La Fiscalía europea asume la investigación del supuesto fraude de fondos de la UE destapado en el ‘caso Mediador’

La titular del Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, ha dictado este lunes un auto por el que cede a la Fiscalía Europea la parte de la investigación del caso Mediador referida al supuesto fraude de fondos europeos por parte de esta trama de corrupción desmantelada en Canarias, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma. La decisión afecta a dos de los imputados: el general de la Guardia Civil retirado Francisco Espinosa Navas ―señalado como uno de los presuntos cabecilla de la red junto al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni―, y el empresario valenciano José Suárez Esteve, a los que se acusa de amañar contratos para que el segundo vendiera drones a un proyecto europeo de seguridad en países del Sahel que dirigía el alto mando del instituto armado.

Con su decisión, la magistrada pone “a disposición” de la Fiscalía europea no solo las actuaciones practicadas hasta ahora sobre el supuesto fraude de fondos europeos, sino también la situación procesal del propio general. De esta manera, el órgano europeo dirigirá a partir de ahora la investigación sobre el alto mando. Sin embargo esto no quiere decir que el órgano europeo decida sobre si este continua en prisión preventiva. La Fiscalía europea emitirá un dictamen sobre esto, pero la decisión sobre su libertad o encarcelamiento dependerá en todo caso de un juez de garantías, normalmente un juez central de la Audiencia Nacional. El general Espinosa es el único de los 12 investigados que permanece encarcelado. El resto de la causa, iniciada tras las revelaciones de uno de los implicados, Antonio Navarro Tacoronte, intermediario confeso de la trama, seguirá siendo instruido por la jueza de Tenerife.

La intervención de la Fiscalía Europea (un órgano que empezó a funcionar en junio de 2021 para luchar contra el fraude con fondos comunitarios) se produce después de que las pesquisas del Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil apuntasen a supuestas irregularidades en, al menos, cuatro contratos del proyecto GAR-SI Sahel, un programa financiado por la Comisión Europea y gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) para reforzar la seguridad en Mauritania, Burkina Faso, Malí, Níger, Senegal y Chad. Estas adjudicaciones, por un total de 260.000 euros, habían recaído entre 2020 y 2021 en el también imputado José Suárez, dedicado a la comercialización de drones. Un informe de la Comisión Europea estimaba recientemente que el periodo en el que el general estuvo al frente del proyecto, entre 2017 y 2021, hubo “al menos, 12 millones de euros de gastos imprudentes e injustificados”.

Dentro de estas pesquisas, la jueza Lorenzo-Cáceres también rastreaba posibles bienes que el general Espinosa pudiera tener en los países del Sahel así como una cuenta abierta por este en una entidad bancaria en Bélgica y cuya existencia el alto mando no había declarado a Hacienda. A principios de marzo, el general retirado fue interrogado por la magistrada y la Fiscalía Anticorrupción en sede judicial por los contratos financiados con fondos europeos que ahora están bajo sospecha. Ante la pregunta de si había hecho llegar al empresario algún tipo de información previa de las licitaciones de manera irregular, la respuesta de Espinosa fue esquiva: “No lo sé, no me acuerdo, me va a perdonar, pero no recuerdo si se lo mandé”.

“Emolumentos procedentes de la UE”

El general también ha intentado justificar en los últimos meses la existencia de la cuenta en Bélgica. En uno de los escritos que ha presentado en el juzgado para pedir su excarcelación, aseguraba que la abrió con el único fin de recibir sus “emolumentos procedentes de la UE”, además de “algunos ingresos” procedentes del depósito que él y su esposa tenían en una entidad bancaria en España. Sin embargo, el informe elaborado por Asuntos Internos de la Guardia Civil recoge que, al menos entre enero y mayo de 2021, las nóminas por su trabajo en el Proyecto GAR-SI Sahel no los recibió en esa cuenta belga, sino en la que tenía en España. Espinosa tampoco consiguió explicar en aquel escrito el origen de la totalidad de los 61.110 euros en fajos de billetes que la Guardia Civil localizó en su domicilio de Madrid y esgrimió que “no es necesariamente ilegal tener efectivo en casa”.

El caso Mediador es el nombre que ha recibido la causa judicial abierta tras la operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil que ha permitido desmantelar una supuesta trama de corrupción asentada en Canarias y que se dedicaba a cobrar comisiones a empresarios, principalmente del sector ganadero, a cambio de evitar inspecciones sanitarias, de agilizar y desbloquear expedientes de ayudas europeas o facilitarles la consecución de contratos. Sobre Espinosa ―que ya fue investigado en 2010 en otro caso de corrupción en Canarias, el llamado caso Unión, pero finalmente se archivó la causa contra él―, los informes apuntan que se integró presuntamente en la trama en septiembre de 2020, cuando ya era el director del Proyecto GAR-SI Sahel, y permaneció en ella aproximadamente un año. Sobre Espinosa, al que otros miembros de la red se refieren con los alias de Papá y Viejo, pesan acusaciones de cohecho, tráfico de influencias, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.