Ley del silencio en la Legión para encubrir un crimen

Lavar los trapos sucios en casa y acudir en auxilio del compañero “con razón o sin ella” han sido dos de las máximas de la Legión desde que la fundó el teniente coronel José Millán-Astray, hace 103 años. En el pasado, este supuesto código de honor sirvió de excusa para tapar irregularidades y garantizar la impunidad de presuntos criminales. En democracia ya no es así. Ninguna corporación está al margen de la ley.

Si no se produce ningún retraso, un capitán, dos tenientes, un sargento, un cabo y tres soldados de la Legión se sentarán a partir del martes en el banquillo del Tribunal Militar Territorial de Sevilla por la muerte de Alejandro Jiménez Cruz, de 21 años. Solo uno de ellos hizo el disparo que lo mató, pero todos mintieron para frustrar la investigación. Tanto el presunto agresor como la víctima eran legionarios, pero un falso corporativismo llevó a intentar proteger al primero mientras se negaba a la familia del segundo el derecho a conocer la verdad y obtener reparación.

El 25 de marzo de 2019, la 6ª Compañía de la VII Bandera del Tercio don Juan de Austria, con base en Viator (Almería), realizó unos ejercicios con fuego real en el campo de maniobras de Agost (Alicante). El capitán Antonio Cabello, director del ejercicio, ordenó a los jefes de sección, los tenientes Pablo Fernández y Ricardo Gascón, que los dos pelotones que debían disparar, en sectores enfrentados, no lo hicieran simultáneamente por “el grave riesgo que esto suponía para el personal participante”, pero los dos oficiales “hicieron caso omiso de la orden”, según el relato del fiscal.

El ejercicio consistía en el asalto a una loma disparando en movimiento contra unos blancos. Los soldados llevaban chalecos antifragmentos —sin placas antibala—, casco y fusil HK G-36. El pelotón de Alejandro Jiménez avanzó unos 50 metros en formación en hilera de combate y, cuando avistó los blancos, abrió fuego. El teniente Fernández se incorporó sobre la marcha y disparó también, saltándose su papel de supervisor y sin avisar al jefe de pelotón, el sargento Saúl Antonio Guil, “lo que suponía un riesgo añadido”, en opinión del fiscal.

El jefe de pelotón ordenó parar el fuego cuando estaban a unos 50 metros de los blancos y dos legionarios se acercaron a comprobar los impactos. Fue en ese momento cuando sorpresivamente el sargento gritó: “¡Enemigo al frente! ¡Al faldón de la montaña!”; improvisando un supuesto ataque que no estaba previsto en el ejercicio “con el objetivo de aumentar el consumo de munición”, según el fiscal. Los legionarios se echaron cuerpo a tierra y abrieron fuego, mientras el sargento Guil, de pie, hizo siete disparos en oblicuo, sobre las posiciones que ocupaban sus subordinados, sin aviso previo. El teniente Fernández, testigo mudo, le dejó hacer, pese a que debía ser consciente de “la peligrosidad de su conducta”, según el fiscal.

Uno de los disparos del sargento Guil impactó en el culatín del fusil de Alejandro Jiménez, que estaba rodilla en tierra revisando su arma, y le alcanzó en el pecho, perforando el chaleco antifragmentos. Instantes después, gritó: “¡Me han dado!”. Y se desplomó hacia atrás. Fue evacuado en una ambulancia militar pero, antes de llegar al hospital de Alicante, falleció.

A partir de ese momento se inició la operación para ocultar lo sucedido. El capitán Cabello, prosigue el relato de la Fiscalía, ordenó que se limpiara de vainas el campo de tiro, lo que suponía “una clara alteración del escenario donde se produjo el incidente”. Además, “con el ánimo de ocultar la verdadera munición suministrada y empleada”, se sacó la munición sobrante de los cargadores y se depositó en una caja, lo que impediría saber cuántos disparos había hecho cada uno.

Esa misma noche, la Guardia Civil precintó la zona con una cinta con la indicación “no pasar” y un agente advirtió al capitán Cabello de que no accediera nadie porque a la mañana siguiente se haría una inspección ocular. El capitán reunió a los legionarios, les informó de la muerte de su compañero y les insistió, “sin tener ningún dato que lo avalara”, advierte el fiscal, “en que había sido un rebote y no iba a permitir que le pasara nada malo al personal a sus órdenes”, supuestamente en referencia al sargento Guil.

A continuación, Cabello dijo a los mandos de la compañía “que se había tratado de un accidente causado por un rebote y que asumía en exclusiva la responsabilidad”, ordenándoles que declarasen a la Guardia Civil que él estaba presente durante el ejercicio, lo que no era cierto. El capitán, explica el fiscal, intentaba que se asumiera la teoría de que la muerte la causó una bala rebotada desde el otro sector del campo de tiro, convencido de que nunca se podría determinar el origen real del disparo.

A la mañana siguiente, dio instrucciones a sus subordinados para que dijesen a la policía judicial que, en el momento del disparo mortal, estaban en una posición más atrasada de la real. Poco después llegó la Guardia Civil, que pidió a los legionarios que se situaran sobre el terreno para reconstruir los hechos, pero estos hicieron una falsa representación, como les había ordenado el capitán. “Estos picoletos son unos zoquetes, no saben captar las ideas a la primera”, dijo el sargento Guil a sus hombres. El capitán insistió ante los agentes en que lo ocurrido “lo había visto miles de veces y estaba claro que era un rebote”; mientras les urgía a entregar ya el cadáver de Jiménez porque al día siguiente estaba previsto el funeral.

Cabello presentó a su teniente coronel un informe en el que “silenciaba y distorsionaba aspectos fundamentales de la ejecución del ejercicio”, omitiendo que el sargento Guil improvisó un supuesto ataque cuando ya había terminado; y también falsearon datos los dos tenientes, lo que hizo que la familia del fallecido recibiera una versión manipulada de los hechos. Fue el testimonio de un legionario amigo de la víctima, Francisco Jordi Páez, lo que quebró la ley de silencio impuesta en la compañía.

Según el fiscal, el 24 de abril, durante una reconstrucción judicial de los hechos, en presencia de la Guardia Civil, el legionario advirtió al sargento de que él no estaba cuando murió su compañero en el punto donde este pretendía que se colocara, lo que llevó a su jefe a insultarle y amenazarle: “¡Mírame a los ojos! Te vas a enterar. ¡Te he dicho que te calles la puta boca, cojones!”. Y ya en voz baja: “Eres un subnormal”. Jordi empezó a sufrir la hostilidad y el acoso de superiores y compañeros (que le hicieron el vacío y presentaron una denuncia falsa contra él) cuando sospecharon que había contado la verdad.

La prueba definitiva fue el informe del Departamento de Balística del instituto armado que determinó, en contra de lo que esperaba el capitán, el origen del disparo: la muerte de Jiménez no fue el resultado de un rebote, sino de un tiro directo del fusil del sargento. Aunque se había limpiado el campo de maniobras, los restos del proyectil quedaron alojados en el cadáver.

En sus conclusiones provisionales, el fiscal pide que el sargento Guil sea condenado por los delitos de homicidio imprudente, abuso de autoridad y obstrucción a la justicia; mientras al capitán Cabello lo acusa de deslealtad, encubrimiento y desobediencia. También imputa a los tenientes Fernández y Gascón los delitos de deslealtad y desobediencia, aunque al primero lo considera coautor del homicidio imprudente por no haber frenado al sargento. Los padres de Jiménez creen que la muerte de su hijo no fue un homicidio sino un asesinato y piden también la condena de un cabo y tres soldados de la compañía por encubrimiento.