El sector socialista del Gobierno plantea una subida de penas para evitar futuras condenas bajas a violadores pero Podemos rechaza la fórmula

La ley del solo sí es sí abre una nueva brecha en la coalición de Gobierno, esta vez con un pulso entre el PSOE y Podemos. El presidente, Pedro Sánchez, que ha reunido como cada lunes a su equipo de máxima confianza y se ha centrado en este asunto, ha dado una instrucción muy clara: la ley tiene que modificarse porque el Ejecutivo no puede quedarse sin hacer nada mientras los ciudadanos ven cómo la norma tiene el efecto inesperado de un goteo de rebajas de condenas y excarcelaciones de agresores sexuales. El partido socialista incluso ha anunciado ya que prepara una proposición de ley para acelerar la reforma en el Congreso. Pero antes quiere buscar un acuerdo con Unidas Podemos que ahora parece muy difícil, porque UP rechaza de plano la propuesta de reforma socialista. El PSOE incluso ha dicho que podría presentar la proposición de ley en solitario en el Congreso, algo que implicaría una ruptura. El PP ya ha ofrecido sus votos para esa reforma, pero ese escenario apuntaría a una fractura de la coalición que tanto en el partido socialista como en Unidas Podemos insisten en que quieren evitar. La negociación se precipitará en estos días en una situación política especialmente delicada.

Las revisiones de condenas actuales, que ya han provocado unas 300 rebajas y una veintena de excarcelaciones de agresores sexuales, no se pueden parar de ninguna manera, pero sí se puede cambiar la norma para los delitos cometidos a partir de ahora. Según el análisis técnico que se ha hecho en el Ministerio de Justicia en función de las decisiones que están tomando los jueces, si no se hiciera nada, en los próximos meses y años habría un reguero de condenas más bajas que las que se habrían impuesto antes del cambio de la ley, un efecto difícil de justificar políticamente.

Por eso, la ministra de Justicia, Pilar Llop, del sector socialista, lleva desde finales de noviembre intentando convencer a la responsable de Igualdad, Irene Montero, de Podemos, para aprobar cuanto antes una reforma que implique subir las penas máximas y mínimas y volver a las que había anteriormente a la reforma para evitar esas condenas bajas, según fuentes del Ejecutivo.

Montero ha rechazado en varias reuniones esta posibilidad, pero no por la subida de penas, que ella ya ha asumido como la única manera de evitar condenas bajas, confirman fuentes de los dos sectores del Gobierno, sino por la fórmula elegida para hacerlo. Justicia propone añadir un apartado que aumenta las penas “si la agresión se hubiera cometido empleando violencia o intimidación sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad”. Eso implica para Podemos volver al modelo anterior en el que había que justificar la existencia de violencia. Justicia cree que todo quedaría igual, sin cambiar la esencia, pero con esa fórmula se justifica y recoge mejor técnicamente el cambio. Igualdad plantea subir las penas sin más, es decir, donde pone cuatro años pasar a cinco, pero Justicia alega que eso técnicamente es imposible porque no quedaría justificado el aumento. Por tanto, no se discute la subida de penas, sino la fórmula jurídica para aplicarla.

La reforma que plantea Justicia consiste en dejar las penas como están, más bajas que antes en muchos casos, en el tipo general. Pero en cada artículo se añade una pena más alta, similar a la que había antes “si la agresión se cometiere empleando violencia o intimidación”. Así, el tipo general que ahora está de 1 a 4 años de prisión volvería a 1 a 5 si hay violencia, intimidación o la víctima tiene anulada su voluntad. El de la agresión con acceso vaginal, anal o bucal pasa de los 4 a 12 años actuales a una pena de 6 a 12 años, como estaba antes, siempre que haya violencia, y así sucesivamente con todos los tipos.

Justicia insiste en que no se toca el corazón de la ley, que implica que “solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”. Esto es lo que ponía en el primer artículo que modifica la ley, el 178.1 del Código Penal. Es el corazón del solo sí es sí y se mantendría tal cual. Por eso los socialistas han salido en tromba a señalar que ellos en ningún caso van a cambiar la filosofía de la ley, que se basa en el consentimiento para evitar, como pasaba antes, que las víctimas tuvieran que demostrar que hubo resistencia, por ejemplo. Pero Podemos ha mostrado un rechazo público claro e incluso acusa a los socialistas de ceder ante las presiones del mundo conservador de la justicia y la política, lo que augura que el acuerdo será muy complicado. Los dos meses de negociaciones sin éxito son la mejor prueba de esta dificultad. Fuentes de Igualdad aseguran que ellos aceptan la subida de penas siempre que no incluya esta fórmula que plantea Justicia de añadir el elemento de la violencia o intimidación, que creen que puede suponer un retroceso. Por ahí, insisten, no van a pasar.

El sector socialista del Gobierno está así decidido a hacer un cambio importante y un público reconocimiento de un error en una ley decisiva que promovió Igualdad, pero que suscribió todo el Ejecutivo, Justicia incluido —con otro ministro, Juan Carlos Campo—, y que pasó por todos los controles establecidos en organismos consultivos y tuvo un trámite parlamentario de más de un año. La decisión política de Sánchez es de fondo porque entiende que las consecuencias inesperadas que ha tenido son inaceptables para la sociedad.

El problema político es que Podemos se ha plantado. Los socialistas están convencidos de que habrá un acuerdo y nadie, ni en el PSOE ni en Unidas Podemos, quiere hablar de ruptura. Pero el asunto es de la máxima sensibilidad y se trata de la ley estrella de Montero, por lo que esta brecha en la coalición es de las más difíciles de gestionar de toda la legislatura y en pleno año electoral.

Podemos, el partido de Irene Montero, ha sido este lunes muy crítico con la propuesta de Justicia, adelantada por Cadena SER, hasta el punto de que compara al PSOE con el PP. Ione Belarra, secretaria general del partido y ministra de Derechos Sociales, la ha rechazado porque, en su opinión, hace que el consentimiento deje de estar en el centro de la ley. “No podemos volver al calvario probatorio de demostrar que nos resistimos lo suficiente o que no habíamos bebido”, ha dicho la ministra. “Si Pedro Sánchez pacta con el PP volver al modelo anterior, no solamente estaría traicionando a las mujeres (...) estaría cometiendo un error político del que se arrepentiría”, ha advertido a última hora Pablo Iglesias en la Cadena SER. El exvicepresidente del Gobierno, que no tiene ningún cargo orgánico pero sigue siendo un claro referente político de Podemos, ve en el cambio del socio una respuesta a las “presiones” de la derecha. “Si Pedro Sánchez pacta esto con el PP, lo pagará”, ha insistido.

Para el socio minoritario del Ejecutivo, el problema no está en la ley, sino en la “incorrecta aplicación” del derecho transitorio y de la propia norma por parte de algunos jueces. Así lo sostiene Igualdad y lo ha reiterado en rueda de prensa una de las portavoces de Podemos, Isa Serra, que ha subrayado que tanto ellos como el PSOE “coinciden” en que “una modificación penal no va a acabar con el problema de las revisiones”. Serra ha reconocido que Igualdad y Justicia han mantenido conversaciones en los últimos días para valorar distintas opciones de modificación de la parte penal —la número dos del ministerio de Montero, Ángela Rodríguez, ha indicado ya por la tarde que su departamento ha presentado hasta tres alternativas desde diciembre—, pero Podemos considera “fundamental” mantener el consentimiento en el centro, porque lo contrario sería “una vuelta al modelo anterior” que “rompe el sentido de la ley”.

El partido de Belarra aboga, como ha hecho este lunes Igualdad, por implementar la norma a través de un decálogo de acciones que requieren recursos (como doblar los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer ampliando sus competencias a los delitos contra la libertad sexual, o dar formación especializada a todo el personal de la Administración de justicia e interior) e intentar así proteger a las víctimas. Podemos ha insistido en que el PSOE está sufriendo “presiones” de los sectores conservadores.

El sector socialista del Gobierno rechaza de plano la interpretación del ala morada y está decidido a cambiar la ley. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, lo ha dejado muy claro. “La ley del solo sí es sí ha supuesto una mejora. Pero ha habido efectos indeseados, se está generando una preocupación social que compartimos. Vamos a corregir la ley para que esos efectos no se repitan en el futuro”, ha explicado Bolaños.

Para el ala socialista este asunto no tiene por qué causar una crisis seria en la coalición que derive incluso en una ruptura, pero la decisión de cambiar la ley por parte del presidente es firme. Diversos ministros socialistas insisten en que este es un asunto que preocupa mucho a la sociedad y está perjudicando mucho al Ejecutivo, y no entienden que Podemos no vea que es imprescindible hacer algo para lanzar un mensaje claro a los ciudadanos de que el Ejecutivo no se queda parado cuando hay unas consecuencias tan graves de una iniciativa suya. Tampoco en Podemos hablan de ruptura del Gobierno, pero los mensajes de sus portavoces han sido muy claros para criticar con dureza la propuesta de reforma que plantea Justicia. En el PSOE insisten en que nadie está buscando una ruptura y confían en poder encontrar un acuerdo con Igualdad, pero la tensión sigue creciendo en plena negociación.