La Audiencia Nacional revoca la semilibertad de otra presa etarra al considerar su arrepentimiento “insuficiente”

La jueza de la Audiencia Nacional María Reyes Jimeno ha revocado el tercer grado penitenciario o semilibertad que la Consejería de Justicia del Gobierno vasco concedió el pasado octubre a la presa de ETA Ainhoa Barbarin Yurrebaso. La magistrada considera que el contenido de los dos escritos en los que la reclusa se arrepentía de su actividad terrorista “con la expresión del deseo de que nada de esto hubiera ocurrido” es genérico y, por tanto, “insuficiente”, según detalla en el auto al que ha tenido acceso EL PAÍS. Ese arrepentimiento, concluye la jueza, no satisface “las exigencias legales de declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas concretas ni de petición expresa de perdón a las víctimas” que exige la ley a los condenados por terrorismo para el acceso a este beneficio penitenciario. Con Barbarin, ya son nueve los etarras a los que la Audiencia Nacional ha revocado el régimen abierto que les había concedido el ejecutivo de Iñigo Urkullu desde que este asumiera la gestión de las prisiones vascas en octubre de 2021. En la mayoría de los casos, el argumento esgrimido por la justicia ha sido, precisamente, que los presos de ETA no habían acreditado de forma suficiente su arrepentimiento o no habían pedido perdón a las víctimas de forma explícita.

En este casi año y medio de gestión de las cárceles, el Gobierno vasco ha concedido la semilibertad a 34 miembros de la extinta organización terrorista. De estos 34 casos, 24 han sido recurridos por la Fiscalía ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia nacional, que, además de los nueve que ha revocado, ha confirmado por ahora siete, según datos de Sare, una plataforma ciudadana de apoyo a los presos vascos. De estos siete últimos, el ministerio público ha vuelto a recurrir tres ante la Audiencia Nacional. Uno ha vuelto a ser confirmado, y quedan aún por resolver dos. En las cárceles vascas hay en este momento 144 presos de ETA, de un total de 160 en toda España.

Ainhoa Barbarin Yurrebaso, que fue detenida en Francia en 2002, cumple desde marzo de 2006 una condena en España de 25 años de cárcel por, entre otros delitos, pertenencia a banda armada y estragos. Participó en la colocación de un coche bomba en el aeropuerto de Málaga, que fue desactivado, y otro en Salou (Tarragona), que causó 14 heridos en agosto de 2001. La extinción de su pena está prevista para marzo de 2031. Empezó a disfrutar del tercer grado el pasado octubre pero, tras ser este revocado por la Audiencia Nacional, ha regresado a prisión esta semana.

En la resolución judicial que ha devuelto a Barbarin al segundo grado penitenciario u ordinario, fechada el pasado 20 de febrero, la jueza detalla que la reclusa accedió a la semilibertad después de que la Junta de Tratamiento de la cárcel de Martutene (San Sebastián) lo acordara en julio, tras considerar que su pronóstico de reincidencia era “bajo” a la vista de su buena conducta, el apoyo familiar y el hecho de que tuviera una oferta laboral “contrastada”. Los profesionales del órgano penitenciario afirmaban que había mostrado su arrepentimiento por el daño causado y había hecho una renuncia “explícita” de la actividad delictiva. La propuesta fue avalada por la Consejería de Justicia del Gobierno vasco, que le concedió la semilibertad tres meses después. El Ejecutivo de Urkullu apostó, desde el momento en el que asumió la competencia de las cárceles, por potenciar la concesión de terceros grados con el objetivo de que, al menos, el 40% de los reclusos (todos, no sólo los de ETA) cumpla sus penas en régimen abierto, como vía para lograr una mejor reinserción social.

El tercer grado concedido a Barbarin fue recurrido por la Fiscalía al considerar que los delitos por los fue condenada eran “muy graves”, que aún tenía pendiente de cumplir ocho años de pena, que no había consignado más que una mínima parte de los 60.650 euros de responsabilidad civil que se le impuso, y que no había disfrutado aún de permisos de salida. Sin embargo, donde el ministerio público hacía especial hincapié era en el contenido los dos escritos de arrepentimiento que la etarra había presentado, uno en octubre de 2020 y otro en julio de 2022. El recurso destacaba que en ellos “no se hace mención alguna específica a sus hechos [delictivos], haciendo una genérica referencia al respeto y reconocimiento a ‘todas y todos los que con mi actividad sufrieron”, pese a que existían víctimas directas de sus atentados. “En parte alguna del escrito manifiesta su arrepentimiento por el hecho concreto cometido, del cual parece no arrepentirse ni tampoco repudiar”, añade la Fiscalía, que duda de que los escritos de Barbarin sean “una petición de perdón verdadera, sincera”.

En su auto, la juez Jimeno hace ahora suyos los argumentos del ministerio público y considera que esa referencia “genérica” a las víctimas —”todos y todas los que con mi actividad sufrieron”— “no satisface las existencia legales de declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas concretas ni de petición expresa de perdón”. La magistrada sí considera esos textos “un paso adelante en la evolución” de la presa, pero “insuficiente”.

La jueza también critica el informe de la Junta de Tratamiento de la prisión de Martutene al considerar que parte de los informes recogidos en ella se limitan a “reproducir lo afirmado por la interna en sus escritos”. Y destaca que los últimos informes incorporados a su expediente penitenciario de la reclusa, cuando ya disfrutaba del tercer grado, ponen en duda la existencia de la oferta laboral en una “empresa rural ganadera”. Según estos documentos, desde que accedió a la semilibertad la presa de ETA ha seguido “con su formación académica” y el trabajo que desempeñaba era el de profesora de yoga en el polideportivo municipal de Urretxu (Gipuzkoa) dos días a la semana, “por lo que recibe ingresos muy bajos”. Por todo ello, la magistrada acuerda revocar la semilibertad de Barbarin, una decisión que puede ser recurrida por la defensa de la reclusa.