El bloque de investidura avala el nuevo modelo de pensiones al que se oponen PP y Ciudadanos

El bloque de la investidura ha sacado adelante este jueves en el Congreso con una amplia mayoría la reforma de las pensiones, que lleva negociándose casi todo este mandato y que el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha presentado como “el pilar más importante del Estado de bienestar”. La reforma, que pretende “modernizar y dar sostenibilidad” de futuro a las pensiones, según Escrivá, ha sido contestada por la derecha, que ha puesto en cuestión los datos y las predicciones del ministro a medio y largo plazo. La izquierda, por su parte, ha presumido del giro social y de izquierdas observado en España en contraste con los recortes de los que apoyan el modelo de Emmanuel Macron, contestado con protestas en Francia.

La votación ha sido el reflejo real de lo que ha pasado durante esta legislatura en la gran parte de las 200 iniciativas parlamentarias que el Ejecutivo ha sacado adelante. El marcador expuso al final 179 votos a favor: PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Coalición Canaria, Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe. En contra votaron 104 diputados, los del PP y Ciudadanos, más Foro Asturias, BNG y la CUP. Los 52 diputados de Vox se abstuvieron, en un gesto para diferenciarse de alguna manera del PP, como hicieron por otras razones los cuatro de JuntsxCAT y los cinco de EH Bildu.

El argumento de la defensa del Estado de bienestar es el que han refrendado la mayoría de los partidos socios habituales del Ejecutivo para dar valor y sentido a las políticas progresistas y de izquierdas en esta fase final, y electoral, de la legislatura con la reforma de las pensiones como su mejor exponente. El decreto que plantea esta simbólica reforma afecta de partida a casi 11 millones de pensionistas. Ahora se tramitará como proyecto de ley para que los partidos propongan algunas modificaciones.

José Luis Escrivá, experto en este tipo de materias, recogió ya en noviembre de 2020 como ministro el mandato, entonces unánime y pactado en el seno de la comisión del Pacto de Toledo, para aplicar hasta 22 recomendaciones para asegurar el futuro de las pensiones y del sistema en su conjunto. Este jueves, en su exposición ante el pleno del Congreso, el ministro resumió que los objetivos de los cambios aplicados ahora persiguen dar “sostenibilidad” a lo que cobran casi 11 millones de pensionistas, pero también apuntalar algunas mejoras para dar más “equidad” y prestaciones a las mujeres, los jóvenes y los autónomos. Y concluyó: “Es la reforma para la mayoría social del país, el pilar más importante del Estado de bienestar”.

El criterio del ministro y del Ejecutivo de coalición fue refrendado por casi todos sus socios habituales en el Parlamento, con matices en algunos casos que trasladaron su voto a la abstención o incluso el no por considerar ciertos partidos que el proyecto no había sido lo suficientemente “valiente y ambicioso”. Los que rechazaron de plano el cambio y sus pretensiones fueron la derecha y la ultraderecha.

Jaime de Olano, del PP, le recordó a Escrivá su pasado al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), cuando él sembraba dudas sobre la viabilidad de algunas subidas de pensiones y desde los partidos ahora en el Gobierno le tildaban de “mayordomo”. También precisó que el PP no es que esté en contra de la revalorización de las pensiones, en vísperas de varias campañas electorales, sino de cómo se ha llevado a cabo esta reforma “sin diálogo ni transparencia”. El PP aprobó en su día, como los demás partidos, esa actualización en el Pacto de Toledo, pero ahora se ha sentido marginado y denuncia que el Gobierno apenas les ha aportado documentos fiables. PP, Vox y Ciudadanos expresaron claramente que “desconfían” de las estimaciones realizadas por el ministro y su departamento para subir las pensiones y piensan que esos incrementos los heredarán con deuda y déficit insostenibles las generaciones futuras.

Vox se desmarcó un poco del PP y CS en la votación y se fue a la abstención tras una dura intervención de su diputado Pablo Sáez. El partido justificó ese voto diferente a la derecha en que, pese a todos los elementos negativos denunciados, también se habían apreciado en el texto del proyecto algún aspecto positivo, como “la subida de las pensiones mínimas ―contributivas y no contributivas― y una mejora en las lagunas de cotización y medidas encaminadas a suplir los periodos en que las mujeres no han cotizado por haberse dedicado al cuidado de los hijos”.

EH Bildu también se situó al final en la abstención, pero por otras razones, y ya había avisado de que no permitiría que el decreto decayese. Su portavoz, Mertxe Aizpurua, valoró muchas medidas, su cariz progresista, la subida pactada del 15% para las pensiones no contributivas, las mejoras para las de viudedad, pero exigió más ambición. El BNG votó en contra porque no le parece suficiente. El representante de Junts, Josep Pagès i Massó, justificó su no en que la norma incidía en el centralismo del Estado.

Desde el flanco de los partidos que suelen respaldar al Ejecutivo, la portavoz de Unidas Podemos, Aina Vidal, el de Compromís, Joan Baldoví, y el de ERC, Jordi Salvador, coincidieron en ensalzar que las modificaciones traen “más derechos y libertades frente a los privilegios y los recortes” y señalaron en ese sentido la alineación de la derecha y la ultraderecha con los intereses de la patronal CEOE y de su presidente, Antonio Garamendi, al que citaron para emplazar a los partidos a definirse: “Estamos a setas o a rolex”.