La Audiencia Nacional revoca por “prematura” la semilibertad al etarra que asesinó al socialista Buesa

La juez de la Audiencia Nacional María Reyes Jimeno ha revocado al preso de ETA Asier Carrera Arenzana, autor del asesinato, en 2000, del dirigente socialista vasco Fernando Buesa y su escolta, Jorge Díez, el tercer grado penitenciario o semilibertad que disfrutaba desde octubre pasado. En el auto, la magistrada argumenta su decisión en que este beneficio le fue concedido de forma “prematura” por la Consejería de Justicia del Gobierno vasco. La jueza considera que la buena evolución de Carrera, preso desde noviembre de 2000, y su arrepentimiento plasmado en varios escritos no son suficientes para otorgar este régimen que permite salir de prisión a diario cuando antes no ha disfrutado aún de permisos de salida, paso que considera previo para alcanzar el otro beneficio penitenciario. No obstante, en el auto, la magistrada destaca que los cuatro meses en los que el etarra disfrutado hasta ahora de la semilibertad no consta “incidencia alguna negativa”, pese a lo que ordena su reingreso en prisión, que ya se ha ejecutado.

Carrera es el octavo recluso de ETA al que la justicia revoca la semilibertad desde que, el 1 de octubre de 2021, el Gobierno vasco asumiera la competencia de prisiones. En ese tiempo, el ejecutivo de Iñigo Urkullu ―que ha apostado por potenciar el tercer grado para que, al menos, el 40% de los reclusos cumplan sus penas en régimen abierto― ha concedido 34 semilibertades a miembros de la extinta organización terrorista. De ellos, 24 han sido recurridos por la Fiscalía ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia nacional que, además de los ocho que ha revocado, ha confirmado siete, según datos de Sare, una plataforma ciudadana de apoyo a los presos vascos. De estos últimos, el ministerio público ha vuelto a recurrir tres de ellos ante la Audiencia Nacional. Uno ha vuelto a ser confirmado, y quedan aún por resolver dos. Antes de transferir la gestión de las cárceles al Gobierno vasco, el Ministerio de Interior había concedido la semilibertad a otros 27 presos de la organización terrorista, de los que solo en tres casos la justicia revocó la decisión. Además, esta concedió entonces dos terceros grados que Interior había rechazado.

En el auto, que fue dictado el 7 de febrero, la jueza detalla que el Gobierno vasco concedió a Carrera la semilibertad tras recibir una propuesta favorable a ello de la Junta de Tratamiento ―órgano interno formado por profesionales penitenciarios― de la prisión de Zaballa (Álava) donde estaba recluido. En ese informe se destacaba la “actitud y comportamiento efectivo” del recluso para hacer frente a la responsabilidad civil que se le impuso en sentencia, que contaba con una oferta de empleo “contrastada” si accedía a la semilibertad y que, tras aplicarle el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario ―que permite a los presos en segundo grado penitenciario acceder a algunos beneficios del tercer grado― para hacer voluntariado en una ONG de atención a migrantes su evolución había sido “positiva”. La Junta de Tratamiento consideraba que el pronóstico de reincidencia del terrorista era “bajo”.

Sin embargo, en su recurso, ahora aceptado por la juez, la Fiscalía anteponía a todo ello los 30 años de condena impuestos a Carrera por tres asesinatos de los que aún le quedan por cumplir más de siete años. De hecho, destacaba que no tendrá extinguida las tres cuartas partes de la pena ―cuando se puede pedir la libertad condicional― hasta el próximo mayo, y la totalidad, hasta noviembre de 2030. Además, el Ministerio Público hacía hincapié en que, en los cerca de 23 años que llevaba encarcelado, no había disfrutado de permisos ordinarios de salida, un beneficio que considera “paso previo al acceso al tercer grado”. Por último, el recurso destacaba que, de los 713.207 euros que se le había impuesto al etarra como responsabilidad civil, solo había abonado 720 euros.

En su resolución, la jueza valora “positivamente” que Carrera haya presentado escritos de arrepentimiento, en especial uno del 13 de diciembre de 2021 en el que “lamentaba profundamente el sufrimiento causado a las familias” de sus víctimas, a las que cita por su nombre, y que considera “un avance importante en su evolución”. Las revocaciones de semilibertad a otros presos de ETA se habían justificado, precisamente, en que estos no habían manifestado de forma explícita su perdón a las víctimas Sin embargo, en el caso del asesino de Buesa la magistrada concluye que esto no es suficiente y que la concesión de la semilibertad es “prematura” al considerar que no está respaldada por “informes técnicos contundentes ni suficientes”. La jueza, en línea con el recurso de la Fiscalía, incide en que el etarra “cumple condena por delitos muy graves, tiene aún muchos años de condena pendientes de cumplimiento [y] no ha iniciado el disfrute de permisos ordinarios como paso previo a la semilibertad”. En este sentido destaca que, la Audiencia Nacional había considerado el pasado 31 de enero, solo una semana antes de que se le revocase la semilibertad, que aquella carta de arrepentimiento era “insuficiente” para que Carrera disfrutara de un permiso de salida.

En aquella resolución, el tribunal fijó que en el caso de presos con largas condenas no se puede plantear la concesión de permisos “antes del cumplimiento de las tres cuartas partes de la pena”, aunque el Reglamento Penitenciario abre esta posibilidad cuando se alcanza el primer cuarto de la pena. “Si el permiso se considera como una forma de preparación de la vida en libertad, no tiene mucho sentido su concesión cuando todavía queda pendiente tanto tiempo de cumplimiento”, destacaron entonces los magistrados. Este argumento es esgrimido ahora por la jueza de vigilancia penitenciaria para revocar a Carrera el tercer grado, al que, no obstante, le mantiene la flexibilidad del artículo 100.2 que le permite acudir a colaborar como voluntario con una ONG.

De los 169 presos de ETA que quedan en España, solo siete están en cárceles de fuera del País Vasco y Navarra. Esta cifra supone que, cuatro años y medio después de que Pedro Sánchez anunciase en verano de 2018 el fin de la política de dispersión puesta en marcha en 1989 por el Gobierno de Felipe González, el 96% de los etarras encarcelados en España estarán recluidos en cárceles del País Vasco o Navarra, y solo el 4% restante fuera. En Francia aún quedan otros 13 presos, todos menos dos recluidos en la prisión de Lannemezan, la más cercana a España, según Etxerat (colectivo de apoyo a los presos).