El Gobierno insiste tras la primera pregunta de un juez: la reforma de la malversación no beneficiará a los corruptos

La primera pregunta de un juez de la Audiencia Nacional a las partes en un caso de corrupción sobre la posibilidad de que la reforma del delito de malversación que ha promovido el Gobierno beneficie a los imputados ha generado una gran inquietud en el mundo político, pero el Ejecutivo traslada absoluta tranquilidad y confianza de que no estamos ante un nuevo problema como el de la ley del solo sí es sí, donde la interpretación de los jueces, que el Gobierno rechaza, ha permitido que hasta 140 agresores sexuales hayan logrado menores penas como consecuencia de la reforma, algo que nadie en el Ejecutivo esperaba. El Gobierno está absolutamente seguro de que esta vez las cosas están meridianamente claras. La reforma no ha tocado la parte que afecta a los delitos de corrupción clásicos, esto es, los que suponen sustracción de dinero público, asegura el Gobierno, y solo ha creado un nuevo tipo de “desviación presupuestaria” pensado expresamente para beneficiar a los imputados por el procés, que se enfrentarán así a penas mucho más bajas, al pasar de un máximo de 12 años a otro de 4. “La orientación de esa reforma tenía el objetivo de no despenalizar ningún tipo de corrupción. Solo se ha diferenciado el que roba el dinero público del que produce una desviación del presupuesto irregular”, ha asegurado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.

Rodríguez ha insistido en varias ocasiones durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en la que este asunto ha sido protagonista tras la pregunta del juez de la Audiencia Nacional a las partes, en que el Gobierno está seguro de que los jueces interpretarán correctamente la ley y no se beneficiará ningún corrupto. Fuentes del Ejecutivo recuerdan que no solo se ha dejado intacta la parte de la malversación que afecta directamente a la sustracción de dinero público, sino que además esta vez, al contrario de lo que se hizo con la ley del solo sí es sí, se ha incluido una disposición transitoria para que no puedan beneficiarse los corruptos de esta reforma. “El Gobierno persigue penar todo tipo de corrupción. Este gobierno lucha y luchará contra la corrupción”, ha insistido varias veces Rodríguez.

La reforma está pensada casi en exclusiva para dar una solución política al procés y rebajar las penas de los que aún quedan por juzgar, en especial los cuadros intermedios de ERC y Junts, para evitar que un nuevo goteo de condenas a muchos años de cárcel reabriera de nuevo una oleada de protestas como la de 2019 y pudiera servir para reactivar a un independentismo cada vez más dividido y debilitado. Por eso el escenario de que como efecto colateral fuera utilizada por algunos jueces para beneficiar a los corruptos sería demoledor para el Ejecutivo. En La Moncloa insisten en que esto es totalmente imposible, y señalan que se verá en cuanto algunos corruptos empiecen a pedir revisiones de pena y no se las concedan. “La reforma no va dirigida a despenalizar ningún tipo de malversación, de hecho incluso endurece los delitos de corrupción al incorporar el de enriquecimiento ilícito. Este Gobierno tiene un claro compromiso en la lucha contra la corrupción. Tenemos plena confianza plena en que los jueces aplicarán la reforma en este sentido”; insistió Rodríguez.

La portavoz sí admitió que con la ley del solo sí es sí las cosas no han salido como esperaban, pero insistió en que con el tiempo se podrá ver el efecto beneficioso de esta norma para la protección de las mujeres. “Nosotros legislamos para proteger a las mujeres de la violencia sexual. El Gobierno confiaba en la interpretación clásica de la doctrina, pero ahora hemos reforzado la interpretación y tenemos confianza en la unificación de la doctrina”, aseguró apuntando así que el Ejecutivo no tiene intenciones de cambiar esta norma, algo que no está nada claro que resolviera el problema.