El general de la Guardia Civil que no quería jubilarse y acabó imputado por corrupción

El general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas no quería jubilarse. Abocado al retiro por edad en el instituto armado, aspiraba a tener entonces un puesto de “director de relaciones institucionales” de una empresa con un sueldo de 5.000 euros al mes y una tarjeta para gastos de protocolo. Así se lo dijo el propio Espinosa, durante su declaración del pasado 16 de febrero, a la jueza María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres para justificar sus vínculos con la trama desmantela en el caso Mediador, que prometía a empresarios agilizar expedientes de ayudas europeas o facilitarles la consecución de contratos a cambio de comisiones y dádivas. Este jueves, casi tres meses después de aquella comparecencia, el alto mando del instituto armado, que está acusado de los delitos de cohecho y organización criminal, ha sido puesto en libertad provisional al considerar la justicia que ya no hay riesgo de que se fugue o destruya pruebas.

Los últimos años en activo de Espinosa en la Guardia Civil fueron, precisamente, un constante intento de evitar su jubilación. Ya lo consiguió al límite en 2016, cuando los entonces ministros de Interior, Juan Ignacio Zoido ―sevillano como él y con quien tenía una cercanía personal―, y Defensa, María Dolores de Cospedal, lo ascendieron a general de división tan solo cinco días antes de que pasase a la reserva. Esta decisión permitió a Espinosa seguir en activo y ocupar, primero, la jefatura de Cooperación Internacional y, desde 2017, la dirección del Proyecto GAR-SI Sahel, un proyecto financiado por la Comisión Europea en esta zona de África en el que se adjudicaron cuatro contratos ahora bajo sospecha de estar amañados por la trama del caso Mediador. Finalmente, en enero de 2021, cuando cumplió los 65 años, el general pasó a la situación de retiro en la Guardia Civil, aunque incluso entonces consiguió permanecer cinco meses más al frente del proyecto europeo, según reflejan las nóminas que recibió y que obran en el sumario.

Según relató ante la jueza el propio Espinosa, su relación con la trama y, en concreto, con el mediador confeso de la misma, Antonio Navarro Tacoronte, comenzó “por casualidad en Valencia” en julio de 2020, cuando aún estaba en activo en el instituto armado. “Un día que estaba cenando en un restaurante con unos amigos, salimos a la puerta del restaurante a fumarnos un cigarro. En la mesa de al lado estaba sentado él [Navarro Tacoronte] y me dijo ‘qué bien huele’. Le dije ‘es canario’, y me dice ‘yo soy canario también”. Empezaron una conversación, se hicieron una foto juntos y el general dio a Navarro su tarjeta de visita. “Más adelante me mandó un mensaje diciéndome que su socio, Antonio Bautista [uno de los empresarios investigados en la trama], iba a venir de Canarias a Madrid y me iba a traer una caja de puros al aeropuerto”.

Un informe policial incorporado al sumario detalla que el alto mando se integró presuntamente en la trama poco después de aquel encuentro, en septiembre de 2020, y permaneció en ella aproximadamente un año, hasta que “los empresarios comenzaban a advertir que a pesar de haber efectuado los pagos exigidos no veían prosperar el resultado prometido”. En ese tiempo, las pesquisas vinculan a Espinosa con cuatro empresarios y, sobre todo, con el mediador.

Los investigadores concluyen en sus informes que el modus operandi del general era casi siempre el mismo: recibía a los empresarios en su despacho oficial en la Dirección General de la Guardia Civil, en Madrid, para “seducirlos” de su capacidad de influencia y, posteriormente, almorzaba con ellos en un restaurante cercano en el que “en ocasiones” estos le entregaban algún presente “como parte del engrasamiento hacia el funcionario [para facilitar su colaboración]”. Los informes policiales destacan que, tras ese primer encuentro, los empresarios incrementaban “el gasto de los supuestos sobornos” al general que, junto al pago de vuelos, hoteles y otras comidas, incluía la entrega de dinero en efectivo y de tarjetas prepago.

Alias ‘Papá' y ‘Viejo’

Navarro aseguró en su declaración judicial que Espinosa, al que la trama se refería con los alias de Papá y Viejo, era “mucho más prudente” a la hora de recibir “regalos” que el otro presunto integrante destacado de la trama, el entonces diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, aunque detalló que ello no impidió que los empresarios a los que prometía ayudar le pagaran todo tipo de regalos. Tanto el general como el exparlamentario socialista han negado conocerse y las pesquisas apuntan que las supuestas irregularidades de uno y otro no tenían conexión más allá de participación en ambas del mediador.

Navarro también afirmó en el juzgado que el alto mando llegó a pedir a uno de los empresarios que contratase como comercial, con un sueldo de 3.000 euros al mes, a una mujer con la que supuestamente mantenía una relación sentimental, y a la que el propio alto mando se refería en sus conversaciones por WhatsApp con otros miembros de la trama como “chocho volador”.

El mediador añadió que el general justificó precisamente su intervención en la trama en que “tenía que buscarse un futuro económico porque se iba a jubilar y tenía que buscar un porvenir” tanto para él como para esta mujer. En su declaración, el mediador aseguró que él entregaba en mano al general un sobre con dinero ―entre 1.500 y 3.000 euros ― cada vez que se veían y que estos fondos eran aportados por los empresarios. En un audio incorporado al sumario se escucha presuntamente al alto mando contar los billetes que le daba el mediador.

En uno de los escritos que presentó en el juzgado para pedir su excarcelación, el alto mando niega su implicación en la trama y asegura que todo es un “montaje propiciado, urdido, ejecutado y aprovechado por el propio Navarro Tacoronte” y que, en realidad, lo que hay detrás “es una gran estafa” cuyo “único beneficiario” es este, mientras que él se presenta a sí mismo y a los empresarios implicados como “perjudicados y víctimas”. De hecho, el alto mando del instituto armado ha afirmado desde su detención que no ha cometido ninguna irregularidad. “A mí no ha habido ningún empresario que me haya pedido esto, aquello o lo de más allá. No me lo han pedido”, le insistió a la jueza durante su declaración de febrero.

En contra de esta versión autoexculpatoria del general juegan dos circunstancias aparecidas durante la investigación: el hallazgo de 61.110 euros en fajos de billetes encontrados en su domicilio en Madrid ocultos en una caja de zapatos y entre la ropa, y una cuenta abierta en una entidad bancaria belga que no tenía declarada a Hacienda. Espinosa intentó explicar que el dinero procedía de herencias, compraventas de pisos e, incluso, de un reloj de lujo, además de su sueldo como guardia civil: “Yo he ganado mucho dinero durante mi vida profesional”, destacó el alto mando ante la jueza.

Sobre la cuenta bancaria, en uno de los escritos en los que solicitaba su libertad, aseguró que la abrió para recibir sus “emolumentos procedentes de la UE” como director del proyecto en el Sahel, aunque un informe policial recoge que, al menos entre enero y mayo de 2021, sus últimas nóminas por su trabajo para la Unión Europea, no los recibió en esa cuenta belga, sino en la que tenía en España. De hecho, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en el auto por el que este jueves ha ordenado su puesta en libertad provisional con medidas cautelares, insiste en que hay “indicios muy sólidos” contra el general que no quería jubilarse para mantenerle imputado por corrupción.