El Gobierno y el PP siguen enquistados en la renovación del Poder Judicial

El curso judicial se inauguró este lunes por tercer año consecutivo con sus principales órganos constitucionales prorrogados y fuera de mandato y con los partidos responsables, PSOE y PP, enquistados en sus posiciones, que continúan siendo incompatibles. Tres ministras del Gobierno, tan relevantes como la portavoz, la titular de Justicia y la de Defensa, aprovecharon la jornada y la constatación del bloqueo de más de 1.000 días en la renovación del Consejo General del Poder Judicial para lanzar el mensaje de que el Ejecutivo se podría abrir a negociar un cambio en el modelo de elección del órgano de gobierno de los jueces en línea con las reclamaciones que demanda el PP, con más participación directa de los magistrados, si los populares aceptan renovar antes ese órgano con el sistema actual. Fuentes del Gobierno precisaron más tarde que esas ideas se habían entendido mal y que la renovación se tiene que producir con la ley en vigor.

El Consejo del Poder Judicial actual, que lleva tres años prorrogado y fuera de mandato, lo pactaron en 2013 el anterior Gobierno del PP con el PSOE entonces en la oposición sobre una norma no cambiada desde 1985, que determina ocho vocales entre juristas de reconocido prestigio y otros 12 que los partidos seleccionan de entre los jueces aspirantes que superan un mínimo de avales. El PSOE defiende que este procedimiento otorga un mayor papel al Parlamento, que representa lo que votan los ciudadanos. El PP, ahora, rechaza ese modelo y sostiene que esos vocales los deben elegir directamente los jueces. Y argumentan que Europa y la Constitución les respaldan. El Constitucional ya avaló la ley y el método actual y la UE lo que hizo fue recomendar la mayor implicación posible de los jueces en ese procedimiento. En Europa hay opciones de todo tipo.

Los mensajes claros, inequívocos y contundentes este mismo lunes en la apertura del curso judicial de las máximas autoridades judiciales del país, el presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, demandando una solución al problema institucional causado por la no renovación de los principales órganos constitucionales continúan sin hacer mella en los dos partidos más implicados en este proceso. Desde el PSOE, sin embargo, se ha aprovechado la jornada para redoblar la presión sobre el PP, que es la formación que ahora se niega incluso a sentarse a negociar, y varias ministras han coincidido en enviar un mismo mensaje.

La semana pasada, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, apostó por la participación de las Cortes en la selección final y rechazó que solo los jueces decidan sobre los jueces. El PP se tomó esa posición a la tremenda, le vetó como interlocutor y enfatizó que jamás cederían en sus posiciones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó en la entrevista en EL PAÍS del domingo esa postura como “no democrática” y los populares se lo tomaron como un “insulto”. El consenso que demandó ayer el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, no se vislumbra posible ni cercano.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, aprovechó ayer una entrevista temprana en Rne para convocar a Casado a “que vuelva a la senda de la institucionalidad” y le reprochó que su “única estrategia” sea “boicotear y romper todos los puentes que han unido a este país en democracia”. La titular de Defensa, Margarita Robles, juez y exvocal del Consejo, recogió la última exigencia del PP de entregar esa responsabilidad del Consejo directamente a los jueces y la calificó como “un opción perfectamente respetable”. Pero recordó que la ley “es fruto de un pacto de Estado entre el PSOE y el PP” y conminó a ese partido a no cambiar “las reglas de juego a mitad de partido” y a resolver el atasco presente con el modelo vigente: “Si luego hay un debate más adelante, ya veremos”.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ya avanzó en verano, en una entrevista en EL PAÍS, su disposición a estudiar alternativas en la elección del Consejo, pero tras arreglar antes el boicoteo actual, que achacó solo a los intereses del PP. Ayer concedió que cuando se supere esta irregular situación se podría abrir un debate “con transparencia” y en las Cortes sobre otros modelos: “Reivindico y pido al PP que tenga altas miras y sentido de estado y madurez política, institucional y democrática”.

El líder del PP estuvo también este lunes en el acto más institucional de la justicia, pero no habló. El viernes ya había reiterado las condiciones marcadas por el PP hace meses. Los populares no se fían del Gobierno, de sus ofertas y de que al final intente introducir entre los candidatos al Consejo a miembros próximos a Unidas Podemos, al que consideran un partido en contra de las instituciones. El portavoz de Justicia del PP, Enrique López, recalcó la exigencia de más independencia judicial sobre los estándares europeos. Pero también rompió el discurso de su partido de que el actual sistema es del todo inadmisible al aceptar una última renovación con el mismo a cambio de que el parlamento apruebe la reforma que ellos proponen: “Creo que lo importante es que haya un proceso de renovación del Consejo y a la vez un proceso de reforma de la ley. Si tenemos voluntad de reformar la ley, se puede hacer en el mismo tiempo que se renueva el Consejo, para que este Consejo se renueve, sí, con la actual ley y el siguiente ya con esa ley que aprobemos”. Fuentes de la dirección del PP, sin embargo, echaron agua sobre ninguna aproximación a las tesis del Gobierno: “Si no se renueva la ley no se votan los vocales del Consejo. El proceso podría ser simultáneo siempre y cuando se votase antes el cambio de la ley”.

Los mensajes claros, inequívocos y contundentes este mismo lunes de las máximas autoridades judiciales del país, el presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, demandando una solución al problema institucional causado por la no renovación de los principales órganos constitucionales no hacen mella en los dos partidos más implicados en este proceso. Desde el PSOE, sin embargo, se ha aprovechado la jornada para redoblar la presión sobre el PP, que es la formación que ahora se niega incluso a sentarse a negociar, y varias ministras han coincidido en enviar un mismo mensaje.