En busca de respuestas al gran accidente minero que mató a seis trabajadores en León

El 28 de octubre de 2013, un escape de gas grisú mató a seis mineros que trabajaban a casi 700 metros de profundidad en el pozo Emilio del Valle, en La Pola de Gordón (León). Fue el último gran accidente minero en España, y ha permanecido sin respuesta desde entonces: los responsables del pozo —la empresa Hullera Vasco-Leonesa— siempre han alegado que ellos se dedicaban a gestionar, no a comprobar cuestiones de seguridad; y los mandos de seguridad esgrimían, por su parte, que todo estaba bien y que el accidente no se debió a una negligencia sino a la fatalidad. Ahora, tras casi una década de dilaciones, el caso ha llegado a juicio. Los familiares de los mineros caídos colocaron el pasado lunes, primer día de la vista oral, un altar improvisado a la entrada de los juzgados de León. Lo formaban los cascos y las linternas de los fallecidos, y una lona con sus rostros y sus nombres. “Justicia y reparación”, se leía sobre la tela. Las declaraciones de testigos e investigados se sucederán hasta el 30 de marzo.

Carlos Pérez, Manuel Moure, Antonio Blanco, Orlando González, Roberto Álvarez y José Luis Arias, los seis obreros que murieron en el siniestro, tenían entonces entre 35 y 45 años. Los cascos de tres de ellos, aún con el hollín pegado tras años en las explotaciones de carbón, tienen corazones y mensajes de cariño dibujados por sus allegados, hastiados tras una década esperando justicia. Nuria Pérez, de 21 años, tenía solo 11 cuando supo que su padre no iba a volver. Carlos, cuyo rostro adorna la camiseta que luce la joven con el lema “Carlos Pérez siempre en nuestro corazón”, dejó una viuda —que murió de cáncer años después del accidente— y una huérfana. Ella lamenta que los directivos “entran con la cabeza bien alta” al tribunal y teme que salgan impunes.

Los acusados son 16 altos cargos de la empresa, y la Fiscalía pide para ellos tres años y medio de prisión (e indemnizaciones) por seis delitos de homicidio por imprudencia grave y ocho de lesiones por imprudencia. La defensa de Hullera Vasco-Leonesa alega que el accidente fue imprevisible. Los mineros murieron asfixiados por el gas grisú, que engulle el oxígeno sin margen para que las víctimas se coloquen el sistema de seguridad.

Durante una de las tres sesiones del juicio celebradas la semana pasada, un grupo de allegados seguía las declaraciones a través de una pantalla en una sala del juzgado. Allí se escuchaban resoplidos, risas irónicas, comentarios sarcásticos, muestras de indignación y muchas negaciones con la cabeza ante los argumentos de los acusados, que insistían en su inocencia aludiendo a “un accidente” y delegando responsabilidades en los estratos inferiores de la compañía. Los máximos responsables de la empresa en aquel momento, Antonio, Arturo y Aurelio del Valle, declararon el lunes y aseguraron que nunca escatimaron en seguridad y que esas cuestiones dependían de otras personas. “No estábamos en la mina todo el día, no sabíamos los trabajos que se hacían, no era nuestra función”, afirmó Antonio del Valle; “Nunca llegó ningún aviso o problema relativo a la seguridad”, incidió su hermano Arturo. Los tres remarcaron que el servicio de prevención dependía del director general y del jefe de seguridad e higiene.

El director general y jefe de seguridad era Mario Calvo, que el miércoles sostuvo que “la ley se cumplía”. “Nadie advirtió de que había algo que no se estaba cumpliendo, los niveles de metano eran normales”, explicó. Sin embargo, aquel 28 de octubre de 2013 se produjo un escape de 12.000 metros cúbicos de grisú que supuso uno de los episodios más trágicos de la minería española.

Las declaraciones enfurecían a los familiares. “Van descargando culpas hacia abajo… Veremos adónde llega el último”, murmuraban. Y también: “Le están echando la mierda al muerto”. El director facultativo de Hullera, José Eliseo, manifestó que “nadie sabe por qué ocurrió [el escape]” y tildó de “falso” que los trabajadores alertaran de la escasez de seguridad.

Todos esos testimonios ofenden a Manuel y Roberto Moure, padre y hermano de uno de los fallecidos: “Lo que peor llevamos es la tomadura de pelo”, dicen. Ambos han sido mineros y, al igual que otros compañeros que piden anonimato por estar citados a testificar, relatan escenas de precariedad: “No teníamos mascarillas contra el polvo”, aseguran. Una de las claves del juicio pasa por esclarecer los motivos del despido de dos encargados de seguridad que supuestamente aconsejaron no adentrarse en la mina por los altos niveles de metano. Mario Calvo achacó ese cese a una “insubordinación” de los dos afectados, mientras que los empleados sospechan que los echaron por plantar cara a la empresa. El pozo Emilio del Valle cerró pocos meses después de la tragedia de 2013. Uno de los exmineros suspira: “Yo volvería, estaba encantadísimo en el pozo. salvo al final”.

Todos reclaman justicia. Hablan con naturalidad de otros episodios duros a cientos de metros de profundidad. Uno cita dientes reventados y una “columna cosida”; otro se quedó “morado” tras pasar siete horas atrapado bajo un montón de lodo solo con la cabeza fuera. Gajes del oficio, dicen. Y añaden: “Puede haber accidentes, pero esto fue una negligencia laboral”.

Moure padre, de 75 años, lleva una camiseta negra con los nombres de los seis caídos que provoca que los ojos de Nuria Pérez, la hija de uno de los mineros fallecidos, se empañen. El hombre pasea arriba y abajo fuera de los juzgados, escuchando las declaraciones con auriculares y, desde su experiencia como minero y como vigilante, sostiene que Hullera “exprimió la veta de carbón de forma bestial”. Su hijo Roberto le ha hecho una promesa: “Hasta donde no llegues tú, llegaré yo”. Porque el hombre, que “estuvo en las minas desde los 15 años”, ahora ya es mayor, y tienen miedo de que el juicio se extienda tanto que él muera sin conocer el porqué de la tragedia que costó la vida a su otro hijo, Manuel Moure, en la maldita galería 740.