El Congreso se cansa de la bronca

Todo cansa, incluso armar jaleo en el Parlamento. Y más en una sesión de control descafeinada como la de este miércoles, con toda la cúpula del Gobierno, Pedro Sánchez el primero, ausente por diversos compromisos internacionales. No es que faltaran motivos para la confrontación, empezando por esa supersónica reforma del Código Penal que este jueves será consagrada en el pleno después de un proceso de redacción liquidado en 24 horas, un récord para los anales de la historia legislativa. En los últimos días, más allá de los muros del Congreso se habían escuchado cosas terribles sobre una democracia agonizante y un presidente investido con los poderes fraudulentos de un dictador. Nada de eso hizo mella en esta ocasión en los diputados, tal vez receptivos a los insistentes llamamientos de la presidencia en las últimas semanas o simplemente un poco hartos de la reyerta

Quedaban los ecos de algún altercado reciente, como el de la última sesión de control, cuando la ministra de Igualdad, Irene Montero, descargó sobre los diputados del PP la acusación de “fomentar la cultura de la violación”. La popular Carmen Navarro le exigió este miércoles que se disculpase por ello. Montero ignoró la petición, pero evitó el contraataque y se limitó a defender los nuevos instrumentos que la ley del solo sí es sí brinda a las mujeres para defenderse de las agresiones sexuales. Ni siquiera el choque posterior con la diputada de Vox Inés Cañizares elevó en exceso la temperatura. Cañizares compareció con el lanzallamas a medio gas —que no volviese a acusar a Montero de promover la pederastia resultó toda una novedad— y prefirió mostrar su ingenio para el juego de palabras: “Si le queda algo de dignidad, dimita sí o sí”. La ministra persistió en su estrategia de no embestir y le respondió con un alegato a favor del feminismo, “la principal fuerza democratizadora de España”.

La tensión solo subió un poco cuando la popular Edurne Uriarte preguntó al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por la contratación del marido de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, como alto cargo del Patrimonio Nacional. Para el PP es un caso de nepotismo. Bolaños se la devolvió diciéndole a Uriarte que ella no era la más indicada para plantear la cuestión. Todo el mundo entendió que estaba insinuando algún supuesto beneficio que habría recibido su interlocutora en la época en que estuvo casada con el que era ministro de Educación, José Ignacio Wert. Desde los escaños del PP se escucharon gritos de “machista”. Uriarte lo repitió y aprovechó para ironizar sobre Irene Montero: “Tenga cuidado, que la ministra de Igualdad lo va a acusar de violencia política”.

Una semana más, el PP se olvidó de la economía. El asunto solo afloró por la pregunta de Iván Espinosa de los Monteros a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que sirvió para demostrar que el portavoz de Vox resiste inmune al consenso que se ha ido abriendo paso en Europa sobre la inconveniencia de bajar impuestos en estas circunstancias. Los populares se dedicaron con más ahínco a la reforma de los delitos de sedición y malversación. Por ahí atacaron a las ministras de Justicia, Pilar Llop, y de Defensa, Margarita Robles. Esta última es de siempre la mejor valorada por la derecha, y el PP intenta a menudo arrancarle alguna declaración comprometedora para sus compañeros de Gobierno. El número dos del Grupo Popular, Carlos Rojas, lo probó de nuevo y, como de costumbre, pinchó en hueso. Robles, tan crítica a menudo con sus socios de Unidas Podemos, se declaró “orgullosa” de pertenecer al Ejecutivo de Sánchez.

El Gobierno parecía contar con que sus adversarios repitiesen algunas de las altisonantes acusaciones de los últimos días, por lo que varios ministros reprocharon a la oposición que niegue la legitimidad al Ejecutivo y a la mayoría que lo sostiene. El PP no se dio por aludido.

Inés Arrimadas llegaba tras haber aportado su particular sentencia al frenesí hiperbólico de los últimos días: “Sánchez ya no es presidente de un Gobierno, es un aprendiz de dictador”. En sede parlamentaria y ante el ministro de la Presidencia, la líder de Ciudadanos se cuidó de no deslizarse de nuevo por esa pendiente. Lo suyo fue como agitar una coctelera: “Cada año en España se sufren 280.000 robos, unas 14.000 ocupaciones ilegales, la corrupción nos cuesta centenares de millones de euros y, por poner un ejemplo, el separatismo cada día señala a familias que quieren tener también una educación en español…” ¿Adónde quería llegar Arrimadas? A que, en lugar de legislar sobre todo eso, el Gobierno se dedica “a cambiar con artimañas infames el Código Penal para beneficiar a cuatro condenados delincuentes”. Bolaños le replicó que Ciudadanos tiene nostalgia de los días del procés: “Ustedes son una garantía de conflicto, nosotros una garantía de soluciones”.

Los diputados del PP hicieron eco a su líder ausente, Alberto Núñez Feijóo, y remataron cada intervención pidiendo elecciones anticipadas. Vox mostró otro estribillo, repetido con insistencia el martes, en la primera jornada del pleno semanal: “Vamos a parar el golpe de Sánchez”. Del lado gubernamental no hubo ministro que no reconviniese al PP por su “deslealtad” al bloquear la renovación del Poder Judicial. Frases de laboratorio que no elevan mucho el debate parlamentario, pero al menos tampoco hieren el aire como los insultos.