El PP mantiene sus recelos políticos y jurídicos a cómo eliminar “disminuidos” de la Constitución

El preacuerdo entre PSOE y PP para sustituir el término “disminuidos” por “personas con discapacidad” del artículo 49 de la Constitución estaba casi hecho, la negociación retomada, pero el asunto parece volver a encallar, pese a los compromisos políticos adquiridos al máximo nivel con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). Los negociadores del PSOE y el PP, el ministro Félix Bolaños y la secretaria general popular, Cuca Gamarra, han quedado para resolver algunos escollos el miércoles de la semana que viene y ambos manifiestan su disposición teórica para el pacto. Pero el PP mantiene algunos recelos, políticos y jurídicos, porque no se fía de que algunos partidos puedan intentar aprovechar la ocasión para “colar” otras reformas de la Carta Magna relacionadas con el independentismo y por las alegaciones sin resolver planteadas por el Consejo de Estado.

Las fuentes gubernamentales consultadas reconocen que aún no hay un acuerdo cerrado con el PP, pero piensan que el partido de Alberto Núñez Feijóo “tiene muy difícil” continuar con su resistencia a reformar la Constitución en un asunto tan sensible y que reclaman de forma unánime las entidades sociales y el Cermi, que representa a la mayoría del sector. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se dirigió el lunes al PP con el objetivo de retomar e impulsar las conversaciones y acercar posiciones para pactar esta reforma constitucional. Bolaños quedará con Gamarra el miércoles que viene en el Congreso y también con representantes de otros partidos. El compromiso adquirido en citas previas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Feijóo, con los ejecutivos del Cermi es que el asunto se resolvería en breve para ejecutar el cambio constitucional antes de que finalice la legislatura. El tiempo ya no sobra.

“Es voluntad del Gobierno modificar el artículo 49 de la Constitución para dar más dignidad y más derechos a las personas con discapacidad. Nuestra voluntad y lo que estamos pidiendo al resto de fuerzas parlamentarias y en particular al principal partido de la oposición es que pasemos de las palabras a los hechos”, afirmó Bolaños tras su cita con la dirección del CERMI. “Creo que es imprescindible que abordemos la reforma en los próximos meses y que lo hagamos como se han de hacer este tipo de modificaciones de la Carta Magna: con consenso, con acuerdo y con ganas de que nuestro país sea un país mejor cada día”, abundó.

El Gobierno aprobó el 11 de mayo de 2021 el anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Ley Fundamental para eliminar el término “disminuido” y sustituirlo por el de “personas con discapacidad”. Desde entonces la tramitación parlamentaria de la primera reforma social que se acomete en el texto constitucional y que reclaman de forma unánime las entidades sociales permanece atascada, en parte porque se cruzaron en su camino varias elecciones.

Sánchez incluyó esa reforma entre los 11 pactos que le propuso a Feijóo el pasado 7 de abril en su primera reunión en La Moncloa con el ánimo de “contemplar las distintas dimensiones de la protección de las personas con discapacidad y reorientar su contenido hacia un enfoque que garantice su dignidad y autonomía”. El proyecto acaba de cerrar su plazo de presentación de enmiendas en la Comisión Constitucional del Congreso desde junio de 2021, ante la falta de acuerdo con el PP. Vox también manifestó su desacuerdo.

El PP sigue sin fiarse, ni del Gobierno, ni del PSOE, ni de las intenciones de otros partidos. PNV, JuntsCAT y hasta Ciudadanos han registrado enmiendas (algo que no hicieron ni ERC ni EH Bildu) y en las mismas no se limitan a respaldar la modificación literaria del artículo 49, como requiere el PP. Los dos partidos nacionalistas proponen otras variaciones relacionadas con aumentar la capacidad de autonomía de sus territorios y Cs, por el contrario, reforzar las competencias estatales. Una asociación de juristas valencianos ha solicitado otro cambio conectado con la reforma masivamente apoyada en su comunidad, incluidos por el PSOE y el PP, para recuperar aspectos de su derecho civil y un régimen económico matrimonial histórico, en el que priorizan la custodia compartida y la separación de bienes tras el divorcio. Gamarra exigirá a Bolaños “garantías” de que no se permitirán todos esos otros debates. El PP, además, también esgrime algunas alegaciones y pegas planteadas por un informe de 29 páginas del Consejo de Estado, no tanto sobre la sustitución del término, como de “mejora y perfeccionamiento” de la reforma constitucional consultada para otorgar más protección a las personas con discapacidad.

Los responsables del Cermi observaron el encuentro de este miércoles con Bolaños muy positivo y valoraron el interés del Gobierno por reunirse la semana que viene con todos los partidos para lograr una reivindicación que llevan persiguiendo tantos años.