El Constitucional opta por aislarse del ruido sobre su renovación

El Tribunal Constitucional ha convocado para la próxima semana —los días 20, 21 y 22— un nuevo pleno, que probablemente será el último del año, en el que, una vez más, no ha incluido ningún asunto conflictivo. Las deliberaciones sobre leyes relevantes siguen aparcadas, a la espera de ver si el Consejo General del Poder Judicial elige a los dos magistrados del órgano de garantías que le corresponde nombrar. Cuando se produzca, esa elección supondrá el punto final a seis meses de resistencia del sector conservador del Consejo, que mantiene bloqueada la obligada renovación del tribunal desde el 12 de junio, fecha en la que caducó el mandato de su actual composición.

El criterio dominante en el Constitucional es que el relevo de cuatro de sus magistrados —entre ellos el presidente, Pedro González-Trevijano, y el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, conservador y progresista, respectivamente— ya no podrá hacerse hasta el próximo enero, aunque se desbloquee en el pleno ordinario que el Poder Judicial tiene también convocado para el 22 de diciembre. Lo previsto, en este sentido, es que la reforma legal impulsada por el Gobierno para facilitar la renovación se apruebe en esa misma fecha en el Senado, lo que supondrá la apertura de un breve plazo para la presentación de candidatos. En el Constitucional se estima, por tanto, que la toma de posesión de los nuevos magistrados tendría lugar pasado el paréntesis de Navidad y Reyes.

Un magistrado del grupo progresista del tribunal define así la situación: “Aquí lo que se ha acordado es una estrategia de cuerpo a tierra, con la confianza de que la nueva ofensiva del sector conservador del Poder Judicial para entorpecer la renovación no tenga el menor éxito”.

En el sector conservador del Constitucional se considera previsible el rechazo, este martes, de Rafael Mozo, presidente suplente del Poder Judicial, a celebrar una reunión urgente para elegir a los dos magistrados del tribunal de garantías que le corresponde designar al Consejo. Entre los progresistas, en cambio, se ha recibido con satisfacción la noticia, pues consideran que hay que aplicar la reforma legal que impulsa el Gobierno sin dilaciones.

En paralelo, la mayor satisfacción del grupo conservador del tribunal de garantías se centra en la constatación de que con la nueva normativa para la renovación del Constitucional ya no va a ser precisa, al menos, la celebración de un pleno específico en el que haya que dar o negar el plácet a Juan Carlos Campo y Laura Díaz, los dos magistrados que ya ha designado el Gobierno. Los integrantes de este bloque ya habían advertido de su oposición a admitir a los dos juristas elegidos por el Ejecutivo mientras no vinieran acompañados de los dos que corresponde designar al Poder Judicial. Sin embargo, fuentes de este grupo admiten que un pleno celebrado bajo dichas circunstancias les hubiera hecho pasar a la historia del tribunal como responsables de la segunda vuelta de tuerca —tras la aplicada por el Poder Judicial— para conseguir el bloqueo del Constitucional, dando la imagen de aferrarse a unos cargos en los que tuvieron que haber cesado hace ahora medio año.