El Gobierno y sus socios debaten registrar la nueva reforma del Constitucional tras conocer el fallo del tribunal

El Gobierno de coalición debate internamente y con sus socios en el Parlamento la oportunidad de registrar con varios grupos políticos en el Congreso la proposición de ley que pretende cambiar de nuevo el sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional con la máxima urgencia, días después de conocer el fallo de ese órgano de garantías que tumbó su anterior intento de reforma por la vía exprés de las enmiendas a otra norma y que aún no se ha hecho público. Esa derrota y sus consecuencias han provocado una crisis institucional sin precedentes en España entre distintos poderes del Estado. Algunos dirigentes socialistas y de Podemos presionaron para forzar esa tramitación exprés este mismo jueves, para hacerla coincidir simbólicamente con el pleno del Senado programado para votar esas reformas suspendidas.

En el Gobierno hay prisa, y cierto ánimo de revancha, para corregir cuanto antes el varapalo y el toque de atención recibido desde el Constitucional con la suspensión de las enmiendas aprobadas por el Congreso y en las que se quería modificar el método de elección de los magistrados de ese tribunal, que lleva desde el verano con cuatro vacantes por renovar y que mantiene al frente a una mayoría conservadora que no se corresponde con la actual representación parlamentaria. Algunos de los componentes del Ejecutivo, del PSOE y de Unidas Podemos, argumentaron que sería “muy simbólico” aprovechar el momento de la celebración del pleno del Senado de este jueves, que debería haber ratificado las enmiendas tachadas por el TC, para acudir en el Congreso al registro y presentar allí al mismo tiempo la proposición de ley con el mismo contenido que la reforma borrada para hacer valer “la división de poderes” y su “autonomía parlamentaria”. Ese debate y ese ánimo recorrió toda la intensa jornada en la Cámara baja sin una solución por el momento.

Varios ministros, del ala socialista, pero también de Unidas Podemos, alertaron a sus compañeros, en público y en privado, que no sería conveniente precipitarse ahora de nuevo y cometer algún fallo técnico en el registro de la proposición de ley que persigue reproducir el contenido de aquellas enmiendas anuladas. Esa discusión no está resuelta, pero la mayoría de los interlocutores consultados se decantan por ahora por esperar a conocer y estudiar en profundidad el auto del Constitucional que derrotó las citadas enmiendas y también para escrutar los votos particulares de los cinco magistrados que se opusieron a ese fallo.

La vicepresidenta segunda y líder política de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, reunió en el Congreso a todos los sectores de esa formación para intentar fijar un criterio común, porque horas antes otras ministras y dirigentes de la coalición se habían expresado en el sentido de actuar de inmediato, como la titular de Igualdad, Irene Montero, o el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens. Esas urgencias se fueron atemperando durante todo el día. Díaz tiró de experiencia jurídica y razonó que en este proceso primero hay que considerar cuáles son los argumentos establecidos por el tribunal en su auto sobre los posibles errores cometidos para no caer otra vez en los mismos. Una idea que repitió de forma muy similar la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero.

Llamada a Oramas

En La Moncloa, en el entorno del presidente Pedro Sánchez, que es el que cerrará este debate, hay colaboradores que abogan por presentar el nuevo texto parlamentario con el mismo sentido que las enmiendas retiradas del Constitucional este jueves, día del sorteo de la Lotería de Navidad, o el viernes, en vísperas de las fiestas. Y con la incorporación en la firma del texto no solo del PSOE y de UP sino de otros partidos normalmente aliados, a los que ya se ha sondeado, como ERC, PNV, EH Bildu, PDeCAT, Más País, BNG o incluso Coalición Canaria y Teruel Existe, que tienen menos escaños pero a los que se quiere implicar.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, está coordinando otra vez esta compleja negociación. Bolaños llamó a la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, para pedirle los dos votos de que dispone esa formación en la Cámara baja y solo recibió la confirmación de que respaldarán que la iniciativa comience su camino, pero no pudo anticiparle si la suscribirían con otros socios de partida. Oramas y otros portavoces piensan que el Gobierno debería sosegarse, analizar bien el contenido de la proposición y llevarla al registro cuando esté lista y sin prisas, incluso aunque haya que habilitar un pleno durante el mes de enero, que normalmente es inhábil.

En la dirección del PP en el Congreso ya anticipan que también quieren examinar a fondo esa proposición y avanzan que si su literalidad es la misma que el de las enmiendas suprimidas por el Constitucional, la volverán a recurrir ante el tribunal de garantías, aunque en este caso sin demandar medidas cautelarísimas.

Lo que no tendrá problemas el Ejecutivo de coalición es para sumar apoyos y firmas a esa propuesta. Tampoco desde ERC, uno de los socios recurrentes y claves de esta legislatura. El portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, ya lo dejó claro este miércoles durante la sesión de control cuando dio la bienvenida al presidente Sánchez a la guerra judicial y relacionó estos conflictos con ese poder ahora con lo que sucedió en 2017, durante la última fase del procés independentista catalán. En la misma línea había intervenido también el presidente catalán, Pere Aragonés. Rufián anunció así que ERC está dispuesta a “involucrarse” en las nuevas iniciativas parlamentarias que se tomen para lograr la renovación del Consejo General del Poder Judicial, como ya ha hecho en estas últimas semanas en la reforma del Código Penal. “Háganlo, allí estaremos”, le animó Rufián a Sánchez, y señaló: “Hay una diferencia entre ustedes y nosotros: nosotros no les dejaremos tirados. Lo hacemos para dignificar la democracia, porque nosotros antes que independentistas somos demócratas”.