperamos que la misión se pueda llevar a cabo en los términos previstos”, ha añadido.