La jueza responsabiliza a la Fiscalía de la libertad provisional del exdiputado del PSOE acusado de corrupción

La titular del Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo, ha acordado este miércoles la libertad provisional del exdiputado del PSOE y ex director general de Ganadería del gobierno canario, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, detenido el lunes y a quien acusa de los delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En el auto, la magistrada responsabiliza de esta decisión a la Fiscalía Anticorrupción, única acusación personada en la causa, ya que al no pedir esta el encarcelamiento del político ha impedido que ella pudiera acordarla como consideraba “aconsejable”.

En su resolución judicial, la jueza destaca que en la actual fase de investigación aún está pendiente “el estudio exhaustivo de los múltiples dispositivos, y demás efectos y documental intervenidos en los registros” a los diferentes implicados, y considera que partes de estas pruebas pueden “verse afectadas y/o destruidas” con la puesta en libertad de Fuentes Curbelo dada “su posición en las islas, su vinculación con la política y este entorno desde el año 1994, sus distintos cargos políticos y sus amplias relaciones”. Por ello, la magistrada señala en su escrito su convencimiento de que era necesario que el político permaneciera encarcelado “al menos en la fase actual de este procedimiento”, en “discordancia absoluta” con la posición de la Fiscalía.

El exdiputado es el último de una lista de 12 investigados o imputados que ya han sido detenidos en relación con la presunta trama, entre los que también figuran varios empresarios de Tenerife, Fuerteventura, Madrid y Valencia. Todos ellos están investigados por cohecho, blanqueo de capitales, falsificación, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias. La organización, supuestamente, se dedicaba a extorsionar a empresas del sector ganadero a cambio de evitar inspecciones sanitarias o de agilizar o desbloquear expedientes de ayudas europeas. La pasada semana la Policía detuvo al exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes —sobrino del exparlamentario—, y al general de división de la Guardia Civil jubilado Francisco Espinosa Navas, así como a otras 10 personas. Todos quedaron en libertad el jueves tras comparecer ante la jueza de Santa Cruz de Tenerife que instruye la causa, a excepción del general, para quien la magistrada decretó prisión provisional, comunicada e incondicional.

Dentro de esta trama, Marco Antonio Navarro Tacoronte representaba, según las investigaciones, la tarea de mediación entre el exdiputado y ex director general de Ganadería, Juan Bernardo Fuentes Curbelo —apodado como tito Berni— y dos grupos distintos de empresarios. El primero de ellos son los peninsulares interesados en extender su negocio a la Zona Especial Canaria (ZEC). El segundo lo formarían los queseros y ganaderos insulares pendientes de recibir subvenciones, inspecciones o sanciones. Las empresas radicadas en la Zona ZEC cuentan con un tipo impositivo reducido del 4%, aunque depende de la creación de empleo. Además, todo lo que se invierte en I+D se deduce entre el 45% y el 75% hasta una inversión de tres millones.

El sobrino de Fuentes Curbelo, Taishet Fuentes Gutiérrez, era el “subordinado inmediato” de su tío, a quien sucedió como director general de Ganadería, cargó del que fue apartado en junio. Estas dos personas, sostiene la investigación, “tendrían capacidad suficiente para hacer creer a los empresarios que sus aspiraciones se harían realidad, siempre y cuando asumieran una serie de pagos”. La cúspide la completaba el general de división de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, quien se valía supuestamente de su gradación y del cargo que ostentó como Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas “a fin de transmitirle a los referidos empresarios altas posibilidades de gestión y éxito en sus proyectos, también a cambio de las correspondientes e ilegítimas comisiones”.

La trama estuvo vigente entre septiembre del año 2020 hasta un año después, “en concreto cuando los empresarios comenzaban a advertir que a pesar de haber efectuado los pagos exigidos, no veían prosperar el resultado prometido”. En este sentido, la investigación apunta a que en este periodo fueron varias las ocasiones en las que le fueron reclamadas comisiones a los empresarios —siempre a través de Navarro Tacoronte— “a cambio del proyecto o deseo a que cada cual aspiraba”. Por lo general, la “parte política de la trama” recibía los pagos de 5.000 euros mediante el ingreso o transferencia a favor de una de las Asociaciones de las que es presidente el exdiputado, la Asociación Deportiva Vega de Tetir. Los investigadores dan cuenta en el caso del general Espinosa de “múltiples pagos” en restaurantes, establecimientos hoteleros, vuelos, diversas tarjetas de prepago, otros favores, e incluso, la entrega de dinero en metálico.

El sumario del caso, que se basa en buena medida sobre las conversaciones, fotos, audios y vídeos que guardaba en su móvil Antonio Navarro Tacoronte, muestra el uso que tanto Juan Bernardo Fuentes como Taishet Fuentes hacían de prostitutas, que se abonaban a través de Hispano Robysa S. L. U., una empresa utilizada como pantalla para camuflar los presuntos sobornos del caso Mediador.