El estado mental del presunto yihadista de Algeciras marca la investigación

La investigación sobre el presunto ataque yihadista de Algeciras (Cádiz), perpetrado por Yassine Kanjaa el 25 de enero, ha cerrado este viernes otra fase con la declaración ante el juez de dos de sus víctimas: el sacerdote Antonio Rodríguez, que fue herido de gravedad con un machete; y un ciudadano marroquí al que atacó al creer que era converso. Durante cerca de una hora, ambos han detallado por videoconferencia al magistrado Joaquín Gadea cómo se produjeron las agresiones, según fuentes cercanas a las pesquisas, que se centran en parte en dilucidar el estado mental del imputado. El juez debe decidir si acepta la propuesta de dos peritos de la Audiencia Nacional, que recomendaron internar provisionalmente al detenido en una unidad psiquiátrica.

El instructor Joaquín Gadea encargó el 31 de enero un informe sobre la salud mental de Kanjaa, de 25 años. Entonces, según fuentes del caso, dos médicos de la Audiencia Nacional estudiaron al presunto yihadista durante un par de horas y confeccionaron un primer documento provisional con sus conclusiones, donde proponían trasladar al detenido a una unidad psiquiátrica de Instituciones Penitenciarias —solo hay dos actualmente: en Fontcalent (Alicante) y Sevilla—. Los expertos plantearon esta medida con carácter temporal, a la espera de que se elaborase el informe definitivo sobre su imputabilidad.

La abogada del presunto yihadista ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que Kanjaa sufra un trastorno psiquiátrico y, por ello, ha pedido que la Audiencia Nacional envíe la instrucción a un juzgado ordinario de Algeciras, al considerar que los hechos tendrían difícil encaje en los delitos de terrorismo. Además, fuentes de la defensa indican que no se les ha comunicado aún si el juez ha aceptado la recomendación de los forenses de internar al agresor en una unidad psiquiátrica. Aunque la Fiscalía no tiene que pronunciarse al respecto, no se opondría a esta medida, según fuentes del ministerio público.

En la tarde del 25 de enero, Kanjaa sembró el caos y el dolor durante cerca de una hora en el centro de la ciudad gaditana. Con un machete de grandes dimensiones, el atacante acudió primero a la capilla de San Isidro, donde hirió de gravedad al sacerdote Antonio Rodríguez, que acababa de oficiar misa. Después, se dirigió la iglesia de La Palma, ubicada en la plaza Alta, un punto muy concurrido de la localidad, donde se topó con el sacristán Diego Valencia, al que asesinó cuando intentaba huir. Así describió el magistrado Gadea ese instante en uno de sus escritos: “Alzando la mirada al cielo y gritando unas palabras en árabe entre las que se escucha la palabra Allah [“Alá”], le asesta una última estocada mortal”.

Al ordenar el ingreso en prisión provisional de Kanjaa, el juez explicó que el presunto yihadista había sufrido un proceso de “radicalización” y “autoadoctrinamiento” exprés, que apenas había durado un mes. También indicó que el investigado era “consciente” y que tenía “definidos sus objetivos”, además de añadir que los indicios recabados apuntan a que actuó solo, y que “no ha jurado lealtad a ninguna organización o grupo terrorista”.

Precisamente, el instructor y la Fiscalía se han centrado en las dos últimas semanas en encajar las piezas del puzle a través de los testimonios de los testigos. A las declaraciones de este viernes de las dos víctimas se añaden otros 14 interrogatorios previos. El pasado martes, nueve personas que presenciaron las agresiones (entre ellos, un policía) ofrecieron sus versiones al juez, además de los dos agentes que detuvieron a Kanjaa y un tercero que presenció el arresto. La pasada semana también comparecieron el compañero de vivienda del investigado y su hermano. La causa sigue todavía secreta.