Unidas Podemos presiona al PSOE para reformar ya la elección del Poder Judicial, como acaba de hacer con el Constitucional

El Gobierno afronta una nueva semana clave, con mucho ruido político y varios hitos legislativos simbólicos, porque tiene distintas urgencias para acabar el año. El presidente del Ejecutivo y líder del PSOE, Pedro Sánchez, reconoció el domingo en Barcelona que algunas de sus apuestas están siendo “arriesgadas”, pero sus socios de coalición, Unidas Podemos, aún piensan que puede ser más arrojado. Creen que si Sánchez y el PSOE “se han atrevido ahora a reformar el método de elección del Tribunal Constitucional a través de una enmienda a la propuesta para cambiar el delito de sedición en el Código Penal, también lo pueden hacer con el Consejo General del Poder Judicial”, según fuentes de su dirección. El portavoz de UP en el Congreso, Pablo Echenique, ha vuelto a poner esa propuesta estos días sobre la mesa de las negociaciones, y quiere persistir en ella antes de que acabe el año.

PSOE y Unidas Podemos han pactado un total de 11 enmiendas, que se verán este lunes en la ponencia respectiva del Congreso y se llevarán hasta el pleno el jueves, para reformar distintos artículos del Código Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Estas enmiendas tienen dos objetivos. Por un lado, ajustar algunos castigos y delitos, como la sedición y la malversación, a las normativas de países europeos de nuestro entorno, con la finalidad política de mejorar el clima social, partidista y electoral en Cataluña y con algunos de sus aliados parlamentarios preferentes como ERC. Por otro, acabar con la situación que ambos socios del Gobierno de coalición califican de “secuestro” de la justicia por parte del PP, ante la negativa del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde diciembre de 2018, y ahora las vacantes del Constitucional, pendientes desde el 12 de septiembre, como marcan la Constitución y las leyes en vigor.

El abogado y presidente del grupo parlamentario de UP, Jaume Asens, lo confesó así sin ambages: “El PP está en la subversión del orden constitucional y lo que quiere es llegar a las próximas elecciones secuestrando el Consejo del Poder Judicial y el Constitucional para renovar esos órganos si ganan ellos”. El CGPJ lleva cuatro años caducado y fuera de mandato y el Tribunal Constitucional está con varias vacantes sin rellenar desde el verano.

Una de esas enmiendas ya consensuadas entre PSOE y UP, que tendrá apoyos suficientes de otros socios parlamentarios para ser aprobada y entrar en funcionamiento posiblemente antes de que acabe 2022, supone una modificación sustancial del artículo 599.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este artículo rige el método de elección de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que, según la Ley Fundamental, le corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial de forma paralela a los dos que le compete designar al Gobierno. La corrección mantiene la mayoría de tres quintos de los vocales del Consejo que se exigen ahora para las renovaciones de los dos magistrados del tribunal de garantías. Pero si transcurridos tres meses desde la fecha límite para la renovación de estas dos vacantes esta no se ha llevado a cabo, se fija un nuevo sistema, con plazos de días muy estrictos, sin necesidad de quórum, que concede un voto a cada magistrado y permite que salgan elegidos al final los dos más votados. La reforma desliga, además, esa renovación de la que le compete por su parte al Gobierno y establece incluso sanciones penales si los vocales se niegan a cumplir con sus obligaciones, como está sucediendo ahora por parte del sector conservador del CGPJ.

Esa reforma exprés es dura y polémica, porque supone una modificación legal relevante en tiempo récord en el funcionamiento de uno de los poderes del Estado, y porque ha reavivado el clima de confrontación radical entre el Gobierno y la oposición de derechas en el Parlamento y en la judicatura. PSOE y Unidas Podemos, sin embargo, consideran que es la única manera de desbloquear una situación “intolerable” de atasco e incluso “secuestro” de la justicia, especialmente por parte del PP.

Una de las consecuencias derivadas de este bloqueo es la falta de casi 20 de los 80 magistrados que tenía el Tribunal Supremo antes de que una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohibiera hace dos años al CGPJ hacer nombramientos discrecionales de magistrados de altos tribunales con el mandato caducado. Las salas de lo Civil y de lo Contencioso del Supremo son las que más problemas de funcionamiento tienen ya. En la contenciosa se están dictando un 25% menos de sentencias, con lo que crecerá la pendencia en esta sala y los ciudadanos tardarán mucho más tiempo en recibir una respuesta a sus demandas. Es en esa sala en la que se ven todos los recursos contra decisiones del Gobierno, por ejemplo los indultos a los dirigentes independentistas catalanes. Hay decenas de nombramientos pendientes en Tribunales Superiores de Justicia de distintas autonomías.

El viernes, el portavoz de UP en el Congreso, Pablo Echenique, afirmó que estos cambios “llegan tarde”, habló de la “insoportable” situación del Constitucional y mencionó que tras “ese primer paso” quedaba ahora “una tarea pendiente: [la renovación del] Consejo del Poder Judicial”. Echenique afirmó que “en cada interlocución” con el PSOE han tratado de convencerles de aplicar en el órgano de gobierno de los jueces criterios similares a los aplicados al Constitucional para avanzar en la renovación, pero confesó que aún no lo habían conseguido. La dirección de UP no ceja en ese empeño y volverá sobre esa idea en los próximos días y si es posible antes de que acabe el año. Y rematan: “Si el PSOE se ha atrevido finalmente a modificar el método en el Constitucional, no tiene explicación que no lo puedan hacer para el Consejo”.

UP y PSOE ya registraron en el otoño de 2020 una modificación en esa línea de la ley orgánica que regula el Poder Judicial para que la renovación de 12 de los 20 vocales del CGPJ que pertenecen a la carrera judicial pudieran ser elegidos por las Cortes por mayoría absoluta, y no por tres quintos, como exige la norma, lo que requiere pactos, cada vez más imposibles, entre los dos partidos mayoritarios. Para los otros ocho vocales del Consejo —designados entre juristas de reconocida competencia— la Constitución es taxativa en su artículo 122 y exige una mayoría de tres quintos en ambas Cámaras. El presidente Sánchez forzó más tarde la retirada de aquella propuesta ante los recelos que levantó en la Unión Europea y porque se abrió la enésima posibilidad de acuerdo luego frustrado con el PP, entonces de Pablo Casado.

Según el criterio de UP, las votaciones sobre las leyes orgánicas ya necesitan ahora una mayoría absoluta, o sea que la renovación del CGPJ se haría según esa iniciativa por idéntica mayoría. UP recuerda incluso que para la investidura de un presidente del Gobierno en España solo se demanda una mayoría simple, como la que concitó Sánchez hace tres años (167 frente a 165), y plantea que para reforzar la importancia de la votación del Consejo del Poder Judicial se podría exigir, como sucede ya en el Consejo de RTVE, una mayoría absoluta y la mitad de los grupos parlamentarios representados en el Congreso. Ahora son en total 10 grupos.