La acusación de Bárcenas a la cúpula de Interior por el ‘caso Kitchen’ evita las rebajas de penas de la malversación

Luis Bárcenas, gerente y tesorero del PP durante los mandatos de José María Aznar (1990-2004) y Mariano Rajoy (2004-2009), ha pasado más de seis años en la cárcel. Condenado en firme a 29 años por el caso Gürtel —una trama corrupta que hizo negocio y sobornó a numerosos cargos públicos de administraciones gobernadas por el PP— y a dos años más por pagar con dinero de la caja b de su partido las obras de reforma de la sede principal (Génova, 13), Bárcenas ha conseguido esta semana la semilibertad tras pasar en prisión más de la mitad de los años de cumplimiento máximo (12) que le correspondía.

Cuando ingresó por primera vez en la cárcel (en junio de 2013), la policía puso en marcha una operación secreta ordenada presuntamente desde el Ministerio del Interior y sin autorización del juez para espiar a la familia de Bárcenas con el objetivo de robarle documentación sobre la causa judicial abierta por la caja b del PP. Ese operativo ilegal —la Operación Kitchen— fue pagado con fondos públicos y ejecutado por media docena de comisarios, según la investigación judicial.

Ahora el caso está a punto de ir a juicio. Y Luis Barcenas, su esposa, Rosalía Iglesias (que sigue presa, también condenada por el caso Gürtel), y su hijo, Guillermo Bárcenas, han presentado un escrito de acusación en el que piden penas de cárcel para 11 personas: ocho policías (la mayoría, comisarios), el chófer de la familia al que captaron como confidente y la cúpula política de Interior: el exministro Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado Francisco Martínez. A todos ellos les atribuye numerosos delitos, pero el que más años de cárcel conlleva es el de malversación de fondos públicos. Y el artículo del Código Penal que cita el escrito es el 432.2, que castiga “a quienes, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble que hubieran recibido en depósito, comisión o custodia o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos o negaren haberlos recibido”. Bárcenas pide seis años de cárcel por ese delito para esas 11 personas, la máxima pena que fija ese artículo 432.2 del Código Penal.

La Fiscalía Anticorrupción aún no ha presentado su escrito de acusación. Antes de hacerlo, analizará si la reforma legal recién aprobada por el Parlamento y que rebaja las penas para la malversación sin lucro personal puede beneficiar a los implicados en el caso Kitchen. La reforma impulsada por el Gobierno a petición de ERC se ha hecho con el objetivo de beneficiar a los independentistas catalanes ya condenados (que ya fueron indultados de la pena de prisión y ahora verán rebajada la de inhabilitación) y a los que están pendientes de juicio o huidos de la justicia (que verán reducidos los años de cárcel por los que pueden ser condenados). Pero se aplicará también a cualquier otro acusado de malversación sin lucro.

La defensa del extesorero del PP entiende, y así lo expresa en el escrito de acusación, que se pagó con fondos públicos al confidente a razón de 2.000 euros al mes durante dos años y, por tanto, hubo un lucro para terceros, algo que sigue estando castigado en el nuevo Código Penal con la misma pena que antes de la reforma legal aprobada el pasado jueves. Pero además, según fuentes jurídicas próximas a la investigación, los delitos fueron cometidos entre 2013 y 2015, cuando el Código Penal en vigor sólo castigaba con penas de cárcel la malversación con lucro personal o de terceros. La reforma actual, que entrará en vigor el próximo 12 de enero, sería incluso más desfavorable, pues penaliza con cárcel la malversación sin lucro.

El escrito que presentó a finales de octubre el abogado de la familia Bárcenas relata los supuestos ataques que sufrió la familia entre 2012 y 2015, cuando se destapó la fortuna que el extesorero ocultaba en Suiza (48 millones de euros) y tras revelar el diario EL PAÍS la existencia de una caja b nunca declarada a Hacienda o al Tribunal de Cuentas por el PP —ocho millones de euros que pagaron empresas contratistas entre 1990 y 2009— que controlaron Luis Bárcenas y su jefe directo en el partido, Álvaro Lapuerta, ya fallecido.

“Entre 2012 y 2015″, señala el escrito, “[la cúpula del Ministerio del Interior] orquestó una operación parapolicial al margen de la ley con el fin de conseguir y destruir la posible información que tuviera [la familia Bárcenas] en su poder que pudiese afectar al Partido Popular y que este pudiera utilizar en el procedimiento Gürtel cuya instrucción se seguía en la Audiencia Nacional”.

Bárcenas sitúa el comienzo de las maniobras policiales contra él y su familia en febrero de 2013, tras la publicación de la contabilidad secreta del PP en EL PAÍS. El extesorero define esa documentación como “una contabilidad extracontable del PP que podía perjudicar en gran manera al partido político”. El escrito detalla los pormenores de la operación policial y las maniobras de Interior contra Bárcenas durante aquellos años.

Abuso de funciones del ministerio. Bárcenas acusa a Jorge Fernández Díaz, entonces ministro del Interior del Gobierno del PP, y a su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, de poner en marcha, “con conocimiento de su ilegalidad y claro abuso de funciones, una operación encaminada a la obtención de información y documentación en poder del extesorero y su familia con el fin de sustraer de forma ilícita dicho material del juez que investigaba el caso Gürtel”.

La operación secreta, según la investigación judicial, implicó a media docena de comisarios y supuso un coste de 50.000 euros de la partida de fondos reservados, para pagar a Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas, convertido en topo de la policía para encontrar los secretos que pudiera guardar el extesorero del PP. Además, en la operación de seguimiento participaron, sin saber el objetivo de su misión, decenas de policías.

Clonado de teléfonos móviles y tabletas. El escrito señala que el chófer Sergio Ríos logró copiar el contenido de teléfonos móviles y tabletas propiedad del extesorero del PP para el Ministerio del Interior. Esa información nunca se puso a disposición judicial, hasta que se abrió una investigación por este caso muchos años después.

Robo en un arcón con doble fondo del taller de Rosalía Iglesias. Bárcenas acusa también a Interior de entrar ilegalmente en un taller de restauración de muebles donde trabajaba su esposa para “sustraer documentación de un arcón con un doble fondo”. Esa documentación, sin apenas relevancia, acabó publicándose en prensa bajo la denominación “los papeles de Rosalía” mucho antes de que llegaran al juez que investigaba los hechos.

El asalto al domicilio del falso cura. El extesorero del PP relata el episodio violento del asalto a su domicilio por parte de un hombre disfrazado de cura en octubre de 2013. Enrique Olivares maniató a punta de pistola a Rosalía Iglesias y a su hijo Guillermo dentro de la vivienda de ambos, con el supuesto objetivo de conseguir documentación relevante que ambos guardaban para “acabar con el Gobierno de la nación”. El falso cura fue condenado a 22 años de cárcel en 2014. Murió ocho años después. Pese a las sospechas de Bárcenas, nunca se pudo demostrar la vinculación de ese hombre con la operación del Ministerio del Interior.

Acoso injustificado en la prisión. Bárcenas relata los múltiples incidentes que sufrió durante su estancia en prisión preventiva, entre 2013 y 2015. Fue clasificado como FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento) y él argumenta que no cumplía ninguno de los requisitos exigidos: ser especialmente conflictivo y peligroso; pertenecer a organizaciones armadas o de delincuencia organizada; ser miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado o estar vinculado a la delincuencia internacional. El extesorero del PP relata que nunca se le quiso trasladar a un módulo de respeto de la cárcel y que sufrió la vigilancia de distintos internos que supuestamente colaboraban con el equipo parapolicial de Interior a través del comisario José Manuel Villarejo. Tras quedar en libertad durante tres años, Barcenas fue condenado por la Audiencia Nacional en mayo de 2018 y regresó a prisión, ya para cumplir condena. Unos días después, el socialista Pedro Sánchez ganó una moción de censura contra Rajoy y fue investido presidente del Gobierno. Desde entonces, el extesorero del PP “no ha sufrido nada parecido a lo relatado” durante su primera estancia en prisión provisional.