La escasez de pruebas convierte en “fracaso” la primera gran causa contra los reyes del hachís

La madrugada del 9 de abril de 2016 la Guardia Civil pilló a David B. R. conduciendo un coche con 19 fardos de hachís recién alijados en una playa de La Línea de la Concepción (Cádiz). Un juicio en 2020 lo consideró el único culpable de aquel porte. Hasta que en un nuevo proceso celebrado este año contra los hermanos Francisco —conocido como Isco— y Antonio Tejón, conocidos en el Estrecho como los “reyes del hachís”, salió a relucir un pinchazo telefónico en el que, justo el día antes a esa noche, el primero habla de que necesita “más chicas para la fiesta de un amigo”. En la sentencia de la causa, las magistradas no tienen dudas de que hablan de “preparativos para un alijo”, pero también que no existe ni la más “mínima” prueba o conexión de que hablasen de la droga de ese 9 de abril.

Ese alijo no es el único que le imputaban a los 16 investigados de la Operación Ronal, pero sí que es paradigmático para entender cómo la sentencia 280/22 de la Sección en Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz les ha absuelto de los delitos de tráfico de drogas, organización criminal y tenencia de armas. De los 20 años de prisión y cuatro millones de multa que pedían a los supuestos integrantes de la mafia de Los Castaña, el proceso ha quedado en nada, salvo para Francisco Tejón, condenado a tres años y un mes de prisión por la tenencia de 5,1 kilos de hachís en una casa que se considera de su propiedad. La decisión judicial, fechada el pasado 22 de noviembre pero trasladada este lunes a las partes, ha llenado de “frustración” a agentes de la zona implicados desde hace años en la lucha contra el narco. Pero en sus 90 páginas de argumentación tampoco deja dudas en señalar una investigación policial tan vaga en pruebas que es incapaz de vincular tres alijos y la ocultación de una narcolancha a los principales investigados.

Frente a la decepción que no ocultan ni policías ni guardias civiles, la sensación de “victoria” para Gonzalo Boye, abogado de Francisco Tejón, es clara: “Las pruebas son esotéricas (…). Cuando se hacen causas pensando en los titulares en lugar del derecho penal se llega a estos resultados”. La alegría es tal entre los absueltos que la noche del lunes hubo “juerga”, como apunta una fuente cercana a ellos. Al otro lado, la Fiscalía Antidroga de Algeciras prefiere no entrar en valorar la sentencia, mientras estudia si recurrir o no la absolución. Aunque fuentes judiciales cercanas a la institución asumen que veían venir “el fracaso”, ante la evidencia de “piedras en el camino” y problemas con las pruebas que se ha presentado durante un juicio que comenzó el pasado mes de abril y que se tuvo que paralizar por problemas en la reproducción de las grabaciones de las escuchas telefónicas.

Ese escollo derivó en la pérdida de unos pinchazos concretos que hablaban de un alijo no intervenido en marzo de 2016 y, pese a que estaban transcritos en el sumario de 30 tomos, acabaron fuera del juicio. “Sin audio y sin prueba de alijo”, apunta la sentencia, no solo desapareció el asidero para condenar a Luis B. B. —uno de los tres policías investigados— sino que también se esfumó “la acreditación de la existencia y participación del resto de los acusados en dicho alijo”. Las tres magistradas que firman la decisión tampoco consideran que exista relación entre el porte de droga del 9 de abril ya juzgado, ni en la ocultación de una embarcación en unas casas cercanas al río Guadarranque, supuestamente vinculadas a los hermanos Tejón.

La alegría es tal entre los absueltos que la noche del lunes hubo “juerga”, como apunta una fuente cercana a ellos

La sentencia da un claro toque de atención a los policías que investigaron los hechos al relatar un supuesto alijo que no se pudo llevar a cabo a finales de abril de 2016 y en el que los investigados habrían devuelto la droga a Marruecos. “No se aportan fotografías, ni otro dato que corrobore dichas conclusiones, resultando llamativo que pese al control policial de la supuesta actividad preparatoria a través de las intervenciones telefónicas acordadas no conste en el procedimiento documento alguno a tal efecto”, denuncian las magistradas. Y similar llamada de atención ocurre en torno a otro porte de droga de agosto de 2016 en el que se quejan de “la confusa redacción por parte del grupo investigador”, la identificación de una persona en los hechos contra la que “no se acuerda medida alguna contra ella” y la “falta” de pruebas suficientes o la existencia de otras “que no han sido válidamente introducidas en el plenario”.

Castillo de naipes

Que el juicio de la Operación Ronal se había convertido en un castillo de naipes en plena caída quedó patente ya en el transcurso de las sesiones del juicio en el que buena parte de los policías que acudieron como testigos se limitaron a “ratificar” lo ya dicho o directamente a reconocer no acordarse de los hechos, según queda constancia en la propia sentencia. “Algunas declaraciones de los agentes no fueron buenas. Esto estaba abocado al fracaso”, denuncia una fuente judicial conocedora de la causa. Con todo, la Fiscalía ha cerrado filas contra el trabajo policial realizado y, en especial, con la jueza instructora.

“Fue una investigación muy compleja y al límite”, defiende también un guardia civil de La Línea sobre las pesquisas de sus compañeros policías. Pese a ello, el agente confiesa que es “un varapalo para todos”. “Entre la desaparición del OCON [el mando único que luchaba contra el narco del sur en la Guardia Civil, ahora disgregado en distintas comandancias] y esto veremos de nuevo la reorganización de la organización de Los Castaña”, se queja el mismo agente.

Pero en la Fiscalía aún mantienen el optimismo: “Esto es solo una batalla, no la guerra”. De hecho, contra Antonio Tejón aún se acumulan otros procesos pendientes de juicio —uno es una macrocausa de más de 150 acusados que busca sala— y contra Isco aún queda una causa de blanqueo, según apuntan fuentes judiciales. Y ni siquiera en la Operación Ronal está todo dicho, pese al triunfalismo, Boye ya avanza que recurrirá la condena de tres años y un mes de prisión por la tenencia de droga. “Vamos a recurrir porque ese domicilio no es de Isco. El Supremo va a anular esa sentencia. Lo dije al principio de este juicio y tuve razón y con esto va a ser igual”, advierte el letrado.