El Constitucional cree que la reforma disminuye sus funciones pero lo aleja de presiones políticas

El cambio legal que modifica las normas para elegir a los magistrados del Constitucional, rebajando la mayoría necesaria en el Consejo del Poder Judicial, ha sido recibido en el tribunal de garantías con relativa sorpresa y alivio a la vez, y con el convencimiento de que la batalla sobre este asunto no ha terminado, aunque con escasas perspectivas de que el ala conservadora de la magistratura pueda acabar ganándola. De momento, el pleno del órgano de garantías no se ha desconvocado y, por tanto, sigue previsto para el próximo día 22, pero los magistrados están a la espera de lo que pueda decidir su presidente, Pedro González-Trevijano, uno de los cuatro componentes del tribunal cuyo mandato cesó el pasado 12 de junio.

Trevijano se opuso el pasado 30 de noviembre a que un pleno extraordinario convocado sobre la marcha decidiera sobre la admisión o el rechazo de los dos magistrados nombrados por el Gobierno. Para ello contó con el apoyo de los otros cinco miembros del sector conservador y con el de dos miembros del bloque progresista, para dar la oportunidad de que el Poder Judicial desbloqueara la situación en su reunión prevista asimismo para el 22 de diciembre. Pero la convicción de que el órgano de gobierno de los jueces iba a mantener bloqueada la situación, y de que la mayoría conservadora del Constitucional iba a secundar esta estrategia, ha precipitado los cambios legales que van a simplificar dichas designaciones.

En el sector progresista del tribunal reinaba este viernes una euforia apenas contenida, tras el hartazgo producido por la sucesión de pretextos con que los conservadores del Poder Judicial impidieron la renovación del Constitucional. En el grupo conservador, en cambio, se exponían impresiones contrapuestas. Por un lado, de alivio, desde el convencimiento de que si ahora dieran el plácet a los dos juristas designados por el Gobierno, Juan Carlos Campo y a Laura Díaz —un trámite que quedará obviado con la reforma—, nadie podría llamarles traidores.

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Las fuentes consultadas en este sector estiman que ahora se libran de un tutelaje político y que ello aleja de los componentes del sector conservador el riesgo de padecer eventuales represalias en el futuro. Pero en este bloque se sigue pensando que la Constitución es terminante cuando exige que el tribunal se renueve por tercios, condición que seguía siendo exigible. Ahora bien, admiten que la virtualidad de la reforma es que ahora va a suponer la incorporación de cuatro magistrados —los dos nombrados por el Gobierno y otros dos del órgano de gobierno de los jueces—, lo que les librará del problema que suponía ser dependientes del Consejo del Poder Judicial, cuyo bloqueo a la elección de sus magistrados impedía avanzar hacia la renovación del Constitucional.

En el sector conservador se piensa que uno de los beneficiarios de la reforma va a ser el propio González-Trevijano, que el próximo día 22 hubiera tenido que decidir con su voto si se daba o no el plácet a los juristas nombrados por el Gobierno. En ese pleno hubiera habido un empate a cinco entre conservadores y progresistas, y Trevijano habría sido el último en votar, como corresponde al presidente del Constitucional, que cierra las rondas de votación. Por eso su voto era el decisivo. Ahora, con la reforma en marcha, ya no quedará en manos del tribunal la posibilidad de bloquear los nombramientos efectuados por el Gobierno.

Supresión del plácet

En este sentido, en el sector progresista del tribunal se destaca que la supresión del plácet era absolutamente necesaria porque en el momento actual es inconstitucional, ya que no cumple el principio de imparcialidad, cuando los magistrados que han de abandonar el Constitucional por haber concluido su mandato son los que examinan la idoneidad y las circunstancias en que acceden sus sucesores. En dicho sector se explica que dicho trámite se estableció hace 40 años y que ahora puede entenderse mejor qué tipo de problemas plantea, porque participan en ese pleno varios magistrados que tienen interés directo en la decisión, y que pueden demorar o impedir la toma de posesión de los magistrados que les tienen que sustituir.

Por otra parte, en dicho sector se subraya también que los vocales conservadores del Consejo del Poder Judicial han venido retrasando la elección de los magistrados del Constitucional durante meses con todo tipo de excusas. Pero ahora —afirman las mismas fuentes—, como el nuevo sistema está diseñado para que cada grupo elija a su candidato, “de repente les entra la prisa y quieren celebrar un pleno inmediato para hacer la elección por el procedimiento antiguo, eludiendo la nueva ley”.