Solo el futuro electoral puede unir al Gobierno

Un presente roto y bronco, un pasado inmediato jalonado de encontronazos virulentos y pocas semanas para hilvanar, que no zurcir ni coser, la rasgada tela que envuelve al Gobierno de coalición progresista. Solo la motivación de no avanzar hacia el precipicio en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, con quebranto de los gobernantes territoriales, ha provocado en las últimas horas gestos de autocontención en el PSOE y en Unidas Podemos. Esa actitud pretenden mantenerla ambos hasta las elecciones generales de finales de año, o eso al menos espera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si es que todos comparten que, por encima de discrepancias, por muy profundas que sean, el objetivo es gobernar. “Unirnos por el futuro”, es la expresión que sintetiza la previsión esperanzada ―no garantizada― de los interlocutores socialistas.

Nunca se llega al punto de no retorno en el enfrentamiento político. Si así fuera, el PSOE y Unidas Podemos habrían roto el Gobierno de coalición después de que los segundos votaran en contra de la reforma de la ley del solo sí es sí y acompañaron su no con diatribas contra los socialistas por su propensión a unirse a la derecha. El PP, Ciudadanos y partidos minoritarios apoyaron la proposición de ley, que contó con la abstención de Vox una vez sabido que iba a prosperar.

Cada descalificación en la tribuna de Podemos al PSOE lograba abrir más y más la brecha que les separa. Los socialistas creían ver que surgía con fuerza el “anti-PSOE” que tanto enconamiento produjo en la primera etapa de Podemos, con Pablo Iglesias al frente y el PP aún en el Gobierno. Ahora se recuerdan esas intervenciones en las que Podemos, además de hacer oposición al PP, se reservaba dosis de crítica al primer partido de la oposición, el PSOE. La repetición de las elecciones en 2019 ante la incapacidad de llegar a un acuerdo de Gobierno enmarcó la división furibunda entre el PSOE y la nueva izquierda.

“No hay acuerdo porque Podemos no quiere”. Esta máxima la repiten los socialistas en público y privado. Del otro lado, se apela a los principios y a la insuficiencia y tibieza del PSOE para implantar leyes que Podemos cree que el país necesita. La defensa de Podemos y, singularmente, de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de no modificar las causas para subir las penas de la ley del sí es sí, a pesar de acumular cientos de rebajas de pena a agresores sexuales, constituye un caso aparte. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ordenó la reforma de la ley pasara lo que pasara, incluida la posibilidad de que los ministros de Unidas Podemos abandonaran el Gobierno. Esa hipótesis era remota, pero, si hubiera ocurrido, el Gobierno de Sánchez habría seguido adelante hasta el final de la legislatura. El PP ya es consciente de que debe enterrar su esperanza de que esta crisis provocara un adelanto electoral. Los socios externos del Gobierno se han esforzado con intensidad en aliviar la tensión en los dos partidos de la coalición. Han intercedido, han intermediado, pero la profundidad de la inquina política ha hecho inútil el intento de estas fuerzas de paz.

A la tensión del bloque del PSOE con el de Podemos hay que añadir el elemento perturbador que supone la incómoda situación de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Todo Unidas Podemos votó contra el PSOE en la reforma de la ley de libertad sexual. No hubo división de voto en ese grupo parlamentario, pero la armonía está muy lejos dentro de las filas a la izquierda del PSOE. La relación de Yolanda Díaz con Podemos se desenvuelve en la más alta tensión. La vicepresidenta defiende postulados en las diferentes leyes controvertidas claramente más cercanos a Podemos que al PSOE, pero su forma de hacer es la negociación sin límites. Es decir, no son los contenidos los que la separan del partido que lidera Ione Belarra, sino la fórmula, el instrumento, y la autonomía que quiere para Sumar, su proyecto. Ese es otro capítulo.

Vuelta a la tensión esta semana con sendos proyectos legislativos: la reforma de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, y la de vivienda. La primera llegará a comisión el martes y hasta hace unas horas la previsión era la de que “se irá a pique: si no en la comisión, en el pleno”, dada la hondura de las diferencias, señalan interlocutores de la negociación con el PSOE. Muchas posibilidades de acuerdo, sin embargo, existen en la ley de vivienda, como ya los hubo para llegar a un acuerdo sobre las pensiones, con el visto bueno inicial de Bruselas. El Gobierno y los sindicatos vuelven a alcanzar un pacto que la CEOE rechaza de plano.

Los pactos sobre asuntos que marquen la diferencia con la derecha son la argamasa que el presidente del Gobierno quiere utilizar para salvar la continuidad del Gobierno de coalición. Unidas Podemos asegura que no quiere romper, pero tampoco ceder ante lo que considere que contradice sus posiciones. La consecuencia de romper o, sin llegar a ese extremo, darse la espalda en las próximas leyes sería el aumento de la desmovilización que los estudios de opinión detectan en el electorado de la izquierda. Pedir el voto para que se repita un Gobierno progresista, pero entre tanto mantener el desacuerdo en todo, y que se sepa: este contrasentido, que exponen con ironía interlocutores socialistas, sirve de antesala para aseverar que a ninguno le debería interesar la ruptura. Unidos por el futuro, concluyen.