La oposición a Moreno Bonilla se niega a presentar enmiendas a la ley de regadíos de Doñana para mostrar su rechazo frontal al PP

La clave que puede remover la agria disputa entre el Gobierno y la Junta andaluza estos días por la ley de regadíos junto a Doñana es un nuevo pronunciamiento de la Comisión Europea para pedirle a Andalucía que modifique o retire su proposición de ley. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, se abrió el viernes a modificar la ley en aquello que Bruselas le pida que cambie. La comisión escuchó el lunes a su portavoz, y tras las duras críticas del comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius, la Junta sigue enrocada en mantener viva la norma. Y el ministerio en exigirle que la retire. No hay diálogo entre Madrid y Sevilla.

Sin embargo, al margen de la pelea de Junta y Gobierno, la proposición de ley seguirá su cauce parlamentario por vía de urgencia, aunque con una sorpresa: la oposición no presentará enmiendas a la proposición de ley, por lo que dejan solos al PP y Vox, que impulsaron a principios de marzo la iniciativa. Es un movimiento muy inusual en la Cámara y que refleja la oposición frontal a la ley propuesta. El PSOE y Por Andalucía creen que el texto debe retirarse y no es mejorable, solo ven posible su eliminación.

Los populares cuentan con mayoría absoluta en la Cámara autonómica, por lo que la aprobación en principio debe culminarse entre julio y septiembre si no hay sorpresas. Eso sí, el trámite parlamentario será accidentado dada la polémica generada con la oposición de la comunidad científica, los ecologistas, el Gobierno, la Comisión Europea y la alerta de la Unesco, preocupada por la deriva de la reserva, Patrimonio de la Humanidad.

“El PSOE andaluz no participará en la rectificación de esa ley final, no va a colaborar ni planteando enmiendas ni intentando corregir algo que es un error grave y profundo”, lanzó el líder de la oposición, Juan Espadas, tras el rapapolvo de Bruselas a la Junta. “Le pido a Moreno que deje la soberbia y la cabezonería a un lado”, añadió.

En paralelo, el coordinador de IU en Andalucía, Toni Valero, se ha sumado a la negativa para mejorar el texto propuesto por los populares y la ultraderecha. “No vamos a seguir dando pábulo a este enorme engaño. Esta propuesta de ley no se puede enmendar porque versa sobre ilegalidades y nosotros no vamos a participar en este teatro”, zanjó. “Es una propuesta que condena a muerte a Doñana”, remachó. Frente a los 58 escaños del PP y los 14 de Vox, los socialistas tienen 30 asientos, el grupo Por Andalucía (que integra a IU) tiene cinco y Adelante Andalucía, dos diputados. Este último baraja su mejor estrategia contra la ley y medita si finalmente presentarán enmiendas o no.

La oposición critica que la fórmula escogida por la derecha andaluza ha buscado desde el principio rehuir los consejos de los expertos y la oposición, por mucho que ahora repita la Junta que la norma no está aprobada y que están abiertos a su mejora. PP y Vox escogieron la proposición de ley en vez de presentar la iniciativa como proyecto de ley, que recopila informes preceptivos vinculantes de organismos esenciales como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir —del ministerio—, al igual que se hizo con el plan de la fresa de 2014 y que ahora se pretende alterar. Otra fórmula también ignorada habría sido la revisión del decreto que aprobó el plan de 2014, pero que necesitaría asimismo informes de los expertos. Los letrados del Parlamento también han puesto reparos jurídicos a la iniciativa, ya que propone cambios normativos ordinarios que competen al Gobierno y no al Parlamento. Es decir, que se use una ley formal en vez de un reglamento.

Antes del plazo de enmiendas, el próximo martes concluye el periodo para presentar expertos que iluminen a los diputados. Es muy probable que el PP lleve a la Plataforma de Regantes del Condado, impulsora de la norma y que asegura aglutinar a 1.500 agricultores hoy sin derechos de agua. Por su parte, la oposición propondrá expertos científicos y ecologistas que hace un año, en la primera propuesta de ley, ya le reprocharon a la derecha andaluza que la medida era un sinsentido. Entre ellos destacó por su contundencia el presidente del Consejo de Participación de Doñana, el biólogo Miguel Delibes.

Ahora el fondo WWF ha propuesto a los grupos parlamentarios que comparezcan catedráticos, expertos de la Unesco y de la Estación Biológica de Doñana CSIC, pero también el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, enfrentados a la Junta. “Estamos en desacuerdo con la norma, pero no podemos permitir que taponen la voz de la sociedad civil”, matiza Espadas. De momento, los socialistas no se plantean ausentarse del debate. Hace un año se abstuvieron en la votación de la primera proposición de ley para Doñana y ahora han votado en contra.

Aunque los plazos están en el aire, probablemente el debate parlamentario será después de las urnas. Tras proponer los grupos a los expertos el día 2, la mesa de la comisión analizará las propuestas, elegirá a los comparecientes y los citará, lo que puede llevar hasta tres semanas. Y luego hay un plazo de ocho días hábiles para registrar las enmiendas. El trámite de enmiendas podría acortarse, pero probablemente será ya en junio, con los resultados electorales sobre la mesa y el nivel de nerviosismo en los partidos algo más bajo.

La clave del desencuentro Junta-Gobierno

La prolongada sesión de reproches entre la Junta andaluza y el Gobierno por Doñana tiene una fecha clave: el 27 de febrero, cuando se reunieron en Madrid el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el consejero andaluz de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco.

Las versiones del desencuentro son dispares. Antes de la cita, el Gobierno había presentado en noviembre en Almonte su plan de choque con 356 millones para comprar fincas agrícolas y obras de canalización, acto al que el Ejecutivo andaluz fue invitado como un actor más y que se tomó como una afrenta. Luego, Morán y Fernández-Pacheco se reunieron el 28 de diciembre por videoconferencia y de nuevo el 27 de febrero en persona.

En esa reunión, el ministerio asegura que Morán propuso al consejero andaluz que no registrase la proposición de ley y le ofreció “consolidar un marco de colaboración institucional” en la recuperación de Doñana. Mientras, una portavoz de Fernández-Pacheco asegura que este acudió al Ministerio para pedir explicaciones de por qué no se habían convocado las comisiones bilaterales técnicas prometidas en diciembre, y para contarle a Morán que “a falta de la voluntad del Gobierno, íbamos a presentar la proposición de ley” tras habérsela enviado días antes. Tres días después de la cita en Madrid, PP y Vox presentaron la proposición de ley en el Parlamento andaluz.

De fondo, la Junta considera que a las reuniones bilaterales deben acudir los técnicos para arremangarse e ir a los detalles, mientras que el PSOE andaluz le ha pedido a Moreno que convoque la comisión bilateral para tratar los grandes asuntos entre la Junta y el Gobierno, recogida en el Estatuto de Autonomía. “Esa fórmula del Estatuto es para dirimir invasiones de competencias, no para asuntos ordinarios”, ha opinado este jueves el consejero andaluz.

El futuro diálogo parece difícil, pero no imposible. “La vicepresidenta Teresa Ribera estará encantada de atender a Moreno si le llama, pero siempre para hablar sobre la base de la ley y no con un marco de ilegalidad”, sostienen fuentes de Transición Ecológica. En paralelo, Fernández Pacheco ha retado este martes: “¿Quieren voluntad de diálogo? Vamos a hablar, que digan lugar, sitio y hora, que allí estaremos. La voluntad de diálogo se demuestra hablando, no amenazando, eso tiene otro nombre”.