El Ministerio de Justicia asume la ley del ‘solo sí es sí’ pero se distancia de su rebaja de penas a delitos sexuales

La ministra de Justicia, Pilar Llop, asumió este martes la virtud de la nueva y polémica ley de Libertad Sexual, conocida como la ley del solo sí es sí, pero se distanció de su elaboración, “porque no estaba en el Gobierno”. Llop precisó que supone un cambio radical sobre el modelo anterior en el castigo y las penas que contempla para los delitos de carácter sexual. Y pidió ahora “calma y prudencia”, a la espera de que el Tribunal Supremo clarifique el panorama de cara al futuro para la mayoría de los casos afectados por la nueva norma, que requiere un periodo de adaptación en los tribunales. Fuentes gubernamentales precisan que la actual ministra de Justicia no es partidaria de la rebaja de ninguna pena en ningún tipo de delito sexual, ni siquiera en los menores, como sí figuran en la vigente reforma. Tampoco ve ninguna posibilidad de mejorar la ley ahora con una modificación a través del Consejo de Ministros o del Parlamento.

La titular de Justicia había permanecido de baja médica por covid durante los últimos días y reapareció públicamente este martes en el Congreso para defender los incrementos presupuestarios de su departamento. Llop tuvo que escuchar una catarata de reproches, críticas y ataques duros de los diputados de la oposición de derechas, especialmente del portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, y del PP, Luis Santamaría. Ambos fueron más feroces que el de Vox por su “silencio” durante tantas jornadas ante el ruido político generado por los efectos de la aplicación en algunos tribunales de la rebaja de algunas penas de condenados por delitos sexuales. Santamaría llegó a llamarla “mudita” ante “el desencanto de todos los operadores jurídicos traicionados y decepcionados” por las consecuencias de la puesta en vigor hace 45 días de la ley del solo sí es sí.

La ministra no contestó desde la tribuna. Ahí se parapetó de datos presupuestarios y a la salida, ante los periodistas, sí precisó su posición: “Yo no estaba en el Consejo de Ministros, pero es evidente que comparto que se trata de una buena ley, pero que al suponer un cambio de modelo tan grande, que se centra en el consentimiento y no tiene en cuenta las situaciones de violencia o intimidación para diferenciar lo que antes era agresión sexual y abuso sexual, ha supuesto que la horquilla penológica ha variado”.

Pilar Llop ha requerido “prudencia y calma” a la espera de que el Tribunal Supremo dicte doctrina cuanto antes y fije unos criterios interpretativos y abogó por centrarse ahora por parte de “todos los poderes públicos en remover los obstáculos que impiden o dificultan la plenitud de la libertad y la seguridad de las mujeres”. Por ahora, sin embargo, no ve opciones de que se apliquen correcciones por parte del poder ejecutivo o el legislativo en el proyecto ya vigente.

La ministra enfatizó que su objetivo y el del Gobierno es centrarse en la protección de las víctimas más que en las disputas políticas entre partidos. Y ahí valoró la circular que plantea la unidad de posiciones por parte de la Fiscalía General del Estado y que, en su parte final, subraya la “dimensión victimológica” frente a la “dimensión punitiva”.

Un sector del Gobierno explica, en este sentido, que la titular de Justicia rechaza que se hayan podido reducir con esa reforma del Código Penal algunas penas de determinados delitos sexuales que antes estaban en la categoría de abusos y que ahora han sido integrados en el concepto general de agresiones sexuales, aunque en su franja inferior suponen castigos menores a los anteriores. Ese escenario ha permitido que algunos jueces, de distintos tribunales, hayan firmado rebajas a condenados en los delitos sexuales menos graves. Esa situación quedará consolidada y no variará, incluso aunque el Supremo marque una pauta a seguir para las penas que no se deberían retocar sí están dentro de la misma franja de castigos que antes.

Fuentes gubernamentales precisan que la idea del cambio de concepto que figura en la nueva ley y que aprobó el Consejo de Ministros el 6 de julio de 2021 correspondió al impulso de la titular de Igualdad, Irene Montero, aunque luego se asumió de manera colegiada por todo el Gabinete.