Pilar Llop reafirma en el Congreso que solo contempla la ley vigente para renovar el Poder Judicial

La nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, reafirmó este jueves en el Congreso, en su primera comparecencia para exponer su programa y proyectos, que “solo contempla” la ley vigente del Poder Judicial para proceder a la renovación pendiente de varios cargos constitucionales, que el PP bloquea. Llop descartó así cualquier modificación legislativa ahora, antes de cambiar la composición de los 20 vocales actuales del Consejo del Poder Judicial, en contra de lo que exige el PP para retomar las conversaciones.

La ministra esperó hasta el final de su larga exposición sobre el Plan 2030, con varias leyes y reformas para actualizar y mejorar el funcionamiento de la Justicia, para lanzar varios mensajes hacia la actitud del PP, que calificó “de partidista e irresponsable”. Y fue ahí cuando intentó ser clara ante las nuevas condiciones que plantea ahora ese partido para retomar los contactos: “No podemos contemplar otro escenario que no sea la renovación del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y de la Defensoría del Pueblo”. Pero sin más cesiones: “La única opción es cumplir con la Constitución”. También refrendó el actual sistema “como válido, constitucional y vigente”. Llop apeló de nuevo al PP “a levantar el bloqueo injusto con la ciudadanía con altura de miras” y por “sentido de Estado”.

Varios partidos, socios habituales o frecuentes del Ejecutivo de coalición, le reprocharon a la ministra su visión “naif” de ese requerimiento al PP, como la tachó el portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu. Desde ERC, Carolina Telechea, hasta le refrescó la cantidad de días que llevan esos órganos fuera de mandato (1.010 el Consejo, 672 el Constitucional, 1.512 el Defensor y 48 el Tribunal de Cuentas).

Pero ninguno de esos planteamientos hizo mella ni en el PP ni en Vox. El portavoz del partido de ultraderecha, Javier Ortega, insultó a Llop por su nombramiento “como señora ministra de cuota de género”. Luis Santamaría, del PP, remachó que no renunciarán a su posición de veto y achacó esa “cabezonería” al presidente Pedro “Sánchez I, el empecinado”.

Durante su comparecencia, Llop se refirió también a la polémica vivida esta semana a raíz de la denuncia falsa de un joven que dijo haber sufrido una agresión homófoba en Madrid. La ministra pidió huir de “manipulaciones políticas” y reclamó que no se desvíe el foco de los delitos de odio, “que socavan la convivencia pacífica”. Llop expresó el compromiso claro del Gobierno para avanzar “en el reconocimiento y consolidación de los derechos de las personas LGTBI” y recordó que el Ejecutivo está tramitando la llamada ley trans, que se convertirá en una “norma despatologizante” para este colectivo.

En su primera intervención como titular de Justicia, Llop desgranó los planes que tiene su departamento, continuista con la labor de su antecesor, Juan Carlos Campo. La ministra puso el acento en reforzar la cogobernanza, la cooperación entre administraciones y la igualdad. El feminismo, dijo, debe ser un valor transversal en la Administración de Justicia. “Por convicción y por obligación democrática”, advirtió Llop, que se comprometió a pelear para que se incremente la presencia de mujeres en la cúpula judicial y por incorporar la perspectiva de género en la justicia impulsando planes de igualdad y contra el acoso sexual. Este énfasis de la nueva ministra por imponer el feminismo como norma no gustó a Vox, cuyo portavoz, Javier Ortega, se refirió a Llop durante su turno de intervención como “la ministra de ideología de género”. “Usted no ha venido aquí a hablar de justicia, sino a cumplir la cuota para la que ha sido elegida. La del género”, dijo.

Respecto a sus planes más inmediatos, Llop recordó algunas de las leyes que están en tramitación (como la de libertad digital o la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), se comprometió a seguir impulsando el plan Justicia 2030 para que los tribunales y juzgados ganen en eficiencia y sostenibilidad y aseguró que la llegada de los fondos europeos Next Generation van a facilitar la “necesaria” transformación de la Administración de Justicia hacia una total digitalización y proximidad a la ciudadanía.