PSOE y PP reabren la negociación para eliminar el término “disminuidos” de la Constitución

La comisión constitucional del Congreso cerró definitivamente la semana pasada el plazo de enmiendas —que el PP había obligado a prorrogar varias veces en esta legislatura— para modificar el artículo 49 de la Constitución, que hace referencia a las personas con alguna discapacidad como “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”. El PP presentó solo una enmienda —en línea con la pactada hace ya dos años con el PSOE— que simplemente establece el cambio de ese término por el de “personas con discapacidad”. El asunto, que llevaba encallado más de un año en la Cámara baja por la resistencia de los populares a abrir la puerta a cualquier cambio constitucional, se discutirá ahora en el nuevo periodo de sesiones en el Congreso, que arranca en enero. El PSOE y la mayoría de los partidos están a favor, y las organizaciones más importantes, Cermi y la ONCE, están presionando para acelerar la reforma. Sus responsables se reunieron hace unos días en La Moncloa con el presidente, Pedro Sánchez —y después también con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo—, y les reclamaron un compromiso de que el cambio se materializará antes del fin de la legislatura.

El último intento de modificar la redacción del artículo 49 de la Constitución fracasó, en septiembre de 2021, porque la ya entonces portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, razonó que no le parecía “el momento político oportuno” para tocar la Ley Fundamental. En el texto de su enmienda el PP argumentó que “las razones de oportunidad” para llevar a cabo esa reforma eran “absolutamente inexistentes”, por estar en el Gobierno “partidos que cuestionan abiertamente la Constitución española y cuya voladura pretenden”, en alusión a Unidas Podemos. Vox también registró un texto similar. Los populares incidieron mucho en la posibilidad de que algunos socios del Ejecutivo de coalición quisieran aprovechar la oportunidad para “abrir el melón” de planteamientos mucho más profundos de reforma constitucional, siempre con el telón de fondo del miedo a una repetición del procés independentista catalán.

Los partidos en el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, que tienen la mayoría en la mesa de la comisión constitucional del Congreso para regular sus plazos y calendario, han decidido ahora que es el momento “para tirar hacia adelante” con ese cambio pendiente desde hace 44 años, según fuentes de ambos grupos. El artículo 49 dice: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”. La propuesta de modificación se limita a sustituir “disminuidos” por “personas con discapacidad”. El PP asume ahora de nuevo en su única enmienda esa modificación, pero aún no ha retomado las negociaciones que ya emprendió y cerró con el Ejecutivo sobre este asunto hace dos años. La reforma del artículo 49 fue parte incluso de la primera cita que mantuvieron el presidente, Pedro Sánchez, y el nuevo líder popular, Alberto Núñez Feijóo, en abril de 2022, en la que el presidente ofreció al líder popular hasta 11 pactos de Estado. Aquello tampoco fructificó.

Las principales asociaciones centradas en la discapacidad, además, presionan y mucho. Hace 15 días, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo, y el de la ONCE, Miguel Carballeda, acudieron a La Moncloa y mantuvieron una reunión de trabajo con Pedro Sánchez, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra. En el encuentro, le refrescaron la memoria al presidente sobre las promesas pendientes y obtuvieron su compromiso de agilizar esta medida ya en su trámite parlamentario, según confirman fuentes de todas las partes. Carballeda aprovechó el momento para plantear otras reclamaciones, como una sede propia para los deportistas paraolímpicos o que pasen del 0,7% al 1% los fondos de solidaridad.

El presidente del Gobierno, en cualquier caso, avisó a los presidentes del Cermi y de la ONCE de que debían terciar también ante el PP para desatascar la tramitación de la reforma constitucional. A la misma salida de La Moncloa, el presidente de la ONCE llamó a Génova 13, sede de los populares, y reiteró una demanda que esas organizaciones y sus miles de afiliados deducen ya a estas alturas como “una cuestión de dignidad de las personas”, como resume Carballeda. El directivo de la ONCE interpreta que logró de Sánchez y Feijóo su “compromiso” de que la reforma saldrá adelante antes de que acabe la legislatura, y ahora persigue que sea cuanto antes y por unanimidad. Le falta el apoyo explícito de Vox.

En el Congreso hay un respaldo muy mayoritario al cambio del artículo 49, con algunos matices. El miedo del PP, Ciudadanos y Vox a que los partidos nacionalistas e independentistas socios del Gobierno puedan intentar introducir alguna modificación más amplia de la Constitución persiste. Pero esa amenaza queda bastante diluida por ahora, ante la evidencia de que partidos separatistas como ERC o EH Bildu no han registrado ninguna enmienda.

El PNV, sin embargo, sí lo ha hecho y sin olvidar prácticamente ninguna de sus históricas reivindicaciones. El partido nacionalista vasco ha presentado 11 enmiendas, en las que reclama introducir en la Constitución el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo vasco y la limitación de la inviolabilidad del Rey; cuestiona las funciones de las Fuerzas Armadas; proponer eliminar el artículo 155 que permitió la intervención de la Generalitat de Cataluña y propugna la mejora de las garantías institucionales de los “derechos históricos de Euskadi”, para lo aboga por crear una Sala Foral en el Tribunal Constitucional.