La cúpula fiscal avala las directrices del fiscal general para la ley del ‘solo sí es sí’

La Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo ha avalado este jueves el criterio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre la revisión de sentencias a agresores sexuales recogido en la circular redactada por el jefe del ministerio público. En ese texto, García Ortiz pide a los fiscales que, como regla general, se opongan a reducir las penas cuando el castigo impuesto con la ley anterior siga dentro de la horquilla prevista para ese delito en la ley de seguridad sexual o del solo sí es sí. Los fiscales de Sala, la máxima categoría de la carrera compuesta por una treintena de fiscales, y García Ortiz han mantenido un debate intenso, pero eminentemente técnico, según fuentes consultadas, que señalan que de esas intervenciones han salido algunas mejoras que se introducirán en el texto final. Se trata, según estas fuentes, de cuestiones muy concretas de carácter técnico.

La Fiscalía prevé publicar la versión definitiva de la circular en los próximos días. Los fiscales han mostrado también su respaldo a la necesidad de publicar estas directrices, que refuerzan el decreto que ya púbico el fiscal general en noviembre pasado después de que se conocieran las primeras rebajas de penas en aplicación de la ley del solo sí es sí. En aquella ocasión, el fiscal general trató de difundir una primera unificación de criterio sobre cómo debía actuar el ministerio público, y ordenó a los fiscales oponerse a rebajar las penas a los agresores sexuales cuyos castigos estén dentro de la horquilla prevista para ese delito por la ley del solo sí es sí, aunque la nueva norma permita también penas más bajas.

El objetivo de la nueva circular es asentar ese criterio y responder a ciertas interpretaciones de la ley que han hecho algunos tribunales de las que discrepa el ministerio público. Como regla general, para la Fiscalía “no procederá la revisión de las condenas firmes cuando la pena impuesta en la sentencia también sea susceptible de imponerse con arreglo al nuevo marco legal”. No obstante, García Ortiz pide que se analice cada procedimiento individualmente, “huyendo de automatismos que impidan valorar las concretas circunstancias concurrentes en cada caso”.

La Fiscalía sí admitirá la revisión de sentencias firmes cuando la pena que se le impuso al agresor no fuera ya posible para ese delito (teniendo en cuenta las circunstancias concretas del caso, como las agravantes o las atenuantes) con la ley del solo sí es sí y la aplicación de esta le resulte más favorable. El ministerio público contempla apoyará también las rebajas cuando, aunque la pena impuesta con la ley anterior siga siendo posible con la nueva, el hecho de mantener el castigo provoque resultados “manifiestamente desproporcionados”. Pero esta opción deberá reservarse para los casos en los que sea evidente que si los hechos se hubieran juzgado con la nueva ley, la pena de prisión que hubiera correspondido sería, “indudablemente, de una duración muy inferior”.

Por otra parte, el fiscal general escuchó también el parecer de la cúpula fiscal sobre la consulta realizada por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, sobre la prescripción del secuestro y posterior asesinato a manos de ETA del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco, en el marco de la investigación contra la cúpula de la organización terrorista por este crimen. La junta ha apoyado la respuesta del Fiscal General del Estado de que todavía no es el momento de pronunciarse sobre la prescripción y que se hará una vez hayan recabado todas las pruebas. Con esta respuesta, el fiscal general sigue el camino marcado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del exjefe de ETA Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias Iñaki de Rentería, y confirmó su condición de investigado.