Naufraga el último intento de reactivar la causa sobre el cohecho en los gobiernos de Aznar

El último intento de reactivar la investigación sobre las supuestas donaciones realizadas por empresarios a la caja b del PP a cambio de concesiones públicas, reflejadas en los papeles de Bárcenas y que mantenían bajo sospecha 23 contratos por casi 600 millones de euros adjudicados por los gobiernos de José María Aznar (PP), ha naufragado. La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso presentado por una de las acusaciones populares, Observatori de Drets Humans (DESC), al que se adhirió también Izquierda Unida (IU), para seguir adelante con las pesquisas después de que el juez instructor Santiago Pedraz las archivase el pasado diciembre por falta de pruebas. El tribunal ya había rechazado antes las alegaciones del PSOE.

Esta línea de investigación —una derivada del caso Gürtel, sobre la corrupción del partido liderado actualmente por Alberto Núñez Feijóo— era la última que permanecía viva en fase de instrucción relacionada con los papeles del extesorero popular Luis Bárcenas, que reveló EL PAÍS en 2013. Las pesquisas trataban de acreditar que existía una relación directa entre las cantidades de dinero negro que entraban en la caja b del PP, entregadas supuestamente por empresarios, y obras concretas que se les adjudicaron (lo que permitiría probar un delito de cohecho). Sin embargo, tras casi una década de indagaciones, el juez Pedraz concluyó el pasado diciembre que no contaba con suficientes “indicios de criminalidad” para sentar a alguien en el banquillo por los hechos, y que además la causa se encontraba agotada y sin posibilidad de fructificar.

Esta posición del instructor cuenta con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción. Y también con el apoyo de la Sala de lo Penal, que rechazó primero el recurso del PSOE y posteriormente el del Observatori DESC. Sobre este último, el tribunal reprocha a la acusación popular su “esfuerzo porque prosiga abierta la causa”, según consta en una resolución dictada el pasado 14 de febrero, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. En opinión de la Sala, las anotaciones de los papeles de Bárcenas ya “se tuvieron en cuenta en su día por si pudieran acreditar una financiación irregular” [del PP] —como así han dado por probada sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo—, pero no son suficiente para proseguir con otros “ilícitos penales”. Es decir, se requieren más indicios lo bastante consistentes, que no se han conseguido, según reiteran los magistrados: “No tienen la solidez requerida a los fines de la prosecución del procedimiento”.

La resolución afirma que los datos del sumario “adolecen de la fuerza incriminatoria imprescindible para formalizar la pretensión penal”. “No se especifican ni se concretan hechos que comporten conductas ilícitas, pormenorizándose estas e identificándose a sus potenciales autores”, insiste el tribunal en referencia al recurso de Observatori DESC.

La Sala de lo Penal de la Audiencia respalda así, de nuevo, las conclusiones del juez Pedraz, que concedió una enorme importancia a un informe del 4 de noviembre de 2022 de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente de Hacienda, que descartó irregularidades en la concesión de las obras concretas analizadas.