El Gobierno valenciano apela al Consejo de Estado para defender el trasvase Tajo-Segura

El Gobierno valenciano presentará alegaciones al proyecto de real decreto que regula el plan de cuenca del Tajo, ahora en estudio en el Consejo de Estado, que afecta al trasvase Tajo-Segura del que dependen miles de agricultores de Alicante, Murcia y Almería. El proyecto, elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), no salvaguarda el trasvase entre las dos cuencas más allá de 2025, a diferencia de lo que pedía la Generalitat valenciana. El malestar en el seno del Ejecutivo valenciano hacia el Gobierno central era palpable la mañana de este martes. La transferencia de agua genera más de 100.000 empleos en el sureste español, según una estimación del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.

La Comunidad Valenciana pidió al Ministerio de Transición Ecológica que incluyera en el proyecto de real decreto un mecanismo corrector de los caudales ecológicos establecidos en el plan de cuenca del río. Ese mecanismo serviría para garantizar la llegada de agua a los regadíos alicantinos. Según la Generalitat valenciana, el ministerio de Teresa Ribera se abrió a la revisión de caudales e incluyó en la disposición adicional novena del proyecto que a partir de 2025 se evaluase el estado de la cuenca y, en función de su situación hídrica, “se subiera o no” la reserva ecológica prevista. De lo contrario, el aumento paulatino del caudal ecológico del Tajo reducirá el excedente para la cuenca del Segura en pocos años —un escenario por el que aboga el Gobierno castellano-manchego, que preside el socialista Emiliano García-Page— hasta hacerlo inviable.

El proyecto de real decreto para la revisión de los planes hidrológicos —donde está incluido el del Tajo—, que este lunes llegó al Palau de la Generalitat, no incluye esa salvedad, confirmaron fuentes oficiales. De la redacción ha desaparecido el apartado tres de la cláusula novena, donde se establecía que antes de calcularse los caudales ecológicos mínimos del Tajo para 2026 y 2027, el Miteco evaluaría si se cumplían los objetivos ambientales y a partir de ahí se vería si se recortaban o no las reservas. Ese punto no aparece en el último texto que le ha llegado al Gobierno valenciano.

El bajo nivel de los embalses del Tajo, agravado por la falta de lluvias, y la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, donde el debate en torno al agua se utiliza como arma arrojadiza entre partidos, azuza la guerra entre las comunidades autónomas afectadas. Los intereses contrapuestos de Andalucía y Murcia, en manos del PP, y de Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, del PSOE, dificultan las estrategias de cada partido ante los comicios de mayo.

El Gobierno valenciano ha expresado este martes su “más firme rechazo” a la supresión de los índices correctores y exige a la vicepresidenta tercera Teresa Ribera que se mantenga la cláusula: “La Generalitat valenciana emprenderá todas las acciones que estén a su alcance para defender la continuidad del trasvase Tajo-Segura y apoyar así las demandas de los regantes alicantinos”, asegura.

El Consejo de Estado deberá ahora emitir un dictamen sobre el proyecto de real decreto relativo a los planes hidrológicos de cuenca de determinadas demarcaciones antes de remitirlos al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. Por ello, el Consell ha solicitado audiencia al órgano consultivo del Gobierno para poder efectuar alegaciones, al tiempo que reafirma su compromiso en defensa de los regantes valencianos y su voluntad de agotar todas las vías posibles para garantizar la transferencia de agua.

El Miteco replica que el texto trasladado al Consejo de Estado es el acordado en el Consejo Nacional del Agua para el cumplimiento de la normativa y la ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo, que en los últimos tiempos han dado la razón a Castilla-La Mancha en aspectos relacionados con el trasvase frente a los recursos presentados por el Gobierno de Murcia o las asociaciones de regantes del sureste. El consejero de Desarrollo Sostenible castellano-manchego, José Luis Escudero, ha asegurado este martes que el borrador remitido al Consejo de Estado refleja lo que “el Gobierno regional pretendía, que haya un incremento paulatino en los niveles del caudal ecológico”.

Fuentes de Transición Ecológica añaden que “el acuerdo asegura más de 8.000 millones de inversión en este nuevo ciclo del agua, anticipa los riesgos del cambio climático y dedica la mayor cuantía jamás destinada en España a este ámbito”. El departamento de Teresa Ribera asegura “transparencia y diálogo con todos los actores implicados, y prevé un exhaustivo rendimiento de cuentas sobre el cumplimiento de los hitos de inversión”.

Habrá subvenciones para el agua desalada

Además, el Ejecutivo valenciano ha recibido con estupor la decisión del ministerio y de la empresa pública Acuamed, que gestiona el agua desalada en España, de anular la subvención que venía concediendo al agua desalada que usan los regantes del acueducto Tajo-Segura y que supondrá en la práctica triplicar los precios de la misma. El ministerio ha recordado que las ayudas “se articulaban gracias a un decreto ley de sequía, que expiró el pasado 31 de diciembre al no seguir registrándose los umbrales establecidos en la citada norma”. Pero “ultima un nuevo decreto transitorio que prevé llevar al Consejo de Ministros a la mayor brevedad posible, para compensar a los regantes, subvencionando esa agua desalada”.

Según el ministerio, las palabras del presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, Lucas Jiménez, sobre ese acuerdo “están fuera de lugar”. A pesar del “respeto y aprecio” que la ministra y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, tiene por él, aseguraron desde su departamento que no comparte sus manifestaciones. “Lo peor para los regantes es contar mentiras, prometer lo que no se puede y no anticipar los impactos del cambio climático en la disponibilidad de recursos hídricos”, aseguró Ribera.

El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha reaccionado a las declaraciones de Ximo Puig, de quien ha dicho que “no tiene autoridad moral para hablar del trasvase”. “Llevamos 22 recortes del trasvase injustificados, sin ningún informe técnico que lo avale, y un informe en el Consejo de Estado con un gravísimo recorte, donde Puig se ha callado. No tiene ni autoridad moral ni política para hablar de trasvase. La ha perdido porque sigue queriendo engañarnos”, ha aseverado el dirigente del PP.