La ‘ley del solo sí es sí’ enreda al Congreso en un bucle

Da igual que estén delante el presidente, la ministra de Economía o la titular de Trabajo. Da lo mismo que se pregunte por la situación política en general o por asuntos mucho más concretos como las rentas de las familias o las estadísticas del paro. El Congreso ha entrado en un bucle en el que cualquier debate acaba conduciendo irremisiblemente a la ley de libertad sexual, bautizada como ley del solo sí es sí. Algunos grupos todavía hacen esfuerzos por hablar de otros temas, pero no es el caso del PP. Mañana, tarde y noche los populares martillean, actualizando a cada hora las cifras de agresores sexuales beneficiados por las rebajas de penas.

-Me está preguntando lo mismo que la semana pasada- se quejó Pedro Sánchez a Cuca Gamarra en un momento de la sesión parlamentaria de control al Gobierno de este miércoles.

-Y usted me está respondiendo lo mismo que la semana pasada- replicó al presidente la portavoz del PP.

Efectivamente, Gamarra volvía a preguntar —o más bien a atizar— por el solo sí es sí y Sánchez volvía a hablarle de las medidas económicas de su Gobierno, de los impuestos a las grandes fortunas y de la subida del salario mínimo: el día de la marmota desde que el combate por la ley de libertad sexual ha desplazado a cualquier otro asunto de la conversación política.

El Ejecutivo tenía tan pocas ganas de contestar que en varios momentos intentó dar la vuelta a la sesión de control y convertir al fiscalizador ―la oposición― en fiscalizado. La cuestión era cambiar de tema practicando el diálogo de besugos, esa técnica escapista que se ha refinado casi como un arte en el parlamentarismo español. La pirueta más espectacular en ese aspecto corrió a cargo del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien, aprovechando que ERC le preguntaba por la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, contestó preguntando él mismo al PP si considera que el “aborto es o no un derecho”. Los murmullos de protesta se alzaron en la bancada popular, mientras uno de sus diputados recitaba maquinalmente, en voz audible por todo el hemiciclo, una letanía incesante: “Sí es sí, sí es sí, sí es sí…”.

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Las cifras que airea PP sobre las consecuencias de la aplicación de la ley resultan cada día más sofisticadas. Los populares llevan cuenta hasta de los aniversarios. “Hoy se cumplen tres meses de la primera rebaja de penas”, reveló Gamarra ante Sánchez. Otro diputado popular, Mario Garcés, echó números y concluyó que “cada cinco horas se rebaja la pena a un violador”. Garcés preguntaba a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por las cifras del paro, pero no pudo resistirse a situar el foco a la vez en esas otras cifras. También su compañero Carlos Rojas, ante la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, fue saltando alternativamente y con extraordinaria agilidad del precio de la cesta de la compra a las excarcelaciones de delincuentes sexuales.

Gamarra se centró en afear al presidente la “parsimonia” con que se está afrontando la reforma de la ley, ante las posiciones encontradas entre las dos formaciones del Gobierno. Y lanzó de nuevo su “mano tendida” ―que los socialistas ven más bien como el abrazo del oso― para que pacte con el PP lo que hasta ahora no ha logrado pactar con Unidas Podemos. “Con nosotros puede traer la próxima semana al pleno su rectificación”, emplazó la portavoz popular.

Sánchez volvió sobre una de esas ideas que ha entrado en el corazón del argumentario de hasta el último diputado socialista: que él gobierna para la “mayoría social” mientras el PP “defiende a las élites”. Las protestas por la sanidad ofrecieron al presidente una ocasión para cambiar de tercio, evocar sin citarla a Isabel Díaz Ayuso y denunciar que hay dirigentes del PP que “insultan a los sanitarios”. De la ley de libertad sexual, ni una palabra, aunque acabase replicando tácitamente a Gamarra. Sánchez aseguró que su Gobierno rectifica cuando se equivoca, para a continuación lanzar la estocada: “Los que nunca se equivocan son ustedes. Siempre están con los de arriba”.

Mientras Sánchez y Gamarra se batían, la ministra de Igualdad, Irene Montero, bostezaba solitaria en su escaño. Cuando le llegó el turno, evitó el monotema ante la diputada del PP Marta González, acogiéndose a que la pregunta escrita de esta versaba sobre la ley trans. Luego sí entró en el solo sí es sí ante Ignacio Gil Lázaro, de Vox, siempre fiel a la tradición de dejar constancia en cada discurso suyo de la “miseria moral” de este Gobierno. Montero explicó que solo un organismo consultivo, el Consejo General del Poder Judicial, había formulado una advertencia previa sobre la tipología de las penas cuando estudió la norma aún en elaboración y que el Gobierno atendió en su día esta alegación, retocando los castigos máximos previstos. La ministra quiso mostrar su cara más conciliadora y remató con un llamamiento a la Cámara para buscar juntos una fórmula que evite la rebaja de penas sin volver a la distinción anterior entre abusos y agresiones.

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La novedad fue que el PP volvió a poner en la diana a Yolanda Díaz, tras varios meses evitándola. Los populares se han empeñado en denunciar que el Ministerio de Trabajo maquilla las cifras del paro al incluir entre los empleados a los fijos discontinuos. Por ahí se deslizó el diputado Garcés, pese a que su argumentario adolecía de un punto débil: así se contabiliza el paro en España desde 1985. Garcés no se desanimó por ello y se arrojó de bruces a la contienda. Díaz contestó sin despeinarse:

-El paro en España se cuenta exactamente igual que con el Gobierno de Rajoy, al que usted pertenecía.