La Audiencia Nacional exige explicaciones a Transportes por no cumplir sus órdenes para investigar el naufragio del ‘Villa de Pitanxo’

El juez Ismael Moreno, instructor de la Audiencia Nacional, ha pedido al Ministerio de Transportes que le explique de forma “urgente” por qué no se han seguido las órdenes que dio sobre la operación para localizar y bajar hasta el pesquero gallego Villa de Pitanxo, que se hundió el 15 de febrero de 2022 a 450 kilómetros de las costas de Terranova (Canadá). A través de un duro escrito fechado este lunes, el magistrado reprocha al Gobierno que la expedición zarpase del puerto de Vigo (Pontevedra) el 17 de mayo “sin expresa autorización” de su juzgado y sin haber “dado cumplimiento” a las “reiteradas” indicaciones que se les transmitieron. Ismael Moreno mantiene abierta una investigación sobre el naufragio, que dejó 21 víctimas: nueve marineros muertos y doce desaparecidos.

En su escrito, el juez se dirige a los máximos responsables de la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) y de la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera, ambas dependientes de la cartera de Transportes, para que “informen urgentemente de las razones por las que no se ha dado debido cumplimiento a lo ordenado”. El magistrado incide en que sus instrucciones eran “claras y precisas”. De hecho, en un oficio del 8 de mayo, ya pedía al ministerio toda la información y documentación relativa a la “contratación y adjudicación” del proyecto para buscar e inspeccionar el pesquero hundido. Y advertía entonces que todo ello era “al objeto de que por el Juzgado se concierte con la empresa adjudicataria las fechas en las que se va a desarrollar la operación”.

Moreno también recordó a Transportes, cuya ministra es la socialista Raquel Sánchez, que correspondía a la Audiencia Nacional “determinar” las fechas de la operación, así como “la forma y peritos intervinientes”. Sin embargo, no recibió respuesta durante días. El magistrado explica que no fue hasta las 21.27 del 16 de mayo, cuando apenas faltaban unas horas para que zarpase la expedición —a bordo del buque Artabro, de la empresa ACSM Ships—, cuando la Ciaim le envió un correo electrónico donde se le comunicó la salida inminente: al día siguiente. Por ello, el 17 de mayo, el instructor envió un nuevo escrito al Ministerio para subrayar sus indicaciones.

Pero no sirvió para nada. “Al parecer, ha zarpado el buque con un solo perito judicial —pese a que se habían nombrado a dos técnicos—, sin expresa autorización de este Juzgado, prescindiendo total y absolutamente de cuantos extremos y circunstancias se reseñaban en el oficio”, denuncia este lunes el magistrado, que aún no tiene constancia oficial de la salida del Artabro. Por ello, el juez exige las siguientes explicaciones e información al ministerio: “Si a bordo se encuentra alguno de los peritos judiciales designados, el itinerario y las fechas de realización de los trabajos contratados; así como las medidas que se han adoptado o se van a adoptar para garantizar la presencia física de los dos peritos judiciales para la práctica de la pericia judicial acordada, ya que serán quienes deben emitir el correspondiente informe pericial y presentarlo ante este juzgado”.

Transportes ha explicado en la tarde del lunes que trabajan en la respuesta al requerimiento del juez. Según fuentes del ministerio, se aportará toda la información sobre la contestación “ya dada” al oficio del 8 de mayo y se reiterará la disposición a la máxima colaboración con la justicia. Estas fuentes también han destacado que todas las decisiones sobre la gestión del contrato para la expedición han correspondido al Ciaim, un órgano “independiente funcionalmente” pese a estar adscrito orgánicamente al ministerio. Por ello, recalcan que este debe ser el que “aporte la información requerida” por Moreno

La pasada semana, las familias de las víctimas denunciaron que la expedición comenzó sin autorización del juzgado y solicitaron, incluso, la vuelta del Artabro. “Nosotros, más que nadie, queremos que salga ese barco, pero tiene que ser cumpliendo todas las garantías para que luego nadie ponga en cuestión la validez de esta prueba”, afirmó la portavoz del colectivo, María José de Pazo: “El Ministerio ha sido cómplice de que salga un barco sin autorización judicial [...] ¿Por qué se estropea así todo el trabajo? ¿Por qué se tiran tres millones de euros de todos los contribuyentes? Es dinero de todos. No lo pone Pedro Sánchez”.

Este lunes, las familias han incidido en lo mismo y han tachado de “disparate y despropósito” la actuación de los responsables del Ministerio de Transportes que decidieron iniciar la expedición para localizar el Villa de Pitanxo sin la autorización del juez instructor. “Es muy triste que después de un año de lucha para conseguir que se diera este paso judicial en la investigación, se puedan cuestionar los resultados por una mala actuación que supone una desobediencia flagrante al auto del instructor del pasado 8 de mayo”, ha comentado De Pazo. La portavoz de las familias espera que “los responsables de este disparate den una explicación convincente de la actuación”. La portavoz también confía en que con “esta providencia del juez se pueda reconducir la situación para que no se vuelva a repetir un hecho como este”.

Un día después de que zarpase el Artabro, el Ciaim emitió un comunicado. La nota afirmaba: “A bordo del buque, además de su tripulación y del personal necesario para la operación de los equipos de búsqueda e inspección submarina, va embarcado un miembro de la Ciaim, así como un representante de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA, por sus siglas en inglés), que participa en las operaciones como observador. También ha embarcado un perito judicial, designado por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, para participar en las operaciones en el marco de las actuaciones judiciales que se llevan en ese juzgado por este accidente”.

Transportes calcula que “las operaciones de localización e inspección en la zona” del naufragio se pueden prolongar hasta 25 días, “en función de las condiciones meteorológicas, a los que hay que sumar las dos semanas de navegación de ida y vuelta desde Vigo”. “De esta manera, se prevé que el buque Artabro arribe a Vigo antes de que finalice el mes de junio, previsión que podrá ir variando en función del desarrollo de las operaciones”.

El juez Moreno mantiene imputado al patrón del Villa de Pitanxo, Juan Padín, por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores. Padín y su sobrino, Eduardo Rial (dos de los únicos tres supervivientes), afirmaron que, después de sufrir una parada “repentina” en el motor principal en plena recogida del aparejo, el pesquero se hundió “de forma muy rápida” por los golpes de mar que lo escoraron. Sin embargo, el tercer superviviente, el marinero Samuel Kwesi, ofreció una versión distinta y dijo que Padín no atendió a las advertencias que le habían hecho los marineros, y que tampoco dio la orden de abandonar el barco ni de colocarse los trajes de supervivencia.